English Version
Por Gerardo Enrique Garibay Camarena
Esta semana López Obrador lanzó una nueva ideota, de esas que le brotan por generación espontánea: amnistía para los líderes del narcotráfico. De inmediato toda la clase política le dio hasta con la cubeta, y con toda razón, pues AMLO confirma una y otra vez que no tiene idea de lo que está hablando, sus planteamientos son cosas que se oyen bonito, pero no tienen ni pies ni cabeza, son una mezcla de pensamiento mágico y demagogia pura y dura; lo mismo en temas de seguridad, que de economía y respecto a Pemex o el nuevo aeropuerto.
Sin embargo, tras aclarar que la propuesta de Obrador es una ocurrencia sin sentido, es necesario que vayamos más allá de la crítica para cuestionar qué es lo que pretendemos y qué es lo que estamos logrando con la llamada guerra contra el narcotráfico.
Los defensores de esta guerra recurren normalmente a uno o más de estos tres argumentos:
- Que la guerra sirve para debilitar al crimen organizado, disminuir la violencia y proteger a la población civil;
- que la guerra sirve para combatir el crecimiento en las adicciones y
- que la guerra sirve para evitar que el narcotráfico se infiltre en el Gobierno y en las estructuras de poder político.
El problema es que en ninguno de esos frentes hay buenos resultados.
Si de lo que se trata es de debilitar al crimen organizado, disminuir la violencia y proteger a la población civil, la guerra no está funcionando, porque la violencia se ha multiplicado y también lo han hecho las víctimas, miles de las cuales fueron simplemente personas inocentes que estuvieron en el momento y lugar equivocado. Para medir el tamaño del problema, veamos algunas estadísticas: en los primeros diez meses del año 2000 se registró un total de 11.499 homicidios dolosos a nivel nacional, una cifra que prácticamente se ha duplicado. A más de una década de “lucha contra el narcotráfico”, el número de asesinatos prácticamente se ha duplicado, sumando 20.878 en los primeros diez meses del 2017.
Más o menos la misma historia se puede contar con muchos otros delitos, particularmente aquellos que tradicionalmente se han relacionado con la acción de los cárteles. Por ejemplo, los secuestros pasaron de 507 casos registrados entre enero y octubre del 2000, a 951 en el mismo periodo del 2017; la extorsión se multiplicó casi por cinco y pasó de 1.007 casos en el 2000 a 4.797 en este año.
Si de lo que se trata es de combatir el crecimiento en las adicciones, el fracaso es incluso más abrumador. De acuerdo con las propias cifras de las encuestas encargadas por el Gobierno federal, el porcentaje de personas que han consumido drogas ilegales aumentó a más del doble en los últimos 15 años, pasando de 4,1 % a 9,9 % entre la población de 12 a 65 años, y la situación es incluso más dramática al enfocarnos en las mujeres, donde el consumo se cuadruplicó en ese mismo periodo (pasando del 1 % en 2002 al 4,3 % en 2016).
No solo hay más mexicanos que han consumido drogas, sino que las usan más a menudo. El número de mujeres que utilizaron drogas en el último año se multiplicó por 11 entre 2002 y 2016, mientras que el de hombres casi se triplicó, y la tendencia se refleja también en el consumo mensual, que se disparó un 260 % en el caso de los hombres y un 400 % en el caso de las mujeres. Y eso con los que abiertamente le respondieron a un encuestador del Gobierno; las cifras reales seguramente son mucho mayores.
Si de lo que se trata es de evitar que el narcotráfico se infiltre en el Gobierno y en las estructuras del poder político, entonces lo que hay ya no es solo fracaso, sino cinismo, porque el propio narcotráfico fue cobijado y alentado durante décadas a la sombra de los grupos de poder político. En otras palabras: es ingenuo pensar que una guerra contra el narcotráfico va a impedir que este adquiera vínculos con el Gobierno, cuando fue desde el propio Gobierno que nació la criatura.
De hecho, hay referencias respecto a gobernadores y funcionarios de alto nivel vinculados con el narcotráfico que datan por lo menos desde 1917 y las acusaciones se extienden durante los siguientes 100 años, hasta llegar a los presuntos sobornos recibidos por gobernadores como Humberto Moreira (Coahuila), Fidel Herrera (Veracruz), Mario Villanueva Madrid (Quintana Roo) y por quizá miles de funcionarios de todos los niveles, como el exprocurador nayarita Edgar Veytia, de los cuales apenas un puñado llega a comprobarse y menos aún a castigarse en los tribunales.
Es decir: desde hace más de una década estamos metidos en un berenjenal, una estrategia que simplemente no tiene grandes victorias que presumir. A pesar de absorber más de 1.300 millones de millones de pesos (no es un error de redacción, son más de USD $59.728.157.358) los resultados son tenues en el mejor de los casos.
Por lo tanto, más allá de criticar la indudable simpleza de López, es necesario que los demás candidatos a la presidencia nos expliquen no solo cómo van a pelear la guerra contra el narcotráfico en sus administraciones, sino cómo piensan ganarla.
Señores pre y candidatos: ¿cómo se ve el escenario de una victoria en esta guerra?
Si de lo que se trata es de debilitar al crimen organizado, disminuir la violencia y proteger a la población civil, entonces lo que se necesita no son soldados en las calles, sino contadores y expertos en auditoría financiera, y de paso una reforma a fondo del poder judicial y de las procuradurías y corregir el entuerto del sistema de justicia penal, para que los índices de impunidad dejen de rondar el 99 %. Perdón, pero mientras haya delincuentes que han sido arrestados más de 200 veces y están libres, seguirá en claro que el sistema no funciona, por más bonito que lo pinten y por más adornos que le cuelguen.
Si de lo que se trata es de combatir el crecimiento en las adicciones, entonces esas inversiones multimillonarias se deben reorientar hacia el tratamiento y la prevención, dos temas en los que tantos los gobiernos de los estados como el federal siguen dejando mucho que desear. Al mismo tiempo, todos los individuos que integramos la sociedad deben asumir su propia responsabilidad, porque la epidemia de las adicciones va mucho más allá del ámbito de la seguridad pública, es fundamentalmente un tema cultural.
Si de lo que se trata es de evitar que el narcotráfico se infiltre en el Gobierno y en las estructuras de poder político, entonces lo que se necesita es más y más transparencia sobre los ingresos y los gastos de los funcionarios y de los partidos políticos, particularmente en las campañas. Iniciativas como 3 de 3 pintan por buen camino, pero es necesario darles seguimiento y perfeccionarlas.
Llevamos casi tres sexenios con una estrategia de lucha contra el narcotráfico que simplemente no ha funcionado como debería, en especial considerando las monumentales cantidades de recursos que se le han destinado. Siendo realistas, ningún candidato propondrá la legalización en las elecciones del 2018, pero al menos es necesario que nos expliquen claramente cómo piensan luchar y ganar la guerra más costosa de la época moderna en nuestro país.
La amnistía no es lo adecuado, pero necesitamos escuchar y discutir más ideas, porque lo peor que puede hacer el próximo presidente es lo mismo que hicieron sus antecesores, así lo demuestran los datos.
Por cierto… el destape de Meade ha sido lo suficientemente exitoso como para revivir las esperanzas del PRI, ahora falta ver con qué tanto ímpetu arranca el candidato del Frente. Solo entonces podremos empezar a profetizar.
