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El pasado miércoles la Asamblea Legislativa de El Salvador votó por prohibir cualquier tipo de minería, no se podrá realizar ningún tipo de operación de minera con metales. Según activistas medioambientales, es el primer país del mundo en proclamar una ley similar.
Esta ley que tuvo apoyo de todos los partidos políticos y la Iglesia Católica pasó con unanimidad. El diputado del partido ARENA (oposición) manifestó en Twitter que “Este día en El Salvador, el agua le ganó al oro”.
«Vimos las secuelas de la mina San Sebastián en Santa Rosa de Lima, que se explotó desde hace 100 años, y los daños ahí […] Lo que vimos en los alrededores (del río San Sebastián) es prácticamente producto muerto a causa del cianuro»,
Esas fueron las palabras pronunciadas por el diputado del PCN, Mario Ponce. Mientras tanto, el diputado de GANA, Francisco Zablah, considera que se trata de un día histórico, porque «prevalecieron los intereses del país».
Varias empresas internacionales habían mostrado interés en poder explotar yacimientos de oro que existen en el norte de El Salvador. Esta ley no prohíbe la extracción de carbón, sal y otras sustancias no metálicas, en cambio la nueva ley prohíbe la exploración y explotación minera en El Salvador, así como usar sustancias tóxicas como el cianuro.
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“Es un momento maravilloso cuando el primer país que evalúa los costos y beneficios de la minería metálica dice que no”, dijo Andrés McKinley, especialista en minería y agua de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la universidad jesuita de El Salvador.
“La minería es una industria cuya víctima primera y principal es el agua”, dijo McKinley, y El Salvador enfrenta una escasez particular. “Estamos hablando de un tema que es de vida o muerte para el país”.
“Hay un cuestionamiento cada vez mayor a nivel global de si la minería es un motor de desarrollo económico”, dijo Keith Slack, director global del programa de industrias extractivas de Oxfam América. “Creo que definitivamente fortalece la voz de las comunidades que hacen esos cuestionamientos”.
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Esta iniciativa fue propuesta en febrero por la Iglesia Católica de El Salvador, la UCA y junto a otras organizaciones medioambientales. El arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas entregó la propuesta a la Asamblea Legislativa, junto a 30,000 firmas apoyando esta idea.
Esta nueva ley no contempla fondos para revertir daños ecológicos que sufre El Salvador. El Gobierno propone ocupar los USD $8 millones que la empresa minera Oceana Gold (Pacific Rim) está obligada a pagarle al Estado gracias a que El Salvador le ganó un caso peleado en arbitraje internacional.
En octubre de 2016 El Salvador resultó vencedor en un litigio de siete años y medio sostenido en el CIADI (Centro Internacional de arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones) del Banco Mundial en Washington D.C..
Pacific Rim fue la parte que inició la demanda y solicitaba una indemnización de USD $284 millones en compensación por obstáculos que El Salvador realizó para evitar su labor. El caso fue favorable para los salvadoreños, los árbitros votaron por unanimidad en contra de los reclamos de la empresa minera y aceptaron la petición de los salvadoreños que la minera le debía pagar USD $8 millones por los gastos que incurrió el país durante el proceso.
Fuentes: El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, NY Times.
