English Version
La fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, calificó de «criminal» al ministro de Defensa Vladimir Padrino López y lo acusó de ser el responsable de la Masacre de Barlovento.
Ortega Díaz respaldó esta acusación con un documento que detalla la orden operativa secreta, emprendida desde el Ejecutivo, y aseguró que el régimen de Nicolás Maduro pretendió ocultar esta masacre.
Para mí es un reconocimiento que un criminal como @vladimirpadrino descalifique mi gestión. En https://t.co/s6O8FfWbZ3 ya está disponible el documento de la Operación Rondón que promovió éste violador de DDHH y que originó la masacre de Barlovento #6Dic #PadrinoGenocida https://t.co/jZkHlhEEOw
— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) December 7, 2017
En el portal web de la fiscal, se explica que la Operación Rondón constó de una orden ejecutada por Padrino López para la «aplicación de violencia física y psicológica por parte de efectivos militares contra la población civil, especialmente en perjuicio de los sectores más desfavorecidos».
Señala que la operación consideraba a ciudadanos como objetivos militares, y por ello autorizó la utilización indiscriminada de fuerza letal contra un supuesto «enemigo interno».
El documento de 27 páginas revela que desde el Ministerio de la Defensa se encargaron batallones militares contra la población civil y que tras la orden de Padrino López se «autorizó la utilización indiscriminada de fuerza letal».
La Masacre de Barlovento fue un asesinato masivo que tuvo lugar en octubre de 2016 en estado Miranda; cuando un total de 20 jóvenes fueron detenidos por la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), un operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y que el gobierno de Nicolás Maduro comenzó en un intento por combatir el crimen.
Lo que inició como un supuesto programa de seguridad en Venezuela terminó en una masacre de ejecuciones extrajudiciales y los cuerpos en fosas comunes.
Los presuntos implicados son efectivos del Ejército que formaron parte de un grupo de Escudriñamiento y Técnicas de Patrullaje que se desplegó desde el siete de octubre pasado en la zona.
Los familiares empezaron a buscar a los jóvenes desaparecidos, muchos de ellos trabajadores del campo; pero las autoridades nunca les informaron con certeza sobre su paradero.
Días después de las desapariciones, el ministro de Interior y Jusiticia, Néstor Reverol, mostró en rueda de prensa el supuesto éxito que su OLP había tenido en la región mirandina.
Pero en el caso las irregularidades sobran: el 21 de octubre de 2016 fueron liberados ocho de los 20 jóvenes detenidos. De acuerdo con los familiares, estaban en graves condiciones, ya que “fueron torturados y obligados a firmar documentos en contra de su voluntad sin haberlos leído”. Algunos de ellos no sabían leer ni escribir.
Luego de conocerse esto, y de las reiteradas denuncias de los familiares de los doce desaparecidos, el Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) se pronunció sobre el caso luego de que la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
El desenlace sucedió el 25 de noviembre de ese mismo año, cuando hallaron los cadáveres en dos fosas comunes en los municipios Acevedo y Brión del estado Miranda.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela emitió un comunicado en el que expresa “su más profunda consternación” por este caso en el que militares “que ejecutaban operaciones de reconocimiento y patrullaje para garantizar la seguridad […] incurrieron en el asesinato de varios ciudadanos”.
Por su parte, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol Torres, informó sobre el hallazgo; sin embargo no quiso admitir que las muertes se dieron en el marco de la OLP; por el contrario, detalló que tal operación fue desplegada luego de que los habitantes denunciaran desalojos arbitrarios “por parte de elementos generadores de violencia vinculados al paramilitarismo colombiano y a la delincuencia organizada”.
Ejecuciones extrajudiciales
De acuerdo con la ONG Provea, la denominada Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) dejó al cierre de 2016 al menos 850 ejecuciones extrajudiciales.
Y es que el pasado 16 de noviembre, la misma fiscal en el exilio, acusó en la Corte Penal Internacional de Justicia a Nicolás Maduro y a otros 4 altos funcionarios por crímenes de lesa humanidad.
Ortega Díaz explicó que en el marco de la OLP se cometieron crímenes de asesinatos, torturas y encarcelamientos. Afirmó que se entregaron más de 1.000 pruebas ante la CPI, entre las que destacan experticias y denuncias.
El informe con pruebas que entregó ante La Haya reza los nombres de Nicolás Maduro, los ministros Vladimir Padrino López y Nestor Reverol; Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y Antonio Benavides Torres, jefe de gobierno del Distrito Capital.
Las OLP fueron calificadas por el portal digital El Nuevo Herald como “El Escuadrón de la muerte”. Se trata de una iniciativa de Maduro que pretende disminuir la delincuencia, pero sin ningún tipo de control.
El plan de «seguridad» de Maduro, consta de una serie de redadas militares y policiales, durante el cual las autoridades han sido señaladas de cometer “masacres” y atentados contra derechos humanos en todo el territorio nacional.
Discusión sobre post