El COVID-19 y los desafíos de pacientes de alto riesgo en Venezuela

84 casos reportados por la dictadura, escasez de gasolina, falla de servicios básicos e insumos en hospitales públicos son los principales desafíos del venezolano frente a la pandemia

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Un hombre carga botella de agua este jueves en el centro de Caracas, Venezuela. (Efe)

Según el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hasta este lunes el número de casos globales de coronavirus (COVID-19) asciende a 387 919, mientras que los fallecimientos totalizan los 17 010 desde el inicio de la epidemia en China, que se ha convertido en pandemia y prácticamente todos los países han sido alcanzados por el virus.

En este sentido, la agencia Efe reseñó que China se mantiene como el país más afectado, con 81 600 casos, con 39 casos importados de países que se han convertido en foco de la pandemia y ningún caso de transmisión local en el último día. Le sigue Italia, Estados Unidos y España, por número de casos.

El COVID-19 sigue su expansión por América, con medio millar de muertes y unos 38 000 contagiados, lo que ha llevado a los diferentes Gobiernos a tomar medidas que aminoren el impacto generado por la pandemia.

Maduro y su arsenal terapéutico para enfrentar el COVID-19 

Venezuela no se escapa de las estadísticas sobre casos confirmados oficialmente. El domingo Nicolás Maduro reportó en cadena nacional que «Venezuela había llegado a 77 casos comprobados, todos importados». Desglosó que 21 casos son provenientes de España, 10 de Colombia, 3 de Estados Unidos, 3 de República Dominicana, 3 de Italia, 2 de Brasil y 1 de Perú, por lo que esta suma abarcaba la procedencia de 43 de los 77 pacientes confirmados con la enfermedad.

No detalló sobre el estado de salud de los confirmados, solo comentó que el 77 % de los casos se ubican en la región capital que incluye a Caracas y los vecinos estados de La Guaira y Miranda, en tanto que el 35 % de los infectados tienen entre 30 y 39 años y solo 2 son infantes. Pero sí insistió en la radicalización de las medidas ya establecidas. Lo que incluye un mayor distanciamiento social, la recomendación del uso de guantes y la obligatoriedad del uso del tapabocas de cualquier persona mientras salga de su residencia, una medida que los ciudadanos ya se venía aplicando.

Maduro dijo que la radicalización incluye «estar preparado con todos los medicamentos para todos los tratamientos» de los contagiados y «la preparación de las camas hospitalarias».  Según él, ambos ítems garantizados por la dictadura.

Este lunes, Jorge Rodríguez, comisionado de Maduro ante el COVID-19, mostrando láminas y gráficos, aseguró que Venezuela tiene 23 763 camas de hospitalización en centros asistenciales públicos y privados. «Suficientes para atender los posibles casos» del virus. Añadió que se han dispuesto otras 4 000 camas en hoteles privados para atender allí a huéspedes que puedan presentar síntomas de la enfermedad.

En horas de la tarde del mismo lunes, la otra comisionada del chavismo ante el COVID-19, Delcy Rodríguez, actualizó cifras y reportó siete nuevos casos positivos para un total de 84 contagios registrados en Venezuela. «Estos nuevos casos fueron reportados tres en el estado Barinas, dos en Aragua y uno en Miranda y Distrito Capital».

La vulnerabilidad del sistema de salud 

Paradójicamente, desde inicios del mes de marzo y específicamente cuando la OMS declaró el COVID-19 una pandemia,  especialistas e involucrados con el área de la salud en Venezuela han cuestionado insistentemente si realmente el sistema de salud está preparado para garantizar desde lo más mínimo —servicios públicos básicos—, el protocolo universal del lavado de manos, equipos de protección personal para los profesionales mientras hacen su trabajo de asistencia, hasta ventiladores para las terapias intensivas.

Para el jefe del Institute for Healthcare Improvement (IHI) en Europa y América Latina, Pedro Delgado, hay que actuar con urgencia. El COVID-19 debe ser manejado dejando a un lado los extremos políticos, porque es un tema sanitario, de civismo, de humanidad. «Es una bomba de tiempo, y el tic-toc-tic-toc de su reloj sigue aumentando en volumen, al mismo ritmo que aumenta progresivamente la ansiedad individual y general de los ciudadanos».

Igualmente indicó que los casos siguen aumentando a diario en presencia de «un sistema de salud que no es sistema en el estricto sentido de la palabra», sino una serie de instituciones inconexas.

