La solución a la violencia en El Salvador: más preguntas que respuestas
El tema de la violencia es uno de los que encuentro más complicado al momento de intentar analizarlo con la lupa del liberalismo. En mi dilema hay tres grandes jugadores que enfrentan muchas preguntas: el Gobierno, las pandillas y los ciudadanos.
En números, El Salvador tiene unas seis millones de personas y se estima que al menos 60,000 personas pertenecen a las maras y 200,000 personas tienen contacto directo con mareros o son sus familiares.
Intento analizar el problema de las maras aplicando los principios de libertad bajo ciertos supuestos que son:
1) El Gobierno debe de garantizar la vida, propiedad y libertad de los ciudadanos.
2) Los pandilleros, aunque hayan cometido innumerables crímenes no carecen de dignidad humana.
3) El problema de la violencia en El Salvador es tan grande que todos los que viven en el territorio (y en parte los migrantes) tienen que cumplir un papel para restaurar la sociedad.
4) El objetivo de cualquier plan en contra de las maras es rehabilitar a los pandilleros que puedan serlo y no excluirlos más de lo que ya están de la sociedad civil.
Actor 1: el Gobierno
¿Cómo puede un Estado débil hacerse cargo de procesar judicialmente a tantos pandilleros? El presupuesto de seguridad y judicial de El Salvador es débil, en relación a la cantidad de recursos que se necesitan para controlar a las pandillas: desde la construcción de más cárceles, más jueces, más policías, más recursos para procesar judicialmente a pandilleros.
Un liberal se podría oponer a darle más recursos al Estado, pero en este caso es contra intuitivo, si el Estado no tiene más recursos, no podrá hacer su labor de preservar la vida de los ciudadanos.
¿Sería ético darle más recursos a un estado ineficiente? Aquí es donde empiezo a dudar; sí estoy segura que el Estado necesita más recursos, pero al mismo tiempo es un Estado corrupto, cuál es la solución a esto. Y la paradoja que encuentro es: está bien darle más recursos y hacer crecer su tamaño, pero al mismo tiempo debe de ser más eficiente y transparente.
Surge otro problema: cómo hacer que Drácula que actualmente cuida muy mal el banco de sangre no se vuelva loco cuando no queda de otra que darle a cuidar por lo menos tres veces la cantidad de sangre actual.
¿Cuál debe de ser la prioridad del Gobierno? ¿Procesar a los criminales, prevenir más muertes o invertir en educación?
Sea cual sea la respuesta estoy segura que la solución no empieza por las medidas extraordinarias que el Gobierno está aplicando. Son solo otro nombre para los diversos planes “Mano Dura” que se han efectuado en el pasado. Combatir fuego con fuego no resulta a largo plazo.
Cosas que el Gobierno sí debería implementar:
1) Una mayor libertad económica para invertir y generar empleos. Ayuda más quien no estorba.
2) Ser honestos y explicar qué pasó durante La Tregua entre pandillas.
3) No combatir fuego con fuego, llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales (señaladas por medios de comunicación salvadoreños y hasta por la embajada estadounidense) erosiona el débil Estado de derecho. Si se hace esto no salimos de un problema para entrar a uno (aún) peor.
Actor 2: los pandilleros
La violencia en El Salvador muta, la tensa danza entre pandilleros y las autoridades toma diversos tintes según los propósitos que persiga cada grupo. “Lágrimas Amargas” es el nombre del plan de las pandillas cuyo objetivo (se presume) es atacar a familiares de militares, policías y custodios de centros penales; en venganza por las medidas extraordinarias efectuadas por el Gobierno desde abril de 2016.
Se asume que dicho plan está en ejecución debido a que del primero al doce de junio han sido asesinadas diez personas familiares de policías y militares.
Hechos como este no son los primeros que plagan las páginas de los periódicos salvadoreños y asumo que no serán los últimos. En esta vorágine que debe parar salta la pregunta: ¿se debe de procesar a 60,000 personas? ¿Qué crímenes deben de ser perseguidos antes que otros?
Cuando uno plantea la necesidad de disminuir la violencia y empezar a reconstruir la sociedad suena como si se debiera establecer una paz. Casi como firmar otros acuerdos de paz. Entonces, si esto fuese así, no sirve un borrón y cuenta nueva, ciertos actores deben de ser procesados judicialmente.
Si el objetivo es rehabilitar a pandilleros ¿a quién sí se le considera capaz de serlo? ¿Quién deberá cumplir condenas carcelarias?¿Quién determinará todas esas respuestas?
Actor 3: la sociedad civil
El ciudadano salvadoreño además de vivir en uno de los países más violentos del mundo se enfrenta a un Gobierno corrupto, a la falta de Estado de derecho y problemas económicos.
Por el clima de violencia y paranoia no es difícil determinar que el problema que más agobia al salvadoreño es la violencia. Muchos podrían argumentar que ya suficiente soportan los salvadoreños como para que la sociedad civil también sea responsable de ayudar a rehabilitar a personas que ejercen violencia.
Pero si cada ciudadano no puede poner de su parte para incorporar a 60,000 personas de vuelta a la sociedad, el ciudadano sí puede ejercer sus deberes como tal y ejercer control sobre el Gobierno, para que este no abuse de su poder ni haga aún peor el problema de violencia.
Aplaudo programas como League Collegiate Outfitters, una maquila salvadoreña dirigida por Rodrigo Bolaños. En esa empresa se contratan a expandilleros, que forman hasta el 25 % de la planilla, a ellos se les brinda un empleo que es clave para que sean miembros productivos de la sociedad. Además la empresa brinda clases de inglés y diversos programas que todos sus empleados puedan adquirir más habilidades que les permitan superarse económicamente.
Es el ejemplo de una solución privada a un problema público.
¿Qué responsabilidad tendrá la sociedad civil en reincorporar a la sociedad a 60,000 personas? ¿Cómo evitar que se formen nuevos ciclos que creen más nidos de pandillas?
Estas son solo unas de las miles de preguntas que surgen cuando intento analizar una solución a la violencia en El Salvador. No soy ni por asomo una criminalista, antropóloga ni nada por el estilo. Solo soy una ciudadana que se pregunta qué pasó en mi país, por qué ignoramos las alarmas que poco a poco anunciaron esta crisis. Y en vez de llorar por la leche derramada pienso que hay que reconstruir.
