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El juzgado 37 penal del Circuito en la ciudad de Bogotá dictó sentencia de 8 años y 10 meses de cárcel contra los hermanos Luis Fernando Figueredo Cagüeño, Johnatan Figueredo Cagüeño, Carlos Felipe Figuredo y Williams Alexander Molina Figueredo, declarados como falsas víctimas de la masacre de Mapiripán, Meta, al oriente de Colombia.
El juez penal determinó que los hermanos que obraron como falsos testigos dentro del proceso de Mapiripán incurrieron en delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, concurso con fraude procesal y estafa agravada.
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Los sentenciados aceptaron su culpabilidad en la comisión del delito y así obtuvieron una rebaja del 50 % de la pena. Además, el juzgado estableció una sanción pecuniaria a los imputados por más de USD $17.000 al Estado por concepto de detrimento.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había ordenado el pago de una indemnización en 2012, por la muerte Wilson Molina Pinto en la Masacre de Mapiripán, ocurrida en el año 1997 y llevada a cabo por miembros de las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC).
Por la certificación de esta muerte y la calidad de víctimas se les reconoció un monto de USD $345.000, pese a esto, las autoridades colombianas descubrieron al presunto difunto viviendo en la ciudad de Villavicencio disfrutando del dinero que recibió su familia por su muerte.
La masacre de Mapiripán es como se les conoce a los hechos ocurridos entre el 15 y 20 de julio de 1997 en el municipio Mapiripán del departamento del Meta, en la que murió un número no determinado de personas en manos de grupos paramilitares (AUC).
La CIDH condenó al Estado colombiano por la participación conjunta entre miembros del Ejército colombiano e integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia en la Masacre.
En el año de 1999 el general Uscátegui Ramírez fue acusado por omisión impropia de los homicidios agravados y secuestros, siendo en ese momento comandante de la Séptima Brigada del Ejército en Villavicencio, por la masacre que cometieron los paramilitares en aquel municipio. El general condenado a 37 años de cárcel por dicha masacre, salió en libertad este mes de mayo bajo la Jurisdicción Especial Para La Paz (JEP).
En 2016 las hermanas Pinzón López pidieron perdón al general Uscátegui Ramírez por el mismo motivo, por obrar como falsos testigos en el marco del proceso de Mapiripán, y fueron acusadas por falso testimonio, fraude procesal, estafa agravada y enriquecimiento ilícito. Las hermanas aceptaron haberse apropiado de más de USD $690.000 por ser constituidas como víctimas de la masacre.
El hijo del general Uscátegui, quien ha liderado una batalla judicial en defensa de su padre, afirmó que “Con falsas víctimas, falsos testigos y falsos victimarios como el general Uscátegui, no hay justicia en Colombia.”
Fuente: El Espectador
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