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El Estado venezolano participa por segunda vez en el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU; y a pesar de que 100 Estados hicieron recomendaciones, la canciller Delcy Rodríguez señaló que el «modelo para los derechos humanos en Venezuela es profundamente irreversible».
La canciller pidió este martes 31 de octubre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que cese el hostigamiento contra Venezuela, dado que el país mantendrá irreversible su modelo y su revolución, pese al supuesto «cerco económico, el bloqueo financiero y acoso mediático».
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Según la ministra de Relaciones Exteriores, “los logros y avances son innegables” en Venezuela en materia de derechos humanos, ya que garantizan el desarrollo en materia educativa, de salud, vivienda, alimentación y la inclusión política.
Rodríguez llegó al frente de una delegación de 40 personas. El Estado venezolano llevó a 5 ministras, 2 magistradas del TSJ y una rectora del CNE para afrontar el primer Examen Periódico Universal de Derechos Humanos del gobierno de Nicolás Maduro y el segundo en la historia del mecanismo de la ONU.
Destaca la ausencia de la fiscal general Luisa Ortega, que en los últimos meses ha mostrado desavenencias con el resto del gobierno en distintas materias. En su lugar vino la vicefiscal general. Tampoco hubo representación de la Defensoría del Pueblo, organismo que fue rebajado a categoría B por su falta de independencia y perdió su derecho a voz en la ONU.
Durante el examen, 100 países hicieron recomendaciones y gran parte de ellos mostró preocupación por la crisis en materia de salud y el acceso a alimentos en el país suramericano.
Se hicieron recomendaciones sobre libertad de expresión y prensa, protección de periodistas y activistas de derechos humanos, así como sobre la independencia de poderes.
Carmen Zuleta, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, aseveró en la ONU que el Poder Judicial venezolano es autónomo y que este ejerce sus funciones de acuerdo con la Constitución.
Sin embargo, la noche de este 31 de octubre se demostró que no es así, pues en el marco del diálogo entre el régimen y la oposición, Nicolás Maduro accedió a liberar a tres presos políticos.
Por otra parte, durante el mismo examen, y en relación con la detención de periodistas, William Castillo, viceministro de Comunicación Internacional, señaló que no hay periodistas detenidos por desempeñar su labor en Venezuela.
Estas afirmaciones pueden ser desmentidas con las detención del periodista chileno-venezolano Braulio Jatar quien está preso luego de difundir imágenes sobre una protesta contra Nicolás Maduro.
Recomendaciones
Durante su intervención Islandia recomendó a Venezuela acabar con la persecución política, tomar medidas sobre la crisis de salud y extender una invitación a mecanismos especiales.
Haití recomendó la protección de personas vulnerables y el entrenamiento de fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos.
Guatemala por su parte, recomienda garantizar el debido proceso, realizar investigación sobre ataques contra libertad de expresión, y que la educación sea plural.
Ghana aseguró que Venezuela debe redoblar esfuerzos para evitar impunidad, tortura y aceptar visita de procedimientos especiales.
Noruega recomendó la resolución de los problemas a través del diálogo y la participación democrática.
Francia pide que Venezuela debe asegurar independencia judicial, protección a la libertad de expresión y defensores de derechos humanos, así como no criminalizar a la oposición.
Irlanda, por su parte, recomienda que Venezuela debe investigar y sancionar acciones contra periodistas y activistas de DD. HH. , pidió además que el país suramericano acepte visitas de procedimientos especiales y que investigue detenciones de disidentes al gobierno.
Colombia hizo mención al cierre de la frontera y la deportación ilegal de miles de migrantes, incluso refugiados.
Chile recomendó el diálogo nacional que asegure principios democráticos e institucionalidad. Pidió a Venezuela que extienda invitación a procedimientos especiales, y que garantice el ejercicio de libertad de expresión y acceso a información.
Canadá pidió terminar la práctica de detenciones arbitrarias, restaurar independencia e imparcialidad del poder judicial. Se refirió a la necesidad de asegurar el acceso a medicamentos e insumos médicos, incluso a través de la cooperación internacional.
Brasil recomendó tomar acciones para asegurar independencia de poder judicial y el electoral y pidió la libertad de presos políticos.
Argentina pidió abrir espacios para cooperación con mecanismos internacionales y tomar medidas para evitar ejecuciones extrajudiciales. Recomendó además tomar medidas para mejorar condiciones de detención, especialmente ya que la mayoría no han sido condenados.
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