Virales

Newsletter

La perversión de la justicia gracias a la ONU: lecciones del caso de Guatemala

By: Carlos Sabino - Jul 14, 2017, 10:25 am
(FEE)
La solución es mantener la presión ciudadana para que efectivamente se persiga a los corruptos, no llamar a las Naciones Unidas. (FEE)

Dos noticias del ámbito judicial, aparecidas ambas el 12 de julio pasado, me han llamado poderosamente la atención. La primera, impactante sin duda, es la condena a nueve años de prisión que recibió el expresidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, en un caso que se le sigue por corrupción. Los investigadores brasileños están desarticulando una inmensa red de manejos ilegales por miles de millones de dólares que ya costó la presidencia a Dilma Rousseff y no se ha detenido ante figuras poderosas del mundo de la política y de los negocios. Lo ocurrido es una muestra de que sí se puede combatir la corrupción en nuestros países, que podemos, en América Latina, avanzar hacia una forma más limpia y transparente de hacer política, aun pasando por encima de los fuertes intereses de personas que se consideran intocables.

La segunda noticia, que seguramente habrá pasado desapercibida para la mayoría de mis lectores, es que el Tribunal Federal de Suiza anuló la sentencia a cadena perpetua que, juzgados de nivel inferior, habían impuesto al guatemalteco-suizo Edwin Sperisen por los incidentes ocurridos en una cárcel de Guatemala hace unos once años.

Sperisen era Director de la Policía Nacional de ese país cuando se llevó a cabo un operativo para retomar el control del penal, que había caído en manos de varios delincuentes allí encarcelados. En el operativo murieron, en un incidente algo confuso, siete reclusos, y a Sperisen se lo acusó de homicidio por esas muertes y de otros cargos en relación a esos hechos y a otros anteriores.

¿Qué tiene que ver todo esto con las Naciones Unidas? La relación, aunque no lo parezca, es bastante directa. Sucede que en Guatemala opera una institución peculiar, la CICIG, que es la Comisión Internacional para el Combate contra la Impunidad en Guatemala y que  depende de la ONU. La CICIG fue parte sustancial de la investigación que llevó a juzgar a Sperisen, pues acusó a él, al ministro del interior, al jefe de las prisiones y a otros funcionarios, de haber planeado una matanza de prisioneros en una operación ilegal de lo que a veces se llama “limpieza social”.

La acusación era insostenible: los hechos que ocurrieron durante la toma del penal no indicaban que existiese la menor voluntad de proceder de ese modo y la amplia publicidad de la acción hacía suponer que no se preparaba ninguna acción ilícita. Pero la CICIG insistió, fraguó pruebas, consiguió testigos falsos e impulsó así varias acusaciones contra los supuestos implicados. Se quería lograr condenas de alto impacto comunicacional, tal vez para mejorar la imagen de la comisión y de quien la dirigía, tal vez por otros motivos que escapan a mi entendimiento. Que las acusaciones eran injustas lo prueba lo sucedido después: no solo el mencionado Sperisen sino todos los otros acusados han sido declarados inocentes, en tribunales de Guatemala y de España, demostrando así que la CICIG había urdido falsas e insostenibles acusaciones.

 

No se trata, hay que destacarlo, de un caso aislado. La CICIG también acusó injustamente a otras personas en el sonado caso Rosenberg, que al final quedaron en libertad después de comprobarse que no habían cometido ningún delito, y ha procedido del mismo modo en varios otros casos. Sus comisionados -como el actual, Iván Velásquz- no han vacilado además en intervenir en la política local, incluso promoviendo un cambio de la constitución que posee el país, lo que evidentemente escapa al marco de sus funciones. En los últimos años han procedido a recabar la información que ha llevado a prisión al expresidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidente, así como a ministros y altos funcionarios de su gobierno. Estas últimas acciones le han permitido recuperar algo del prestigio perdido, pero el problema subsiste: todavía no se sabe si habrá suficientes pruebas válidas para permitir la condena de los acusados.

Algo ingenuamente, varias personalidades guatemaltecas promovieron la creación de la CICIG, pensando que de ese modo se podrían superar los graves defectos que tiene la justicia nacional. Pero el remedio ha resultado peor que la enfermedad: guiada por consideraciones ideológicas o por los intereses personales de quienes la dirigen, la CICIG ha resultado tanto o más parcial que los jueces locales y se ha convertido en un poder sobre el que no existe ningún control institucional. Amedrenta a algunos, deja en la oscuridad los delitos de otros y así solo contribuye a hacer aún menos confiable la justicia del país. La solución, por eso, no es llamar a las Naciones Unidas para que intervenga en nuestros asuntos: es mantener la presión ciudadana para que efectivamente se persiga a los corruptos, obligando a los jueces a proceder con equidad y sobre la base de sólidas pruebas.

Carlos Sabino Carlos Sabino

Sociólogo, escritor y profesor universitario, Sabino es director de programas de máster y doctorado en Historia de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Siguelo @Sabino2324

Eurodiputados piden que comisión independiente investigue “grave” espionaje en México

By: Elena Toledo - @NenaToledo - Jul 14, 2017, 10:02 am
espionaje en México

Al menos 20 diputados del Parlamento Europeo, del Bundestag alemán y del Congreso de Diputados en España, solicitaron al gobierno de México la creación de una comisión internacional para la investigación del supuesto espionaje que la administración del presidente Enrique Peña Nieto habría realizado a periodistas y activistas. Los legisladores emitieron una carta desde la oficina ecuménica por la paz y la justicia de Munich, Alemania en la que solicitan "una investigación exhaustiva e imparcial de las denuncias por espionaje a activistas, periodistas, personas defensoras e integrantes del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes)". Lea más: Gobierno de México ha duplicado solicitudes de datos sobre usuarios de Facebook, Twitter y Google Lea más: Por qué los millenials mexicanos se quedarán sin pensiones También indican que "la especial gravedad del espionaje" del que fueron objeto los investigadores es que “ya que incluso gozaban de inmunidad diplomática durante su estancia en el país y por la importancia de su misión para coadyuvar en las investigaciones del caso Ayotzinapa". googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1459522593195-0'); });   Por su parte Daniel Tapia Montejo, experto para México de dicha oficina, indicó la rapidez con que se reunieron firmas considerando que los legisladores se encuentran en un receso parlamentario, lo que muestra la gravedad del problema y a su vez el compromiso de los diputados con que se aclare el hecho. "Sin una investigación independiente del caso, siempre quedará la desconfianza en los resultados de la misma, pues el Estado se estaría investigando a sí mismo", expresó el activista y agregó: "Esperamos que las autoridades mexicanas reconozcan que aceptar ayuda internacional en este caso no es una muestra de debilidad, sino de fortaleza, en particular para enfrentar un problema tan grave como las denuncias por espionaje". Y es que el gobierno de México se ha visto evidenciado en un supuesto espionaje que habría cometido contra importantes periodistas, activistas de derechos humanos y abogados luego de que el diario estadounidense The New York Times publicara una investigación de la organización Citizen Lab en la que muestran el uso de un malware de tecnología israelí para intervenir las comunicaciones de personas específicas con fines desconocidos. Fuente: Proceso

Boletín electrónico

¡Recibe lo último de PanAm Post por correo electrónico!

Nunca compartiremos tu correo electrónico con nadie.