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Por Aurelio F. Concheso
El Gobierno Socialista de Venezuela no deja de sorprendernos; el reciente intento de reclutar a trabajadores de la empresa privada para trabajo forzado en empresas del estado mediante una resolución ministerial parece un intento épico por emular los trágicos y estruendosos fracasos de Stalin con la colectivización forzosa de campesinos a partir de 1928 en Koljoz; el Gran Salto Adelante de 1958 a 1961 en la China de Mao basado también en trabajo forzoso y la fracasada “Zafra de los 10 millones” de 1970 de Fidel basada en trabajo eufemísticamente llamado “voluntario” de centenares de miles de trabajadores urbanos en la recolección de caña.
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Al menos el daño que produjo Fidel se limitó a la destrucción de esos fértiles cañaverales dejándolos cubiertos de unos inservibles arbustos de marabú, los experimentos de Stalin y Mao, en cambio, costaron decenas de millones de vidas humanas.
Si es que la misma se llega a aplicar, pronto veremos el costo humano de la Resolución 9855 de MinTrabajo, con la cual se ha logrado de un solo plumazo violar simultáneamente la Constitución de 1999, la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, y un puñado de convenios de la OIT sobre libertad de trabajo y otras menudencias de obligatorio cumplimiento para Venezuela como signatario.
Para remate, al parecer se pretende acabar también con lo poco que queda de derechos de propiedad, porque las empresas cuyos obreros serán así reclutados, tienen que seguir pagando a los mismos sus contribuciones de seguridad social y acumulando sus prestaciones sociales.
¿Por cuánto tiempo?, la resolución menciona que es por 60 días prorrogables, lo que en la práctica significa por tiempo indefinido, durante el cual, sin duda, las empresas afectadas tendrán que contratar y entrenar nuevo personal que de acuerdo a la presente legislación se volverá inamovible.
Se pregunta uno si quienes incurrieron en semejante dislate han medido las consecuencias, o las acciones que tendrán que tomar cuando un grupo de obreros y supervisores se nieguen a ser trasladados desde la empresa en que han trabajado por años y cerca de las cuales habitan, con todas las complicaciones familiares que eso significa, porque sencillamente no están dispuestos a aceptar esta suerte de recluta militar laboral.
Habiendo sometido a la población a degradantes colas para ejercer su derecho a alimentarse, y negados a implementar una reforma económica integral que saque al país del marasmo, surge la duda de si la intención es aumentar el grado de irritación a tal nivel que se produzca una confrontación con los ciudadanos de imprevisibles consecuencias, o si estamos sencillamente ante un caso de incapacidad supina.
Aurelio F. Concheso es Ingeniero Mecánico, graduado en el Instituto Tecnológico de Massachussetts (M.I.T.) con estudios de post grado en esa Institución y en el IESA de Caracas, Venezuela
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