De acuerdo con un estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en Colombia cada día se emiten alrededor de quince normas y tres decretos, lo que genera inestabilidad en las reglas de juego e inseguridad jurídica para el sector público y privado.
Mayoritariamente los ciudadanos desconocen las reglas que deben seguir y cumplir, muestra de ello son las empresas e inversionistas, viéndose representado en un menor crecimiento económico del país.
- Lea más: Colombia: para exmagistrado la justicia especial del acuerdo Santos-FARC sustituye a la Constitución
Uno de los objetivos es regular este entramado normativo, el DNP tiene planteado a largo plazo crear estrategias para mejorar la competitividad en el país.
Esa estrategia incluye cinco componentes: ordenamiento del territorio, logística, infraestructura, eficiencia del gasto público y mejora regulatoria.
Para cada uno de los ejes se viene ejecutando un programa encaminado a reducir los costos y mejorar la eficiencia de las empresas y del sector público para contribuir a una mejor calidad de vida de los ciudadanos, señaló el director de la entidad, Luis Fernando Mejía.
El funcionario explicó que en el eje de infraestructura se viene realizando el desarrollo de obras 4G y el plan maestro multimodal. En la parte de logística se pretende reducir los costos logísticos y lo relativo al ordenamiento del territorio hay avances en catastro multipropósito y planes de ordenamiento territorial modernos.
Sobre el gasto público, indicó que el propósito recae en mejorar la eficiencia a través de un nuevo esquema de subsidios. En este sentido, la implementación del análisis de impacto normativo sin duda debe mejorar la calidad regulatoria del país.
Tras realizar un análisis sobre producción normativa en el país, la entidad llego a la conclusión que existe una inflación legislativa, esto quiere decir, un exceso de normas necesarias, generando un efecto negativo para empresarios e inversionistas, al ser afectados por cambios repentinos en las reglas de juego, en perjuicio de la actividad económica que desarrollan.
“Estamos implementando un análisis de impacto normativo para definir paso a paso cómo se emite una norma, cuál es el problema que se quiere resolver, cuáles son las alternativas que tienen los reguladores y, sobre todo, cuál es el costo beneficio de esa regulación”, indicó.
Fuente: La República