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Por Bernardo Henao Jaramillo
La muerte del señor Dimas Torres en circunstancias aún por esclarecer y en hechos ocurridos en Convención (Norte de Santander) fue el pretexto que se tuvo para dar comienzo y tramitar una moción de censura en contra del ministro Guillermo Botero, quien transmitió los eventos con inmediatez. Resulta entonces evidente que Botero no podía constar su ocurrencia ni las circunstancias de esa muerte.
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No obstante, no se aceptó ninguna de sus explicaciones y la plenaria de la Cámara de Representantes fue citada para el 15 de mayo con la finalidad de promoverle una moción de censura; pero en una decisión extraña, los peticionarios solicitaron en carta de mayo 14 de 2019 su retiro, argumentando tener conocido información relevante y grave relacionada con el objeto del debate.
La razón se vino a conocer prontamente. Un diario neoyorquino, en un informe precario y carente de objetividad que ignoró claras respuestas del Comandante del Ejército y escrito por el periodista Nick Casey del diario The New York Times, se aventuró irresponsablemente a cuestionar unos manuales operativos como una posible herramienta para incurrir la administración del Presidente Iván Duque en la reedición de los otrora denominados «falsos positivos».
¡Qué irresponsabilidad esa forma periodística de cuestionar y desinformar! Pero eso no es todo: hay periodistas en Colombia, parte del que se denomina «carrusel periodístico», que se dieron de inmediato a la tarea de difundir por sus medios, locales y nacionales, radiales, escritos y televisivos las denuncias del diario foráneo. ¿Cuánta equivocación y cuánto daño han causado a la Fuerzas Militares?
Incluso peor fue la encerrona en la que cayó el Gobierno Nacional, que, en su afán de quedar bien con todos, se apresuró a conformar una Comisión Especial de auditoría, integrada por los juristas Hernando Yepes, Mauricio González y Alfonso Gómez Méndez. «Les he pedido que la primera tarea sea, en los próximos 30 días, hacer una revisión de los lineamientos manuales y protocolos operacionales para que, como independiente, certifiquen y puedan examinar la coincidencia, coherencia y congruencia del comportamiento de la fuerza pública y sus lineamientos con las normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario», se expuso ante los juristas.
No cabe duda de que se trata de destacados profesionales pero ¿qué conocimiento y experiencia tienen para que sean los llamados a calificar el comportamiento de la fuerza pública? La creación de esa comisión civil es otra grave equivocación que afecta el honor militar. Esto desembocó en la pérdida del fuero militar, para que se los juzgara la Justicia ordinaria. Ahora bien, nadie imaginaba tiempo atrás que en un afán de atender solicitudes de la izquierda radical, se conduciría al cadalso a nuestros héroes, quienes hoy ya están ad portas de su condena pública por ese nuevo tribunal infernal de la JEP (que es, a su vez, creado por los exsubversivos en La Habana con una participación foránea).
Es pertinente indicar que esos manuales y protocolos que se pretenden revisar ya han sido examinados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), un organismo internacional que goza de gran credibilidad. Bastaba, si era el caso, explicar sus razones dentro de la normas del Ejército, pero someterlos al juicio de tres personas carentes de formación y estrategia militar es todo un despropósito.
Las causas de las muertes de líderes sociales que ocupan los diarios del país se tratan, en gran parte y debido las zonas geográficas en la que acontecen y a las circunstancias en las que se informan, de ajustes de cuentas por hechos predicables al narcotráfico que afecta esas zonas. Una muerte que involucra a un cabo del ejército, sin embargo, automáticamente es convertida en un antecedente para revivir los falsos positivos y difamar a una institución que goza de gran prestigio y reputación.
Las contradicciones del país son evidentes. Hoy se protege a Jesús Santrich y se le mantiene una investidura por el Consejo de Estado en decisión reprochable presuntamente prevaricadora (que se agrava cuando se acaba de conocer que la Corte Suprema ordena su liberación), mientras que al General Nicacio Martínez, con una impecable hoja de vida, se le prepara una investigación disciplinaria en su contra por presión internacional (con señalados cómplices nacionales que portaron y deshonran el uniforme militar), generando resistencia a su justo ascenso a General de Cuatro Soles, al que sobradamente tiene legítimo derecho por haber entregado su vida a la causa militar.
Pero ahí no paran las contradicciones. El país entero reclama seguridad. Quienes están prestos a actuar para brindarla, ahora deben proceder con vigilancia de todos los entes de control, comisiones, diarios locales y extranjeros, así como organismos internacionales. Ningún Ejército del mundo acepta tamaña forma de querer imponer y controlar sus Fuerzas Militares. Lo único que pretenden estas ataduras es mantener al Ejército en los cuarteles y no brindando seguridad. ¡Tremenda contradicción!
Los colombianos de bien no podemos permitir que se reescriba la historia para que los otrora facinerosos sentados inmerecidamente en el Congreso sean hoy los héroes de la patria. Aquí por siempre desde el grito de independencia, pasando por la liberación completa del yugo español de entonces, hasta la reciente derrota a las FARC que abrió paso a las negociaciones a medias de la paz, los verdaderos héroes de Colombia son las integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía, quienes no pueden ser mancillados en su honor y dignidad militar por periodistas foráneos afines al entonces grupo subversivo.
Bernardo Henao Jaramillo es abogado y presidente de la asociación Únete por Colombia.
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