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El país uruguayo afrontará jornadas clave para su futuro, en el congreso se definirá si la Ley de Urgente Consideración (LUC), que incluye más de 501 artículos, una gran reforma estatal y un endurecimiento del código penal, será aprobada
El presidente uruguayo, Lacalle Pou, definitivamente va en contra de lo que el statu quo sudamericano jamás querrá tocar: tamaño del Estado y endurecimiento del código penal. Para lograr este cambio drástico de las políticas implementadas en el país durante los últimos quince años de frenteamplismo, su coalición deberá trabajar quirúrgicamente, hasta ahora, solo ha cosechado éxitos: acuerdos con gran parte de los ministros, alianzas con los partidos Colorados y Cabildo Amplio, y gambeta a la moción en el Senado del Frente Amplio.
“Hubo intercambios largos. Este no es un texto sagrado ni tiene que salir tal como lo envió el Poder Ejecutivo. Estamos buscando caminos de entendimiento. Es un trabajo inédito que nos pone a prueba”, dijo Jorge Gandini, Senador uruguayo y miembro de la coalición del actual gobierno tras una reunión con los ministros.
En la maratónica jornada del 28 de abril, la administración se alzó con dos triunfos clave: 1. Varios acuerdos y puntos en común con cinco ministros, y 2. Ganar en el Senado la moción que presentó el Frente Amplio para retirar la consideración de “urgente” al LUC. Es decir, es un hecho que en Uruguay habrá muchas jornadas maratónicas de discusiones para aprobar o no los 502 artículos presentados en la Ley Urgente de Consideración del ejecutivo.
La urgencia del proyecto de ley está urgente pese a la pandemia
Algunas de las críticas a Lacalle Pou son por mantener en carácter de urgente su propuesta de reformas en plena pandemia. Pero, muchos se olvidan de datos clave y fundamentales que explican por qué las reformas son urgentes: los últimos dos años el desempleo en Uruguay subió, la pobreza aumentó, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes del 2017 al 2018 pasó de 8 a 11; también creció el porcentaje de robos violentos y hurtos. En materia económica, Uruguay lleva dos años de contracciones en cuanto al PIB, del 2017 al 2018 bajó de 2,7 a 1,8 y del 2018 al 2019 de 1,8 a 1,5. En faceta educativa, solamente un 36,3 % de los jóvenes uruguayos terminan la secundaria en tiempo y forma. En el área fiscal, el déficit aumentó del 2,7 a 4,8 %.
Con los números se entiende y queda bastante claro que Uruguay – al igual que en el resto de países sudamericanos – necesita reformas reales y urgentes, básicamente porque las políticas del Frente Amplio vienen fracasando; y el COVID-19 planea causar mayores estragos en la economía. En ese sentido, la postura de Lacalle es muy clara: apertura económica al mundo y libre mercado. Lo contrario a lo que hace su vecino al otro lado del Río de la Plata: Argentina.
Alianzas vitales
Lo que ha logrado la coalición de gobierno es importantísimo, al final, son las alianzas políticas las que pueden hacer trascender a las buenas intenciones.
Aquí la coalición del partido Nacional logró captar y darles su justa importancia a los partidos Colorado y Cabildo abierto. Entre los tres partidos se consideró que las diferencias con la propuesta planteada por el gobierno no son por principios ni valores fundamentales; sino más bien en puntos específicos como la desconcentración del órgano del Ministerio de vivienda.
También es lógico que, para lograr una reforma como la plantea Lacalle, haya batallas donde tendrá que ceder y buscar ganarlas con el paso del tiempo.
75 días y cuatro días de sesión en el Palacio legislativo
45 días de estudio y análisis para el senado y 30 para Diputados, con jornadas de trabajo que van desde las 9.30 horas hasta las 19.00 (hora uruguaya).
En total, la iniciativa del gobierno contiene 501 artículos y una reforma gigante en el país. Los temas más importantes son el achicamiento del Estado, el endurecimiento del código penal, hacerle frente al déficit fiscal, controlar el gasto público (bajarlo) para mejorar el sentido de contraprestación.
Entre las reformas también se encuentran cambios en el funcionamiento de las empresas públicas que controlan sectores importantes como la electricidad, el agua, los combustibles o las telecomunicaciones. Al igual que se plantean derogaciones de más de sesenta leyes aprobadas por el Frente Amplio durante quince años. En este caso, las reglas del juego en el sector educativo cambiarían por completo.
Se considerarán debates en los siguientes temas: jubilaciones, ley de inclusión financiera, creación de un registro de violadores o la modificación de la política de áreas protegidas por razones medioambientales. La reforma planteada es enorme; nada de maquillajes.
COVID-19, crisis y oportunidad
El crédito que ha generado la administración de Lacalle Pou por el buen manejo de la pandemia es un punto a considerar. Uruguay, sin necesidad de mantener un modelo rígido y restrictivo de confinamiento, ha logrado mantener a raya la proliferación del coronavirus.
Esto dio espalda para sobrellevar las críticas hacia el ejecutivo desde sectores opositores de izquierda. Uruguay tiene una tasa de letalidad bastante baja, un buen número de recuperados (más del 50 %) y un gran número de testeos diarios si se considera el número de la población.
El coronavirus de Wuhan representa, además, una gran oportunidad para hacer las reformas necesarias en materia estatal y fiscal. En Argentina, este debate dentro de la sociedad está en auge, el gobierno de Fernández lo evita a toda costa.
Otro país que está bien al sur de América, Paraguay, también tiene la oportunidad histórica de hacer esos cambios estructurales necesarios. Pero las reformas deben ser claras y no un maquillaje como muchas facciones políticas pretenden y otras descaradamente evitan. Colombia también deberá evaluar su problema fiscal y estatal.
Uruguay parece ser el único país dispuesto a hacer un cambio digno y serio, como las circunstancias lo exigen.
Mayoría oficialista en las cámaras
Otro punto a favor de Lacalle Pou es que tiene la posibilidad de tener mayoría en ambas cámaras (senadores y diputados). EL Frente Amplio seguirá intentando truncar el proyecto de ley, pero le será muy difícil si las coaliciones opositoras coloradas y cabildo abierto van en sintonía con el gobierno.
El Frente Amplio considera este proyecto inconstitucional y peligroso para la democracia de ese país, pues alegan que esta evaluación de más de 500 artículos deja un “antecedente peligroso”. También un “atropello” a la separación de poderes.
En Uruguay se está dando una gran batalla en las ideas liberales
El contexto actual habría limitado a más de un mandatario, pero Lacalle Pou fue pragmático, decidió abrazarse en él y dejar bien en claro qué clase de presidente intentará ser. Uno que cree en la responsabilidad y la libertad.
Uruguay ahora pelea en dos frentes, uno contra el enemigo invisible que atenta contra la estabilidad mundial, el COVID-19, el otro es en la trinchera de las ideas. Son justamente los principios del actual presidente uruguayo los que pueden lograr una reforma estatal que quedará en la historia del hemisferio. Yendo en contra del establishment y el statu quo sudamericano buscando cambiar las reglas del juego para volverlas más justas y competitivas.
El posible éxito uruguayo puede marcar un antes y un después, sobre todo en el sur de la región, la influencia que pueda tener el gobierno Lacalle en Paraguay o Argentina se puede trasladar al resto de una región necesitada de ideas renovadas para acabar de una vez por todas con el mayor de nuestros males: la pobreza y el eterno subdesarrollo. Una vez conseguidas estas, tendremos una región mil veces más justa que la actual.
