La historia reciente poco conocida de Bolivia

Bolivia ha aparecido en innumerables titulares debido a su inusual (y polémico) contexto político. ¿Cómo se desencadenó tal situación?

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¿Cuál es el balance final de Evo en la historia reciente de Bolivia? (Foto: Flickr)

Por Esteban Arias Suárez

De manera muy similar a la que lo hace Cuba, Bolivia ha mantenido durante el siglo XXI una política exterior que oculta, o intenta ocultar, sus profundos problemas. Empezando por la corrupción, continuando con el cuidado del medio ambiente, siguiendo con el reconocimiento (que en verdad sería un uso y manipulación) de las poblaciones indígenas y culminando con el retroceso de la democracia producto de un gobernante autoritario que cooptaba las instituciones de su país e ignoraba la voluntad de sus ciudadanos.

El primer capítulo de este embuste es el referido al crecimiento económico de Bolivia. Lo primero que hay que describir son los hechos. Bolivia lleva más de una década creciendo a un promedio anual de 5 %, que es muy superior a países como Estados Unidos y el resto de los sudamericanos. Por otro lado, la pobreza extrema se redujo en más de la mitad durante los Gobiernos de Evo Morales (de 38,3 % a 15,2 %). La esperanza de vida, entre el 2005 al 2017, aumentó de 65,3 a 70,9 años.

Por el lado negativo, en cuestiones económicas, quedaron dos grandes desafíos para resolver en Bolivia tras los mandatos del Evo. El primero, que no es necesariamente una consecuencia de sus acciones, es que Bolivia es el país sudamericano donde un ciudadano se tarda más en encontrar empleo (7 meses). El segundo, que sí es una consecuencia de sus acciones, es que la inversión pública aumentó a tal nivel que duplicó a la inversión privada desde el 2013. Eso puede generar un problema que efectivamente sucedió: Bolivia terminó, hacia el año 2019 (por segundo año consecutivo), con el déficit fiscal más alto de Sudamérica y el más alto en Bolivia desde el 2002, según la fundación privada Milenio.

Ahora bien, los aspectos positivos a nivel económico de estos gobiernos se debieron a las exportaciones de gas natural (que le vende a Brasil y a Argentina), a las renegociaciones de contratos con las empresas extranjeras respecto a los hidrocarburos, al aumento de las reservas económicas del país y a la estabilidad social del país (esta última, al menos hasta antes de las protestas del 21 de febrero posterior al referéndum de 2016). Los medios internacionales han solido señalar esto como “el milagro del modelo económico de Evo”. Pero analicemos una por una, para tomar en cuenta también otras variables.

Respecto a la nacionalización de hidrocarburos, si bien es cierto que esta medida benefició a la economía boliviana, no es, precisamente, una iniciativa de Evo Morales. Este tema inició con un referéndum que llevó a una ley que se dio 2 años antes de que Evo asuma la presidencia por primera vez, y fue aprobado, con mucha oposición, por el presidente del senado cruceño, Hormando Vaca Diez, quien era opositor a Evo. Entonces, a Evo le tocó cosechar las diferentes formas de repartir las utilidades del gas.

El gran problema es que esta filosofía de nacionalización de una industria puede ser buena en el corto plazo para que tome piso una industria nacional, pero en el mediano y largo plazo, la ausencia de competencia internacional deriva en una discontinuidad de perfección de los bienes y servicios a ofrecer. Y Evo, no sabemos si consciente de eso, decidió, sobre todo a partir del año 2010, atropellar esta política de nacionalización con una política no para abrir el mercado a empresas extranjeras por igual o para elevar la libertad económica dentro de Bolivia, sino haciendo tratos diferenciados con algunas empresas transnacionales, generando (o aumentando) así un corporativismo (amarre político por ausencia de libre mercado porque algunas empresas reciben beneficios que ninguna otra recibe). De esta forma, Evo practicó un capitalismo de amigos impulsado por el Gobierno. Además de contraproducente, Evo ha hecho incoherente su discurso con sus acciones.

