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México está diseñando un modelo fiscal para los nuevos contratos petroleros que permita atraer multimillonarios recursos para apuntalar la estancada producción petrolera y de gas, así como para generar una renta para el Estado que podría promediar al menos un 75%, dijo el viernes un legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El Gobierno promulgó en diciembre una profunda reforma energética que abrió las puertas a la inversión privada local y extranjera a áreas sensibles como la producción de hidrocarburos, reservada durante décadas al Estado.
No obstante, aún falta que el Congreso debata y apruebe una serie de leyes secundarias que normen el estratégico sector. Se espera que el Gobierno envíe las iniciativas de estas leyes en el próximo período de sesiones ordinarias, que iniciará el 1 de febrero y concluirá el 30 de abril.
Estas leyes, entre otras cosas, definirán el marco tributario que tendrán los diversos tipos de contratos que fueron aprobados, que incluyen licencias, producción compartida, ganancias compartidas y servicios.
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“Podemos estar pensando en que la renta entre aprovechamientos, derechos, impuesto, regalías, etcétera, del Estado mexicano va a andar promediando un 75, 80%, lo que promedia en el mundo, México no se puede salir de la competencia mundial”, dijo a Reuters David Penchyna, presidente de la comisión de Energía del Senado.
No obstante, el político dijo que aún se están analizando diferentes modelos y alternativas y que cada tipo de contrato tendrá sus propias características, por lo que no dio detalles concretos sobre tasas de impuestos, regalías o derechos para cada caso.
A nivel mundial la tasa impositiva promedio sobre utilidades netas para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos es de alrededor del 70%, según el Gobierno.
De acuerdo con cifras del Departamento del Interior de Estados Unidos, el promedio de la carga fiscal en ese país para proyectos en aguas profundas en el Golfo de México es de aproximadamente 50%, mientras que el promedio en Brasil en proyectos costa afuera está cerca del 70%.
“Las especificidades de cada contrato, en cada licitación, tendrá que tener una base legal en las secundarias (…) Se necesita de una legislación secundaria muy detallada para cuidar que esos recursos le generen la mayor renta posible al Estado y eso reclama certidumbre”, dijo Penchyna, senador del PRI.
Otro funcionario del alto Gobierno dijo que si bien es cierto que las legislaciones secundarias definirán el marco tributario de los contratos, la Secretaría de Hacienda lo definirá y “calibrará dependiendo de cada licitación y de sus condiciones geológicas, técnicas y económicas de cada campo”.
Respecto a una nueva legislación para definir la cantidad de contenido local de insumos y bienes en el sector energético, en el marco de la apertura del sector, Penchyna dijo que era uno de los aspectos más complejos que se están evaluando.
“Creo que la regla no puede ser general, estamos tratando de pensar e imaginar y establecer un tema de contenidos nacionales por rubros de inversión. Creo que tenemos que hacer una división inteligente para que la industria nacional tenga un espacio garantizado”, agregó.
El Gobierno mexicano espera con la reforma energética elevar la producción de crudo desde los actuales 2.5 millones de barriles por día (bpd) a unos 3.0 millones de bpd al 2018.
Fuente: El País
