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Cuando creímos que la expresidenta Michelle Bachelet no haría nada más grandioso en sus últimas horas, que iba a reposar o, quizás, que estaría pendiente de la logística y temas de menor relevancia para el protocolario cambio de mando, los chilenos despertamos con una noticia: la resolución de poner fin a la controvertida cárcel de Punta Peuco y que solo requería de la firma del ministro de Justicia.
Esta acción de última hora deja un sinsabor generalizado. Por un lado, en las eternas víctimas (y que disfrutan llamarse como tales) que se sienten defraudadas por Bachelet que prometió hasta el final ejecutar su cometido y, por otro lado, en los ciudadanos preocupados por la institucionalidad, que vemos como una agonizante política intenta acabar hasta el último cartucho de su fusil y “herir” al mayor número de sus oponentes. No obstante, la reflexión en torno a esta acción, que sucedió a menos de 48 horas antes de dejar La Moneda nos hace confirmar ciertas tesis que hemos venido comentando en los diferentes artículos:
La primera está asociada al trato “humanitario” y a la categorización de delitos. Sin dudas, en una democracia, los militares cuentan con el uso exclusivo de las armas y cada una de las misiones o labores encomendadas, debe guardar las proporciones que la ley le establece. Sin embargo, ante una ruptura democrática, donde los poderes legislativos son suspendidos y las órdenes vienen dadas de la jerarquía superior, ¿qué opciones tiene un militar? Esta contextualización no busca justificar, sino exponer por qué en los procesos transicionales, propios del cambio de una dictadura a una democracia o de un periodo de guerra, debe haber una flexibilización normativa para los agentes que estuvieron directamente involucrados, en pro de otras consignas como la reconciliación nacional.
La llamada justicia transicional está fundamentada en 4 pilares, ampliamente respaldados por la comunidad internacional y aplicados en todos los procesos de normalización democrática: la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Noobstante, aplicar con el mayor rigor todas y cada una de esas columnas a los “vencidos” supondría que ninguno –en ninguna parte del mundo– se rendiría solo para ser juzgado como un delincuente más. En ese caso, el suicidio sería la muerte más frecuente entre los “culpables” y evidentemente, las víctimas perderían la oportunidad de saber “la verdad”. Es por ello, que una serie de medidas que flexibilizan tales estándares respaldan incluso la existencia de Punta Peuco y se enmarca en todos los protocolos de Derecho Internacional Humanitario. De hecho, cerrarla sí constituye una violación porque después de aceptar las reglas de juego de la democracia y acogerse voluntariamente, les “cambias las reglas” justamente a quienes te facilitaron llegar a este punto.
La ideologización de esta cárcel y la elevación a categoría de tema de “opinión pública”, auspiciado por los sectores de izquierda, va en contravía del espíritu republicano, necesarios en un buen Gobierno. Michelle Bachelet y su decisión de última hora de recurrir a un decreto (documento preferente por las dictaduras) demuestra que ella tiene mucho de lo mismo que odia y persigue. Y mi pregunta para la expresidenta sería: “¿los “delincuentes” como usted los llama, no merecen también justicia respecto a los acuerdos que llegaron en un proceso transicional? El respeto por las leyes, debía partir por ella, pero una vez más, nos demuestra que es escaso y los gobiernos liberales, tienen mayor disposición de abrazarlos.
La segunda tesis que este “incidente” nos ha dejado es que las urgencias y las prioridades nacionales no existen con la Nueva Mayoría. No resolvió el escándalo del SENAME o de los Carabineros (por solo mencionar algunos) que sí son urgentes y afectan la vida de centenares de chilenos, y prefirió ponerlo en pausa, dejando que Sebastián Piñera se hiciera cargo. No así, un proyecto para una nueva Constitución (que no es urgente, ni importante y que no se encuentra dentro de las preocupaciones de los ciudadanos) y el cierre de Punta Peuco, que para el Frente Amplio y la Nueva Mayoría sí son un caso de vida o muerte. Sería interesante que algún psicólogo evalúe como objeto de estudio la presencia de episodios de delirio entre este sector ideológico, porque solo así podría explicarse la existencia de un mundo paralelo que la mayoría desconocemos.
Ahora bien, la valentía de Jaime Campos, ministro de Justicia del anterior Gobierno y su negativa a firmar dos decretos de última hora: el indulto al exfrentista Jorge Mateluna (condenado por participar en el asalto a un Banco Santander en Pudahuel en el 2013) y el cierre de Punta Peuco, demuestra que el sentido común aún existe entre algunos adeptos de su sector político, que su “acto de rebeldía” hacia la expresidenta (como sus colaboradores lo llamaron) era en realidad un acto de sensatez y de ética al dejarle esas decisiones y con ello, el componente político, judicial y simbólico, al Gobierno que en menos de 36 horas asumiría las riendas del país. Su razonable decisión no solo lo protegió a él, sino también al Estado de Chile y a la proyección internacional en materia de derechos humanos.
Finalmente, la respuesta de Sebastián Piñera luego de su posesión al referirse a Punta Peuco como la proyección de cárceles que buscarán establecer en el país, pone fin a un vaivén jurídico-ideológico en que nos tenía sumido el anterior Gobierno y demuestra, una vez más, que el problema de Bachelet son las matemáticas, pues las firmas para este tipo de decretos no son suficientes y requería de 5 a 11 días de revisión en la Contraloría, periodo en el cual Piñera lo habría suspendido. Lo que no queda duda y que ninguna pseudofeminista se atreverá a decir, es que vendrán tiempos mejores para Chile y sus instituciones.
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