 

El segundo capítulo es el referido a para quién se gobierna y a la corrupción, que, tristemente, están relacionados. Cuando entró, Evo se dispuso a gobernar solo para los indígenas (o al menos, aparentar que gobernaba solo para ellos), dejando de lado toda una zona oriental de Bolivia, conocida como la nación Camba, cuya ciudad más famosa es Santa Cruz. Esta situación se vio socialmente empeorada en el oriente del país, cuando el censo nacional del 2011 señaló que, si bien un 38 % de Bolivia se autoidentificaba como indígena, había un 47 % que se autoidentifica como mestizo, mayoría para la cual no se gobernó.

Y decía, además, que para los indígenas se gobernó de manera aparente, más simbólica que real. La principal muestra de eso es el millonario escándalo sucedido con el Fondo Indígena en el 2015, de la cual 6,8 millones de dólares previstos para el desarrollo en zonas campesinas fueron dirigidos a cuentas de particulares y a otros 14 millones de dólares aún no se les encuentra el destino. La fiscalía, para esto, investigó a varios colaboradores del presidente Morales sin nunca acusarlo a él. Pero luego, estos 187 casos fueron archivados en diciembre del 2017. Otros escándalos de corrupción se sumaron a este como el de la empresaria Gabriela Zapata o la construcción de una nueva sede de Gobierno de Bolivia, que costó 36 millones de dólares.

El capítulo tres, más corto, es el referido a la Amazonas. Dos hechos resaltan. Uno es la aprobación de la construcción de la carretera del Tipnis que atravesaría partiendo en dos uno de los puntos con mayor biodiversidad de todo el Amazonas. Según un estudio realizado por la Fundación para la Investigación Estratégica en Bolivia, la carretera aceleraría la deforestación en el parque nacional en un 64 % en 15 años, cifra que supera el 43 % que habría si no existiera la vía. El segundo son los incendios sucedidos en el Amazonas en el año 2019, los cuales son, de algún modo, también responsabilidad de Morales (así como de la oposición), puesto que él decidió propiciar dos normas (que se aprobaron por unanimidad en el senado que Evo controla con dos tercios de los escaños) para el desmonte y quema de pastizales en la Chiquitanía, una extensa llanura en el sureste del país, para ampliar la frontera agrícola. Evo justificó sus actos y acusó, más bien, al cambio climático de provocar la tragedia.

Finalmente, el cuarto capítulo, igual de preocupante, es el referido al retroceso democracia. Este ha tomado forma mediante la cooptación de las instituciones del Estado por parte del Ejecutivo en manos de Morales y por el intento del presidente de prolongarse en el poder indefinidamente. La cooptación de instituciones, además de mediante los hechos que se detallan más adelante, se dio, supuestamente, con la utilización del poder judicial por parte del Ejecutivo para perseguir a opositores políticos.

De hecho, en abril del 2017, dos expresidentes y cuatro líderes de la oposición acusaron a Morales mediante un documento de ser perseguidos políticos y de que existían cientos de casos de opositores que se habían visto obligados a salir de Bolivia por pensar diferente o cuestionar a Morales.

 

Respecto a la perpetuación en el poder, Evo llega al poder en el año 2006 elegido por cinco años y sin derecho a reelección inmediata. Sin embargo, como crea una nueva constitución en el año 2009, en la que funda el Estado plurinacional, señala que el país se estaba renovando y que, por tanto, podía participar de las elecciones del 2009, de las cuales sale victorioso. Tras ello, a pesar de que la nueva constitución limitaba a dos mandatos consecutivos, Morales se presenta a una tercera candidatura en 2014 gracias a un fallo del Tribunal Constitucional que afirmó y utilizó la misma lógica de que Bolivia fue refundada con la nueva Carta Magna del 2009, y que por tanto Evo todavía estaba habilitado para un mandato más.

No contento, con ello, Morales insistió en buscar la validación para una cuarta postulación mediante un referendo celebrado en febrero de 2016, el cual rechazó la propuesta del mandatario de poder repostular. Sin embargo, el oficialismo no aceptó los resultados de esa consulta, alegando que la población votó engañada por una supuesta campaña de desprestigio contra el presidente promovida por la oposición. Fue ahí donde el mandatario señaló que reelegirse era un derecho humano. A pesar del rechazo de parte de organismos internacionales a esa afirmación, Morales presentó un recurso al Tribunal Constitucional (TC) para que algunos artículos de la Constitución sean declarados inaplicables y que se anulen otros de la Ley Electoral, para permitir su candidatura. Ante eso, el TC, presuntamente controlado por Evo, le dio vía libre a su nueva candidatura.

