Operación para la Liberación del Pueblo, el fracasado programa de Maduro para contener la violencia en Venezuela

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Los gobiernos bolivarianos de Venezuela enfrentan altas tasas de homicidio. (Wikimedia)
Los gobiernos bolivarianos de Venezuela enfrentan altas tasas de homicidio. (Wikimedia)

Hace más de un año, el gobierno venezolano decidió implementar una nueva política de seguridad:  la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP). En el PanAm Post le contamos qué ha sucedido en Venezuela en materia de Derechos Humanos y seguridad ciudadana en el país luego de su implementación.

El contexto de inseguridad ciudadana en Venezuela

Según el informe de la organización mexicana “Seguridad, Justicia y Paz“, Caracas supera a San Pedro Sula (Honduras) en número de asesinatos por cada 100.000 habitantes. La capital venezolana es la ciudad con mayor número de asesinatos por cada cien mil habitantes en el mundo. Caracas tiene una tasa de 119,87 asesinatos por cada cien mil habitantes.

La situación de seguridad ciudadana en otras ciudades venezolanas también es preocupante. Maturín, Estado de Monagas, reporta 86.45 asesinatos por cada cien mil habitantes, siendo la quinta ciudad con mayor número de asesinatos en el mundo. Valencia, Estado Carabobo, es la séptima ciudad en mencionado ranking, con 72.31 asesinatos. Ciudad Guayana, Estado Bolívar, es la décimo primer ciudad en número de asesinatos (62 asesinatos por cada cien mil habitantes). Barquisimeto, Cumaná, Gran Barcelona y Maracaibo también aparecen en el listado de las 50 ciudades con mayor número de asesinatos en el mundo.

A pesar de la gravedad de la situación, esta no es novedosa. Aunque los nostálgicos de Chávez aseguren que los problemas de seguridad en el país, la situación de crimen del país y la capital vienen de antes. En 2012, Caracas ya era la tercer ciudad más peligrosa del mundo.

Ante esta situación, en 2015, el régimen venezolano decidió tomar cartas en el asunto. Sin embargo, el régimen no decidió reformar las fallidas políticas de seguridad. Tampoco liberalizó la economía para combatir los mercados negros. El gobierno de Maduro implementó una serie de medidas que llevaron a la deportación masiva de colombianos, abusos policiales e incluso ejecuciones extrajudiciales. Esta nueva política de seguridad fue denominada Operación Liberación del Pueblo (OLP).

Los colombianos ilegales

Uno de los primeros líderes bolivarianos en culpar de los problemas de seguridad a los colombianos fue Diosdado Cabello. Según el político chavista, colombianos ilegales conspiraban en contra de la Revolución, mientras que comerciaban con productos regulados.  En mayo de 2015, Cabello aseguró que las deportaciones masivas de colombianas eran necesarias para combatir “la guerra económica”.

Hacia mediados de 2015, la retórica agresiva de algunos líderes venezolanos en contra de los colombianos sin documentos aumentó. Los colombianos ilegales no sólo fueron presentados como “bachaqueros”—contrabandistas—sino también como paramilitares.

En julio de 2015, el gobierno de Maduro decidió declarar el Estado de Excepción en ciertas zonas del país. El gobierno venezolano impuso un cierrar la frontera con Colombia e implementó una nueva política de seguridad. Surge así la Operación de Liberación del Pueblo (OLP).

Estado de excepción y la Operación Liberación del Pueblo (OLP)

El Estado de excepción implicó la suspensión de varios derechos consagrados en la constitución venezolana. La medida implicó la restricción del libre tránsito de mercancías y autorizó las inspecciones domicilarias sin orden judicial.

A la vez que el gobierno venezolano cerraba la frontera con Colombia, implementó una nueva política de seguridad: la Operación Liberación del Pueblo (OLP). Bajo la OLP, el Estado venezolano desplegó operativos militares y policiales para mostrar resultados. Para mediados de 2015, cerca de 1400 colombianos indocumentados fueron expulsados de territorio colombiano, y unos 18.000 huyeron. También se portaron denuncias de demoliciones de casas de indocumentados.