Delgado explicó, en referencia a la crisis de salud que atraviesa Venezuela, que «poco se sabe de su estado más allá de la Encuesta Nacional de Hospitales que nos dice que la infraestructura física hospitalaria es muy deficiente — los servicios llegan intermitentes y en algunos ni el agua llega, en la mayoría los insumos médicos y el personal son deficientes para las necesidades cotidianas y no cuentan con equipos suficientes, especial mención de respiradores que son escasos; hay ausencia de protocolos de acción para epidemias y de zonas habilitadas de aislamiento para pacientes infectados. La emigración masiva de los últimos años de profesionales de salud es otro factor importante a considerar».

‘Resguardo de los derechos de los más vulnerables’

Ante la llegada del COVID-19 a Sudamérica y el devastador panorama que se vislumbra frente a esta pandemia,  basado en el padecimiento diario de miles de venezolanos con enfermedades crónicas, los llamados de atención no se han hecho esperar.

Cien organizaciones no gubernamentales venezolanas suscribieron un comunicado, en el que solicitan garantías por parte de las autoridades responsables frente al trabajo de los actores humanitarios y la adopción de medidas que resguarden los derechos de poblaciones vulnerables frente al COVID-19.

Entre los puntos se sugiere que «la implementación de la cuarentena debe informar suficientemente sobre su alcance, protocolos de movilización para el acceso a alimentos y atención médica, garantizando el mayor disfrute posible de los servicios básicos como el acceso a agua y energía eléctrica».

Además, solicita que las medidas de restricción de movilidad se adopten de tal manera que no produzcan desabastecimiento y «no impidan la asistencia a centros médicos para tratamientos regulares necesarios, para no agravar condición de salud y atender los casos de personas que quedaron en terminales sin recursos y posibilidades de trasladarse».

 

 

La gasolina agrava la situación de los pacientes de alto riesgo

Las implicaciones con respecto a la pandemia que azota a la humanidad no solo son de corte sanitario y asistencial, sino que se entrelazan con políticas publicas que ha improvisado la dictadura socialista durante años. La escasez de gasolina es un factor que alarma a la población frente a los derechos de los más vulnerables, los enfermos con enfermedades crónicas: sus tratamientos y traslados.

Las personas que requieren de medicamentos para tratamientos crónicos sufren a diario por la angustia que genera vivir lejos de Farmacias de Alto Costo del Instituto de los Seguros Sociales (IVSS). Sumado a eso en tiempos de COVID-19, el no poder trasladarse por las medidas de cierre de vías entre estados o municipios en medio de la cuarentena total, los carga de ansiedad a ellos y a sus familiares, porque les impide llegar a constatar si hay stock de su tratamiento.

Francisco Valencia, director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), indicó que “es muy difícil decirle a una paciente crónico que se mantenga en casa, muchos de ellos necesitan trabajar para comprar (…) pero la mejor medida que pueden tomar, es estar en casa”.

 

Vale destacar que ya para el 2019 se hablaba de casi 5 000 pacientes de diálisis en Venezuela, que habían muerto por falta de atención medica e insumos entre 2017 y ese año.

La devastación descrita por expertos es de vieja data

En abril de 2019 el médico y patólogo venezolano Alberto Paniz informó a la agencia Efe sobre los riesgos de una «herida mortal a la salud publica venezolana que fue la politización de los programas de salud«,  la falta de medicinas y de acceso a las vacunas en Venezuela, sumados al éxodo masivo de profesionales del sector de la salud, «han devastado los hospitales públicos del país».

«Con el precedente del colapso de la red eléctrica nacional y la interrupción a nivel nacional del sistema de agua potable que ha traído nuevos actores al ruedo sanitario, como las infecciones por transmisión hídrica, como diarreas virales y bacterianas, parasitosis intestinales y brotes epidémicos de hepatitis en varias regiones del país».

Asimismo, en reiteradas ocasiones profesionales de la salud, enfermeras, médicos y demás trabajadores sanitarios de Venezuela han alzado su voz acompañados de los propios pacientes crónicos y sus familiares, solicitando mínimas condiciones en su calidad de vida, entre ellas dotación de los hospitales por la escasez de medicamentos, materiales médicos y han denunciado la paralización de áreas especializadas o quirófanos por falta de mantenimiento y recursos.

Ante estas características del sistema de salud venezolano, muchos se inquietan ante la gran pregunta —y el arsenal de excusas— ¿está Venezuela preparada para el COVID-19?

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