En Chile hay un caso que concentra la atención de la ciudadanía: el caso CAVAL, en el cual se investiga tráfico de influencias e información privilegiada utilizada por Sebastián Dávalos Bachelet y su esposa Natalia Compagnon para comprar terrenos que tendrían uso comercial y que se vendieron en una suma muy superior a la de compra.
La investigación ha tomado cursos de acción en los que se ha formalizado a ciertos operarios políticos que han prestado declaraciones de diversa índole. Uno de los métodos para captar información que tiene el sistema judicial a través de sus policías es la grabación de conversaciones telefónicas clave, y en este caso no fue diferente. El ex operador político Juan Díaz, que hoy se encuentra formalizado por soborno y otros ilícitos, declara en esas conversaciones que la Señora Natalia Compagnon (nuera de Bachelet) dijo, expresamente, que de las ganancias de las ventas de la empresa CAVAL (perteneciente al hijo de la señora Michelle Bachelet y su esposa), US$ 2.000.000 irían a beneficio personal de la presidenta.
Este material está a disposición de la justicia y es válido como evidencia para efectos de juicio, sin estar calificado como secreto de tribunal. En estas condiciones, una pequeña publicación de la revista Qué Pasa, llamada Ojo de la Llave, reprodujo esta información de las escuchas que hizo el OS9 de carabineros, donde quedan al descubierto las declaraciones de Compagnon.
La revista Qué pasa subió este relato el día jueves 26 de mayo a la página web del medio. La revista retiró esta publicación e incluso pidió disculpas ya que esto no pasó por filtro editorial. Pero luego, el día viernes, en la versión impresa se repiten las reproducciones de las escuchas telefónicas que involucran a la presidenta. Frente a esto, la mandataria anunció una querella criminal a título personal por injurias y calumnias contra el medio de prensa, ya que daña su honra.
De esto queda mucho que analizar. Entre todo, una de las primeras cosas a centrar la atención es en la amenaza a la libertad de prensa.
No es sorpresa esta reacción de la presidenta de la República. Formada en la RDA, su visión de libertad está posiblemente bastante trastocada, siendo además una persona de personalidad cerrada, rencorosa y obstinada. Sin embargo, dejando esto a un lado, lo que más llama la atención es que exista una querella en primer lugar. Es extraño que se hable de injuria o calumnia cuando un medio se limita a publicar una información que está en manos de la justicia (información que ha sido captada por organismos del estado, como la policía) y que es, por ende, válida como evidencia.
El concepto de injuria o calumnia tiene que ver con la invención de información errónea sobre otra persona. Se refiere a algo inventado, no real, ficticio. Sin embargo, si una persona se refiere a otra, por ejemplo, de “rubio”, y dicha persona tiene cabello muy claro, dicha calumnia no existiría, una vez presentada la evidencia que demuestra que el aludido es “rubio”.
En el caso de la señora Bachelet, las evidencias que la revista Qué Pasa se limitó a reproducir están en manos de la justicia y son considerados válidos. Por lo tanto, su uso no estaba prohibido por la justicia bajo ningún membrete de secrecía.
Jurídicamente, no hay sustento para dicha querella, por lo que es evidente que, en esta ocasión como en muchas otras, sus instintos autoritarios y su estructura de personalidad se impusieron a lo racional.
Como los regímenes no afines a la libertad ven enemigos y sediciosos por todas partes, en esta ocasión Michelle Bachelet también ve persecución por doquier. Sin sustento jurídico, esta querella podría incluso ser declarada inadmisible.
La victimización que Bachelet intenta generar con este movimiento legal, dada su imagen negativa que ya alcanzó el 80%, no tendrá el efecto deseado.
La izquierda suele defender la libertad de expresión cuando esta hace su blanco a los opositores. Pero en este caso, cuando se revelan detalles de su mal proceder, entonces se invocan leyes como la de seguridad del estado. Ahí no se puede hablar, ahí la libertad de expresión tiene límites, y es necesario amedrentar para que otros no se atrevan a cuestionar al poder.
La libertad de expresión no puede ser un caballo de batalla de un sector o el otro, porque es un derecho humano y eso la hace transversal. Querellarse contra un medio, lo único que hace es reforzar la idea de que la presidenta y todo su “elenco” tienen un fuerte sesgo político, ya que son capaces de pedir libertad de expresión en algunas ocasiones y ley de seguridad del estado en otras.
La izquierda, como religión que es, no ve ese doble estándar, pues sólo ven un absoluto construido sobre creencias y dogmas revolucionarios. Cuando se cree tener la verdad absoluta, cuando se cree tener la luz en contraste con quienes están en tinieblas, todo movimiento está justificado.
Es inútil discutir con ellos, es inútil intentar dialogar con quienes perdieron el sentido de la razón en pro de una izquierda radicalizada que no ve su doble moral. Entonces, si no queda remedio y no se les puede cambiar la mentalidad, hay que proceder a cambiarlos a ellos… Para eso están los votos: en las urnas, ninguna querella podrá revertir la decisión ciudadana.
La libertad está bajo amenaza en Chile. Si el sistema agacha la cabeza y cede ante los caprichos de una errática mandataria, no queda más que alzar la voz y multiplicar los esfuerzos para salvar lo que queda del Chile libre que se construyó en democracia durante 40 años y que hoy parece sucumbir.