Según líderes de la oposición, estas medidas fueron puestas en práctica por el gobierno bolivariano con un propósito electoral. Y es que pocos meses luego de la implementación de las OLP, se realizaron las elecciones parlamentarias que Maduro perdería.

Ante esta multitud de quejas, organizaciones civiles denuncian el silencio del defensor del Pueblo, Tarek William Saab, militante chavista.

 Detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales en 2015

Pero no solamente los colombianos ilegales han sufrido con la implementación de la OLP. Según Human Rights Watch (HRW), 245 personas murieron en 2015 tras la implementación de la Operación. En un informe elaborado por la mencionada organización,  20 de las 245 ejecuciones pudieron ser extrajudiciales.

El documento también incluye un apartado dedicado a retenciones arbitrarias. Entre julio de 2015 y enero, se cometieron al menos 100 detenciones extrajudiciales. Debido a la alta brecha entre el número de capturados y el número de judicializados, HRW considera que existen más casos de detenciones extrajudiciales. Amnistía Internacional reporta que el 90 %  de las más de 4.000 personas detenidas en los tres primeros meses de la Operación Liberación del Pueblo  fueron retenidas de forma arbitraria.

Según datos del diario venezolano El Universal, Venezuela registró en 2015 un aumento de 496 % en violaciones a la libertad personal con respecto a 2014. Mientras que los malos tratos causados por el Estado aumentaron en 2015 un 902,43 % en comparación con 2014.

La segunda fase de la Operación Liberación del Pueblo

En mayo de 2016, autoridades venezolanas anunciaron la segunda fase de las OLP. Las denuncias de violación de Derechos Humanos continuaron. Según PROVEA, en tres semanas de aplicación de la nueva operación, cerca de 90 personas fueron asesinadas circunstancias no aclaradas por las instituciones.

Se espera que PROVEA y otras organizaciones de Derechos Humanos publiquen una nuevo informe que consigne los problemas de la implementación de la OLP.

Inseguridad y violación de Derechos Humanos

La Operación Liberación del Pueblo no implicó una mejoría de la seguridad ciudadana en Venezuela. Como lo demuestra el informe de HRW, empeoró la situación de protección de Derechos Humanos en Venezuela.

 

A pesar de las medidas militaristas emprendidas por el gobierno venezolanos, la situación de seguridad en el país no mejora. Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Venezuela alcanzó en 2015 una tasa de 90 homicidios por cada cien mil habitantes. A su vez, el gobierno tiránico de Maduro ha sido incapaz de frenar el aumento de los abusos de los Derechos Humanos en el país.

Son múltiples los problemas que Venezuela deberá enfrentar para mejorar la situación de seguridad y de Derechos Humanos que vive el país. La actitud paranoica del chavismo hacia la crítica hace difícil el trabajo para los defensores de Derechos Humanos. También, el hermetismo con el que el gobierno maneja las cifras relacionadas con inseguridad complica los aportes de la sociedad civil para mejorar la seguridad ciudadana.

Resulta necesario que las instituciones encargadas de defender a los ciudadanos frente al Estado se pronuncien. De lo contrario, la impunidad seguirá campante. El nacionalismo del régimen estimula la impunidad. Dado que el gobierno de Chávez decidió retirar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, parece difícil que se haga justicia con quienes no han recibido la protección por parte de los tribunales nacionales.

Es imposible negar que los problemas de seguridad de Colombia afectan a Venezuela. Sin embargo, el gobierno venezolano se empeñó en estigmatizar a los ilegales colombianos y en utilizarlos como chivo expiatorio. Los mercados negros surgen con facilidad en países con una economía centralizada y excesivas regulaciones. El “bachaqueo”, la venta ilegal de divisas, el tráfico de gasolina  seguirán siendo fuentes de financiación para bandas criminales si el gobierno venezolano insiste en la hiper-regulación y el centralismo.

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