Finalmente, las elecciones se dieron en octubre del 2019 y, como muchos conocemos, se paró el conteo y después de 20 horas, señaló ganador a Morales sin necesidad de segunda vuelta. Tras una serie de eventos que describiré a continuación, Evo renuncia en noviembre del 2019.

Las causas de la renuncia de Evo fueron, principalmente, cuatro. La primera fue el informe de la auditoría de la OEA sobre la primera vuelta de las elecciones del 20 de octubre dondes se constataron graves irregularidades: falsificación de datos, manipulación del sistema de conteo de votos y fallas en la cadena de custodia de las urnas. Era matemáticamente improbable que Evo ganara la presidencia en primera vuelta. La segunda fue la presión en las calles que pasó de pedir nuevas elecciones a exigir la renuncia del mandatario. Esta polarización fue parcialmente liderada por el opositor Mesa y luego por Camacho. La tercera fue que la policía empezó a rebelarse y a decir que no reprimiría al pueblo, manteniéndose neutral en las posiciones de manifestantes pro Evo versus los manifestantes anti-Evo. La cuarta es que las Fuerzas Armadas dieron un anuncio público sugiriendo que el presidente renuncie. Ante esta última acción, surgió el debate de si se trató de un golpe de Estado.

 

Presentaré, a continuación, algunas posturas. Sí fue golpe de Estado si se entiende por este término que unas fuerzas armadas derroquen a un gobierno usando violencia o amenazando su uso. En Bolivia, la sugerencia puede ser entendida como una amenaza, entonces sí. No fue golpe si se sigue la postura de que hoy en día una protesta masiva no puede tener éxito sin el apoyo de los militares y que, por tanto, eso lo legitima. Sí fue golpe si se toma en cuenta que pudo haber una salida más constitucional debido a que Evo ya había aceptado que la decisión que tome la OEA sería vinculante y esta planeaba realizar nuevas elecciones y renovar el Tribunal Supremo Electoral (que eran demandas de la ciudadanía). No fue golpe si se piensa que, si bien no es el rol de las fuerzas armadas hacer un anuncio de ese tipo, estos tampoco han querido tomar el poder del ejecutivo.

En mi balance de los hechos, las fuerzas armadas no fueron los únicos actores que motivaron la renuncia del mandatario pero intervinieron como poder fáctico sin ambición de poder ejecutivo para algo considerado justo, que es la recuperación del orden constitucional y democrático. Ante este hecho, surge la pregunta: ¿es ético que se dé un medio poco constitucional (esta intervención de las FFAA) para un fin constitucional? En otras palabras, ¿el fin justifica los medios?

La respuesta a esta pregunta es complicada. Pero intentaré acercarme, sin sentir que lo exponga es la absoluta verdad, a una tentativa de respuesta. Considero que no es lo ideal lo sucedido con las fuerzas armadas no es ideal y debe exponerse que es algo criticable, que no debió suceder de ese modo. Pero, por otro lado, y entiendo por ende a quienes no juzgan estos actos, antes de salir a marchar por esa intromisión, había que salir a marchar para evitar la perpetuación en el poder de un político, como efectivamente se hizo. Se trata de que, ante situaciones no ideales, a las que América Latina nos tiene acostumbrada, hay que escoger el mal menor (aunque sin dejar de criticarlo), priorizando las críticas al mal mayor. En ese sentido, en Bolivia, la primera prioridad era romper esa estructura que su mandatario había formado durante 14 años.

Aún así, debo afirmar que las cosas no son blanco y negro, y que es nuestro deber como investigadores de la realidad social, política y económica, no asumir, si no es necesario, una postura extrema a favor o en contra. Es necesario revisar los datos y sacar conclusiones que rescaten ambas partes y todos los debates posibles. Falta mucho por expandir, por contar y por desmentir. Como ciudadanos latinoamericanos, tenemos el deber de investigar y difundir la verdad, para que un día se eliminen para siempre los Gobiernos autoritarios y dictatoriales de América Latina, y, en general, todos aquellos que no gobiernan para el servicio de todos sus ciudadanos.


Esteban Arias Suárez es politólogo de la universidad Antonio Ruiz de Montoya con interés en gestión de políticas públicas, política exterior, relaciones internacionales e investigación.

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