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Buenos Aires, 14 ago (EFE).- Argentina anunció hoy que suspenderá por seis meses la bajada de impuestos para los aceites y harinas de soja, en el marco de una serie de medidas que generarán un ahorro fiscal de 12.500 millones de pesos (422,36 millones de dólares) para 2018 y 53.000 millones para 2019 (1.790 millones de dólares).
En concreto, el Gobierno de Mauricio Macri, que tiene como objetivo la reducción del déficit fiscal tras el acuerdo crediticio firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), publicó este martes tres decretos en los que concretan las novedades respecto a los derechos de exportación a la soja, cultivo estrella de Argentina.
Por un lado, se mantiene la baja prevista en la alícuota de los granos de soja y se suspende por seis meses la bajada establecida para aceites y harinas de ese producto.
Según recordó el Ministerio de Hacienda en un comunicado, las alícuotas a la soja se vienen reduciendo de forma sostenida: desde el 35 % en 2015 para el poroto de soja al 26 % actual, previendo su convergencia al 18 % en diciembre del año que viene.
Respecto al aceite y las harinas, la alícuota se redujo desde el 32 % en 2015 al 23 % actual y también se prevé que converja al 18 % a finales de 2019.
Por otro lado, se reducirá un 66 % el monto total pagado en concepto de reintegros a la exportación, de acuerdo a un esquema diferenciado por producto.
Este tipo de devoluciones justifican su existencia en la vigencia de impuestos indirectos que se acumulan durante el proceso de producción y que no tienen una devolución al exportarse.
«La reforma tributaria y el pacto fiscal, que reducen los impuestos al cheque y a los ingresos brutos, generan el espacio para que dichos reintegros puedan ser reducidos», añade el comunicado ministerial.
Por último, se elimina el fondo a través del cual se transfería a Provincias y Municipios el 30 % de la recaudación de los derechos de exportación a la soja.
Este fondo fue creado en 2009, cuando las provincias solo recibían la cuarta parte de la recaudación de impuestos nacionales, mientras que ahora, según recuerda el Gobierno, las provincias han pasado a recibir un tercio de los recursos nacionales y continuarán aumentando su participación en los próximos años, por lo que se hace «innecesaria» la continuidad de ese mecanismo de compensación.
Estas tres decisiones, que generarán un ahorro fiscal de 12.500 millones de pesos para 2018 y 53.000 millones para 2019, integran el proceso de convergencia al equilibrio fiscal para 2020.
La relación del Poder Ejecutivo con los productores de soja ha tenido diversos roces en los últimos años, principalmente en marzo de 2008, cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) publicó una resolución con un nuevo esquema de impuestos a las exportaciones de granos.
Esta medida fue rechazada por el campo con cinco huelgas comerciales y bloqueos de carreteras en todo el país, que derivaron en el desabastecimiento de alimentos.
En medio de una gran polémica, esa resolución fue anulada en el Senado el 17 de julio de ese año, con el voto de desempate del vicepresidente del país, Julio Cobos, lo que supuso un duro golpe para el kirchnerismo.
Con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia, en diciembre de 2015, el nuevo mandatario eliminó los impuestos sobre las exportaciones de granos e implementó una baja gradual en las retenciones para las ventas al exterior de soja, por lo que la relación entre ambas partes cambió.
Sin embargo, en las últimas semanas, el campo ha advertido que el acuerdo entre el Gobierno y el FMI -por el que el organismo prestará 50.000 millones de dólares al país-, conllevará paralizar esta reducción de tributos a la soja.
