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“Venezuela es el único país del Mundo en el que los trabajadores se aterrorizan cuando se les anuncian aumentos de salario”. Dicha declaración es una perspicaz observación de un astuto dirigente laboral, en relación al aumento anunciado por el Presidente Maduro al beneficio social para alimentación conocido popularmente como “cestaticket”.
La declaración demuestra lo que ya debería ser una verdad aceptada por todos; los trabajadores venezolanos, golpeados por un barraje de políticas salariales populistas, ineficaces y perjudiciales, conocen más de economía que quienes supuestamente defienden sus intereses desde el el primer gobierno dirigido por un trabajador en nuestra Historia Republicana.
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Desde marzo de 2016 hasta la fecha, ha habido seis aumentos por decreto de la remuneración mínima de los trabajadores, y cada vez que se produce una, el ingreso real de los mismos se hunde más en lo que seguramente debe ser una de las más efectivas destrucciones de capacidad adquisitiva que conoce la humanidad.
En todo 2016 hubo cuatro aumentos, y desde noviembre a la fecha van tres, lo que quiere decir que los ajustes están llegando a ser mensuales, en una carrera por alcanzar una inflación que no cesa de aumentar y que se come la capacidad adquisitiva de cualquier aumento en el lapso entre que se anuncia y cuando se deposita de 15 a 30 días después de dicho anuncio. Es por eso que los trabajadores tiemblan cada vez que se pretende beneficiarlos sin corregir las severas distorsiones que han llevado el país al umbral de la hiperinflación, sin que se divise la más mínima intención de hacer las cosas de manera diferente a la que nos ha traído hasta aquí.
El círculo perverso es sencillo pero demoledor. El Gobierno anuncia un aumento que no ha sido previsto en el presupuesto de cuentas fiscales; el sector privado tiene que enfrentarlo de sus menguados recursos recortando gastos o inversiones esenciales para mantener su nivel de actividad productiva.
El Gobierno, a quien le compete no solo el pago a sus 2.5 millones de trabajadores sino también a 3.5 millones de jubilados, al no tener previsiones presupuestarias, le ordena a su caja chica, lo que una vez fue el Banco Central de Venezuela, que imprima electrónicamente el dinero correspondiente y se lo coloque en sus cuentas sin mediar aprobación legislativa o control alguno a dicho crédito adicional. Para cerrar el círculo el Gobierno le acredita en sus cuentas el aumento a los trabajadores ya cuando los aumentos de precio producto de la impresión desenfrenada de moneda local han sobrepasado con creces el monto del aumento.
Es así como con estas políticas se ha logrado que el salario mínimo de los trabajadores venezolanos, calculado a la tasa de libre convertibilidad, se encuentre entre USD $12 y USD $35 mensuales, bastante por debajo de la cifra de USD $1.50 diarios o USD $45 mensuales que la ONU considera el umbral de la pobreza extrema, y 4 a 5 veces menos que los USD $200 que era en 1998 cuando mediante el dialogo social se logró implantar la Reforma Laboral que los ejecutores de estas políticas de remuneración fracasadas tildaron de contraria a los intereses de los trabajadores.
Pero la destrucción del salarió va aún más allá. El Gobierno viola olímpicamente la disposición legal que obliga a depositar las prestaciones sociales en las cuentas de sus trabajadores, eliminándoles de esa forma cualquier vestigio de ahorro, y por otra parte trata con particular saña a los pensionados, pues cuando los aumentos son por la artificiosa vía de los cestaticket, ellos quedan excluidos de esa parte del mismo.
La luz al final del túnel es que los desequilibrios han alcanzado tal magnitud, que cada intento de poner un parche mas lo único que logra es exacerbarlos, acercándonos al punto en el cual una Reforma Monetaria Integral se hace inevitable.
