El pasado domingo, en Cajamarca, un municipio colombiano, de manera masiva los habitantes decidieron, en una consulta popular, rechazar la explotación de oro. Esta es posiblemente la primera vez en la que se utiliza la democracia para decidir sobre los proyectos extractivos en Colombia.
También éste es un nuevo encuentro en la ya mitológica confrontación, aparentemente natural, entre las empresas multinacionales que trabajan en el sector minero-energético y los grupos sociales latinoamericanos.
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Es mitológica porque se ha presentado tradicionalmente como un enfrentamiento entre unas malvadas empresas, con todo el músculo financiero y capacidad de presión política, y unos débiles, desamparados y afectados ciudadanos. El mito, después de la decisión de Cajamarca, tendría que matizarse. Pero no será así: es más vendible, por dramática, la narrativa de las multinacionales como las malas.
Es aparentemente natural porque se considera que la llegada de multinacionales tiene que ser, automáticamente, disruptiva y generar problemas con la población local. Se considera que éstas no tienen en cuenta ni los intereses, ni las angustias ni los temores locales. De nada sirven los inmensos presupuestos que estas compañías dedican a sus programas de relación con las comunidades, de responsabilidad social empresarial y demás rubros impuestos hace años por presiones externas. Lo dicho: haga lo que hagan, pase lo que pase, es más rentable para ciertos grupos mantener la imagen de las multinacionales como entidades malvadas.
Volviendo a Cajamarca: los ambientalistas se encuentran celebrando. Los defensores de las actividades extractivas, incluido el gobierno nacional, ya están afirmando que la decisión o no se puede aplicar a los proyectos ya en curso y que una decisión tomada por consulta popular no es vinculante.
Como es común en Colombia, pura discusión de tecnicismos jurídicos. En este país, las discusiones no se hacen de fondo sino que se limitan a peroratas leguleyas.
Pero más allá de esos tecnicismos, la discusión es bien interesante desde diversos ángulos.
El primero es el papel que la democracia directa está jugando en los años recientes en el mundo. La creencia en la supuesta superioridad de las decisiones tomadas por regla de la mayoría, sumada a la inclusión de más y más dimensiones sociales como temas a ser tratados como asuntos del ámbito político explican, en parte, la mayor relevancia de ese papel.
Pero, aunque eso sea lo que se crea, es necesario reconocer que no todos los temas deben – ni pueden – ser tratados a través de medios democráticos y que no todas las decisiones que así se tomen son superiores ni óptimas. De las personas que votaron en contra de la minería, ¿cuántas lo hicieron por daños ya generados y cuántas por los daños que les han dicho o creen pueden, en algún momento, ocurrir? ¿Cuántas personas votaron conociendo esos efectos y cuántas por temores? ¿Cuántas personas lo hicieron porque consideran que el mal no es, siquiera, la minería sino la llegada de multinacionales?
Con estas preguntas y las aseveraciones que las impulsan no pretendo decir que la democracia no sea útil en este caso en particular sino que será un asunto para analizar los efectos de la extensión de decisiones de este tipo a asuntos que hasta hace muy poco no estaban incluidas.
Otro ángulo es, como suele olvidarse, el de las consecuencias no anticipadas y otros fenómenos que podría incluirse en la categoría de “lo incierto”. Sobre las primeras, al plantearse la consulta de la manera que se hizo, lo que se está prohibiendo en este pueblo es la explotación aurífera por parte de multinacionales pero ellas, no hay que olvidarlo, no son las únicas en el negocio. Además, están los grupos ilegales. Y estos grupos no van a detener la explotación porque casi el 100% de los habitantes del municipio haya votado en contra.
De igual manera, sobre “lo incierto” hay, por lo menos, dos aspectos. De un lado, ¿cuál será el impacto de esta decisión en la denominada seguridad jurídica, elemento esencial en las decisiones de inversión? Del otro, ¿con esta decisión, se garantiza la protección al medio ambiente y los yacimientos de agua para la región?
Además de las planteadas, de la categoría de “lo incierto” se desprende el último ángulo al que quiero referirme. ¿Qué puede suceder? Los defensores de los sectores extractivos consideran que la decisión es algo muy negativo para el desarrollo de la región y del país. Olvidan que la minería ya existe en esa región y el desarrollo no llegó…ni llegará. Además, olvidan que, como lo han mostrado autores como Paul Collier, el efecto de los recursos naturales en la economía depende de muchos factores: aunque éstos pueden estar asociados con desarrollo (como en Noruega) también lo pueden estar con conflicto, corrupción y pobreza (como en Colombia).
Por último, si se reduce la importancia de la minería se podrían impulsar otros sectores productivos que mejoren las condiciones de vida de los habitantes de la región y, por esa vía, podrían servir de ejemplo para el resto del país y reducir, así, la dependencia de la minería.
Así las cosas, la decisión en Cajamarca debe mirarse con cautela y analizarse en todas sus implicaciones. Paradójicamente, tanto el optimismo de los ambientalistas como el pesimismo de los entusiastas del extractivismo solo demuestran la absoluta ingenuidad e ignorancia de lado y lado.