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En Colombia cada vez se hace más grande la presencia de disidencia de las FARC. Mientras el Gobierno calculaba que este grupo estaba conformado por 600 integrantes, estos realmente serían 1.400 y tendrían presencia en 60 municipios del país.
De acuerdo con informes del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC), Fundación Paz y Reconciliación e Ideas para la Paz, este número podría aumentar si no se acelera el proceso de implementación de los acuerdos desde el Congreso de la República.
Y es que los ataques por parte de las disidencias se han recrudecido, muestra de ellos es la muerte de seis excombatientes de las FARC, quienes fueron asesinados por hombres armados el pasado domingo 15 de octubre en San José de Tapaje, localidad de Isupí, municipio de El Charco, Nariño.
Todo indica que los disidentes de las FARC aprovecharon que los excombatientes del grupo guerrillero fueron llamados a una reunión, en donde un grupo de hombres armados los ultimó. El hecho fue confirmado por Ramiro Cortés, excombatiente que ahora hace parte de la dirección nacional del movimiento político FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común): “Ellos hacían parte del proceso. Sabemos que fueron citados a una reunión y ahí fue cuando los asesinaron el pasado domingo”.
A través de una misiva dirigida al presidente Juan Manuel Santos, el partido político se refirió a la muerte de los 6 miembros del grupo guerrillero a manos de las disidencias de las FARC en el que, según informes, sostienen que el hecho involucra a hombres de la Fuerza Pública. Las versiones iniciales indicaban que se trató de un enfrentamiento entre disidencias de las FARC.
“Llaman la atención, hechos como los ocurridos recientemente en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, en los que perdieron la vida por lo menos 6 campesinos y otros más resultaron heridos, cuando protestaban por el incumplimiento de los compromisos del Gobierno contenidos en el punto 4 de los Acuerdos de La Habana, y que como todo lo indica, involucra responsabilidad de efectivos de la Fuerza Pública, según los informes, hasta ahora conocidos, de la Defensoría del Pueblo y otros entes investigadores; a lo que debemos agregar el asesinato de reconocidos líderes comunitarios en la misma zona”.
Alzamos nuestra voz de indignación. Nuestra voz de rechazo frente asesinato de 6 integrantes de la FARC. https://t.co/kzQfdJSREw
— Rodrigo Londoño (@TimoComunes) October 19, 2017
En el comunicado denuncian que desde antes se venía alertando sobre estas amenazas “ante la composición tripartita del mecanismo de monitoreo y verificación donde tenía asiento representación del Gobierno– desde el mismo momento en que se detectó cuando transcurrían los días de la ZVTN. Pero no pasó nada, y ahí están las consecuencias”.
En el documento también se señalan que la paz y la reconciliación en el país aún tiene “enemigos poderosos” a quienes no les importa entorpecer el proceso de implementación de los acuerdos, ni pierden oportunidad para “sembrar cizaña y tratar de sabotearlos”.
En un reportaje de Salud Hernández Mora, ganaderos de la zona norte del departamento del Caquetá vienen denunciando el pago de “vacunas” exorbitantes a disidencias de las FARC. Al parecer solo “cobran” los dineros a gente foránea, no a los colonos del lugar para ganarse a los pobladores de aquellas zonas rurales. Anteriormente, las FARC cobraban por cada cabeza de ganado, ahora la disidencia no lo hace.
“Creímos que con las Farc desmovilizadas se acababan esos grupos y estábamos felices, pero se fueron, no llegó el Estado y ahora tenemos a la ‘incidencia’ (así llaman muchos a la disidencia)”, explica un campesino de la zona rural de Malvinas. Añade que cree que más adelante empezarán a “vacunarlos” (extorsionarlos).
Quienes son llamados a cancelar de manera obligatoria la extorsión a los disidentes frentes Tercero y Jorge Rincón, bloque Jorge Briceño de las nuevas FARC-EP, son comerciantes, ganaderos, transportistas, lecheros, hoteleros y otros empresarios que residen en la cabecera municipal de San Vicente del Caguán, localizada en el departamento del Caquetá.
Pese al temor que generan, siguen rigiéndose por la normatividad cimentada por las FARC, y la comunidad les pide “control social” de las zonas a falta de presencia institucional como Policía Nacional o Ejercito, tal argumento fue siempre esgrimido por miembros de las FARC.
“En las reuniones con ellos, la gente les propone que acaben con los ladrones y marihuaneros”, apunta un campesino. “Alguien tiene que imponer el orden, Ejército o guerrilla. Y como la Policía y el Ejército no actúan, la gente recurre a la guerrilla”, agrega un presidente de junta de acción comunal.
El fenómeno de ocupación o “cambio de brazalete” es latente en diferentes puntos del país, los disidentes se han hecho cargo de estas zonas por temor a la delincuencia común, tala indiscriminada de árboles o cualquier factor que altere el ritmo de vida. Las disidencias creen que el Gobierno no cumplirá con lo pactado, por ello siguen en “pie de lucha”.
Por qué aun hay disidencias en el pais
Panam Post habló con un analista político colombiano que pidió no revelar su nombre y aseguró que el acuerdo de paz en el punto 3, que versa sobre terminación del conflicto, específicamente en el punto 3.2, que habla sobre la incorporación de excombatientes de las FARC a la sociedad, tiene dos aspectos principales: 1) la incorporación política del partido que determina las garantías políticas para las FARC y 2) la reincorporación socioeconómica.
“Esa reincorporación socioeconómica que principalmente tiene que ver con proyectos productivos y educación, eso solo beneficia a los combatientes rasos, es decir, a los más pobres y el partido político beneficia a los altos mandos. ¿Qué pasa ahí? El rango medio no se ve beneficiado, ellos hacen un cálculo que les va mejor siguiendo en el narcotráfico y al aprovechar el boom de la cocaína en el país pueden valerse de eso. Además, los rangos medios cuentan con el conocimiento de rutas de narcotráfico, hombres disciplinados y con un respaldo popular de base social”.
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Y agregó, “Por otra parte, hay un cuerpo de las disidencias que está vinculando con el narcotráfico que al hacer el cálculo económico creen mejor estar ahí y hay otro grupo que en realidad no son disidencias, sino que siguen estando bajo estrictas órdenes de las FARC, hay una hipótesis muy establecida que las FARC han sido tan fuertes que tienen un mando militar”, explicó el analista.
Las zonas en el país que cuentan con más presencia de disidentes de las FARC son Antioquia, Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo. En este sentido, los analistas han señalado que se requiere una lucha más afianzada contra el narcotráfico y presencia del Estado en zonas que presentaban control territorial por parte de FARC para así impedir el aumento exponencial de disidentes.
Fuente: Noticias RCN, El Tiempo.
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