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El proyecto de ley que busca sancionar el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que es conocido como «Nica Act», fue presentado nuevamente este miércoles con una versión endurecida y con el respaldo de 25 congresistas de los cuales 15 son republicanos y 10 demócratas. El objetivo de esta medida es que el gobernante centroamericano realice cambios de fondo para que la democracia sea restablecida en ese país.
Los autores de esta iniciativa son los congresistas republicanos Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires, quienes buscan que Estados Unidos vote en contra de préstamos que el gobierno de Daniel Ortega solicite a organismos multilaterales lo que causaría «estragos económicos».
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En el mes de septiembre de 2016 se aprobó en la Cámara de Representantes la primera versión de esta iniciativa de ley, y en su informe oficial se describía que USD $50.00 de cada USD $100.00 que obtiene el gobierno de Nicaragua provienen del financiamiento externo de organismos multilaterales en los que el gobierno de Estados Unidos tiene un papel determinante.
Aunque Daniel Ortega tuvo un respiro en el 2016 cuando la primera versión no pudo ser discutida ante el Senado antes de que concluyera el período legislativo de ese año, la nueva versión presentada es más amplia y contiene más condiciones que debe cumplir el gobierno de Nicaragua para poder tener la aprobación de Estados Unidos en el tema de créditos.
Presente #NICAAct c @RepSires para asegurar q corrupción y abusos a #DDHH x #Ortega no prevalezcan en #Nicaragua https://t.co/uaXCjiguH1
— Ileana Ros-Lehtinen (@RosLehtinen) April 5, 2017
Una de las nuevas condiciones es que Daniel Ortega realice cambios sustanciales y creíbles en el restablecimiento de la democracia en Nicaragua, así como el combate efectivo a la corrupción, el brindar protección a representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), así como a la sociedad civil, el respeto a los derechos humanos, a periodistas, sindicalistas y que haya libre organización de partidos políticos opositores. La versión anterior solo mencionaba a organismos de sociedad civil y la creación de partidos políticos.
Sin embargo, esta iniciativa de ley contiene una excepción cuando la ayuda internacional sea para organizaciones de sociedad civil, así como para programas de democracia, gobernabilidad y derechos humanos.
“El Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) deberían dar prioridad a la asistencia del pueblo de Nicaragua para ayudar a la sociedad civil en los programas de democracia y gobernabilidad, incluidos los derechos humanos” indica el documento.
El «Nica Act» preocupa a la OEA
Esta medida que pudiera tomar el gobierno de Estados Unidos causó preocupación en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya que actualmente hay un diálogo abierto con el gobierno de Daniel Ortega y dentro de los compromisos que este ha adquirido es el mejorar el sistema electoral y aprobar la particupación de observadores internacionales en las elecciones municipales del próximo mes de noviembre.
“La Secretaría General de la OEA considera que el citado proyecto de ley, en el contexto de la presente legislatura, no constituye un aporte constructivo a los trabajos que el Gobierno de Nicaragua y esta Secretaría General vienen realizando en materia de cooperación para el fortalecimiento democrático, electoral e institucional en el país, que tienen como referencia directa los principios y valores de la Carta Democrática Interamericana”, indicó el organismo en un comunicado.
Mientras tanto, la administración orteguista ha calificado la medida como «injerencista»: “La ‘Nica Act 2017’ es una amenaza más, de las muchas que a lo largo de la historia se han cernido sobre Nicaragua, en el afán de las mentalidades imperialistas de apropiarse de nuestro país. Es un nuevo intento de concederse el derecho de intromisión destructiva en nuestros asuntos nacionales” expresó Rosario Murillo, primera dama y vicepresidenta de Nicaragua.
Fuente: La Prensa
