El caso “huracán” en Chile: ciudadanos mal pensados, con razón

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“Divide y reinarás” enseña un antiguo dicho. En este caso, donde vemos un desorden institucional tremendo en el Gobierno, donde la policía y el poder judicial se pelean entre sí. (Twitter)

El caso “huracán”, que es la investigación realizada por carabineros de Chile para desarticular las cúpulas del terrorismo al sur de este país, ha dado de qué hablar, pues se generó una seria pugna entre la institución policial y la Fiscalía Nacional.

En cuatro años nos hemos acostumbrado a ver a personas sin las competencias en cargos de importancia, nos hemos hecho a la idea de que un carnet de militancia es suficiente hoja de vida para incluir a alguien en un equipo directivo del sector público y, por supuesto, ese mismo amiguismo se traslada a instituciones mayores, como la Fiscalía Nacional, donde, por increíble que parezca, es la presidencia quien escoge al fiscal nacional, lo cual es impensable en términos de trasparencia y minimización de la corrupción. También es resorte del primer mandatario nombrar al general director de Carabineros. No es extraño entonces que la ciudadanía se distancie de dichas instituciones, y que las personas vean una red de contactos dedicada a blindar a las autoridades y dejar pasar cuanto asunto le moleste al Gobierno de turno.

En toda esta disputa, que daña la credibilidad de ambas instituciones, se ha visto cómo el Ministerio Público, que tiene el monopolio de la justicia, está permeada de jueces ideologizados que no tienen asco en admitir que son garantistas, que apoyan abiertamente a una de las causas sobre las cuales debe dirimir. Fiscalía acusada de tener filtraciones hacia los comuneros mapuches que los pondrían sobre aviso respecto del curso de las investigaciones y operaciones policiales. Dichas acusaciones son graves y lo peor es sentarse a esperar a que se resuelva solo, pero eso es precisamente lo que el Gobierno hace.

En cuanto a carabineros, la mayoría de los uniformados son honestos, fieles al servicio y se han visto afectados en su labor y en la confianza que ellos mismos tienen en la institución por causa del destape de corrupción bajo la presente administración, por el desvío de fondos que involucraron a las cúpulas y ciertos mandos medios, los que ya están siendo procesados y condenados. Es difícil sentirse seguro en una institución donde, además, el director general no se manifiesta, solo resume brevemente que no le gusta que haya corrupción, pero en los grandes temas se abstrae, se resta, se oculta y se dedica a blindar cualquier asunto que implique al ejecutivo.

“Divide y reinarás” enseña un antiguo dicho. En este caso, donde vemos un desorden institucional tremendo en el Gobierno, donde la policía y el poder judicial se pelean entre sí, pareciera que se logra el objetivo, porque el foco de atención pasa de resolver el conflicto con el terrorismo desatado que hay en la IX región de la Araucanía. Hoy reina la impunidad frente a incendios intencionales, ataques a ganado, quema de camiones, balaceras hacia agricultores y hacia la policía, pero frente a esto la reacción del Gobierno es la indiferencia, con un ministro del interior de vacaciones que ni por el más mínimo sentido común se le ocurre suspenderlas. Lo mismo ocurrió con el general Bruno Villalobos, que al abrirse esta polémica entre instituciones se había ido de vacaciones y se le pidió volver (discutible que Gobierno lo autorizara con la situación delicada que se vive, pues él dice que había comunicado su salida).

 

Pareciera que se ha dejado a las instituciones en manos de indolentes, que no velan por su integridad ni buen nombre, que se han dejado en manos ideologizadas que no les importa minar la credibilidad con tal de ganar una simple disputa, pero sin intención de resolver el problema. Es curioso que las decisiones de fiscalía, frente a un supuesto montaje de pruebas en un caso determinado, sea cerrar la investigación y no volver a hacerla, pero con los resguardos necesarios, como si al eliminarla el crimen se disolviera. Sigue habiendo delito, sigue habiendo atropellos, aunque sea cierto aquello del montaje de pruebas. Los únicos ganadores de esta disputa son los acusados, que se ufanan de su lucha, pero no son capaces de asumir sus actos.

Montaje o no, los atentados siguen ocurriendo, y mientras este Gobierno con sus amiguismos dispuso a personas en cargos para los que sencillamente no sirven, la inseguridad y el terror se viven en el sur del país. Miles de hectáreas quemadas, fundos asaltados, ganado muerto, maquinaria atacada y desintegrada, son evidencias de que la ideología que daño las instituciones, premia el crimen y le permite existir en completa impunidad.

La crisis de credibilidad de estas instituciones demandaba un manejo rápido y concluyente por parte del ejecutivo, pero este último parece dejar que las cosas pasen y simplemente esperar a que se arreglen solas. El tema es sensible porque ambas instituciones tienen su imagen dañada, pero permitir que la disputa se alargue sin una intervención clara, dejar que la ideología y aun la incompetencia dirijan a las instituciones y las lleven al despeñadero de la confianza ciudadana, solo sirve para lograr un objetivo que también es ideológico. Quizás no es tan absurdo pensar que después de todo el Gobierno apoya la causa terrorista, que en esencia detestan el uniforme policial por su relación con el Gobierno militar y que una institución que signifique orden público les causa rechazo desde el alma misma.

Se van del Gobierno, pero dejan establecida en el sur una lucha que todo comunista y la mayoría de la izquierda apoya, que es el terrorismo por causales indigenistas. Quizá no les importa las consecuencias territoriales, nacionales, económicas que dicha causa supone.

La izquierda se retira del poder y muy a su pesar, pero con el lema de quemar todos los barcos tras de sí, con el país endeudado, con terrorismo e impunidad y para colmos instituciones desgastadas, se van con un sentido de misión cumplida. “O nos eligen o los destruimos”, así es el izquierdismo, sin patriotismo natural, solo afán por el poder.

Seremos ciudadanos mal pensados con razón, porque minar la confianza en las instituciones no es gratis.

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