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El dirigente oficialista Jorge Rodríguez dijo este lunes 22 de agosto que se entregaron listas con «los nombres de las personas […] que de forma pública expresan su cercanía con la derecha venezolana y que participaron en el proceso de autorización del partido de la derecha para la activación del fenecido referendo revocatorio».
Rodríguez dijo que estos venezolanos que se encuentran en cargos de confianza o directivos deberán abandonar sus puestos de trabajo en un plazo de 48 horas.
Según él la medida busca «establecer de forma categórica que no pueden haber en cargos directivos […] en ministerios, en instituciones públicas, gobernaciones y alcaldías, personas que estén en contra de la revolución y del presidente Nicolás Maduro».
Las listas fueron distribuidas en los ministerios de Alimentación, Industrias Básicas, Finanzas, Trabajo y el Despacho de la Presidencia.
Según Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) al menos 4.000 funcionarios de confianza firmaron a favor del referendo revocatorio.
Los despidos no justificados violan un decreto-ley de inamovilidad laboral firmado por el propio Nicolás Maduro en el 2015. No obstante, el presidente tiene la libertad de remover a los cargos directivos.
El pasado mes de junio, la oposición venezolana denunció que el Gobierno emprendió al menos 200 despidos a funcionarios que decidieron firmar para activar el referendo revocatorio. Del mismo modo se conoció que el Estado retiró becas de estudio a jóvenes que también firmaron para revocar a Maduro de la presidencia.
Esta no es la primera vez que el Gobierno chavista decide dejar a miles de venezolanos desempleados por pensar diferente o estar descontentos con la situación del país.
A principios del 2004, en plena campaña de un plebiscito contra Hugo Chávez, el fallecido diputado oficialista Luis Tascón publicó en su web personal la lista de más de 2,4 millones de venezolanos que firmaron a favor de convocar un referendo.
Inmediatamente, quienes firmaron la petición comenzaron a denunciar despidos de puestos públicos, rechazos laborales y marginación de algunos servicios estatales. Meses después, el diputado retiró la llamada “lista Tascón” de su web, pero ya había creado un precedente.
La decisión de despedir a venezolanos por expresar su descontento contra el presidente de Venezuela estaría violando el artículo 57 de la Constitución de ese país, el cual indica que «toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio […], sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa».
El mismo artículo señala que «se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades».
Fuente: El Impulso
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