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Este miércoles la organización Amnistía Internacional presentó su reporte anual 2016 en el cual señaló que en México persiste la impunidad respecto a las violaciones de derechos humanos mismas que son cometidas contra civiles, indígenas, mujeres, activistas y periodistas.
Respecto a las ejecuciones extrajudiciales en el reporte se indica que los ejecutores de este delito siguen «gozando de impunidad, esos delitos no se investigan adecuadamente». Por tercer año consecutivo, las autoridades de México no hicieron públicas las cifras de personas que murieron o fueron heridas en enfrentamiento con la policía y las fuerzas armadas.
En el tema de tortura, el informe indica que la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la Procuraduría General de la República informó que en 2016 se revisaron 4.715 expedientes por este ilícito en todo el territorio mexicano.
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Cinco agentes federales enfrentaron cargos por tortura luego de que se infiltrara un video en el que se aprecia mientras torturaban a una mujer según información de la Procuraduría General. Mientras que en el mismo 2016, un juez federal impuso una condena de 52 años de prisión a un miembro de alto rango en el Ejército de México por haber dado la orden en 2018 respecto a la ejecución de una operación en la que se torturó, asesinó y eliminó el cadáver de una persona en Chihuahua.
Sin embargo, según Amnistía Internacional «en la mayoría de los casos no se aplicaron los dictámenes forenses especializados de la PGR para supuestos de posible tortura; en 2016 habían más de 3 mil peticiones pendientes de tramitar, muchos de ellos sin un dictamen médico, por lo que las investigaciones no avanzaron».
En cuanto a las desapariciones forzadas el reporte indica que «las investigaciones de los casos de personas desaparecidas seguían adoleciendo de irregularidades y sufriendo demoras. En general, las autoridades no iniciaban inmediatamente la búsqueda de las víctimas».
En el informe también se destaca que al menos 11 periodistas fueron asesinados en México en 2016, además señala las amenazas, hostigamiento, intimidación, agresiones contra comunicadores y defensores de derechos humanos que persistieron durante todo el año mientras que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no dio la protección óptima a quienes se vieron afectadas.
Fuente: Animal Político
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