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El Gobierno de Juan Manuel Santos tuvo que acudir a instancias internacionales para la aprobación de un nuevo crédito para el posconflicto. Esta vez se aprobó un préstamo por USD $400 millones para el Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Integral a través del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Los recursos del préstamo serán ejecutados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) “se asignarán a la financiación de apropiaciones presupuestales» del Gobierno colombiano. Además, según fuentes de la CAF, el dinero otorgado como prestamo al Gobierno de Colombia servirá para implementar políticas que permitan «impulsar el desarrollo social y mejorar la productividad del campo”
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Con este crédito ayudamos a modernizar el campo colombiano en el posconflicto #SectoresProductivos https://t.co/WkObWuuEWD
— CAF (@AgendaCAF) November 8, 2017
El organismo financiero señaló que será el mismo Gobierno quien administre los recursos a través de apropiaciones presupuestales de carácter prioritario. “Con este crédito estamos contribuyendo a modernizar el campo colombiano y a reducir las brechas de desarrollo entre las zonas urbanas y rurales que se originaron después de más de cincuenta años de conflicto armado. Este tipo de iniciativas son vitales para lograr un crecimiento inclusivo que beneficie a todos los colombianos, especialmente a aquellos en situación vulnerable”, aseguró Luis Carranza, presidente ejecutivo de CAF.
Una de las mayores disputas en Colombia es la asignación de tierras. Según las FARC, el país padece una acumulación inequitativa, por lo que propusieron su ideología en la Ley de Tierras. Sobre el tema del agro hace meses las FARC objetó los cambios que tendría la reforma rural. De acuerdo con los líderes de ese movimiento, se está ignorando el objetivo central de lo pactado en La Habana. Mediante un comunicado explicaron que ellos ya habían llegado a un acuerdo en esa materia con el Gobierno, pero que este sufrió modificaciones que no corresponden a lo acordado y que, además, trae cambios que van en contra del objetivo de la iniciativa.
“La versión amañadamente radicada amplía los beneficios a grandes propietarios a través del otorgamiento de derechos de uso. Adicionalmente limita la participación comunitaria que se había previsto. Con este acto tramposo, el Gobierno no solo traiciona el acuerdo final de paz sino a los campesinos y campesinas”, manifestaron.
Por otra parte, el pasado 16 de agosto, la Corte Constitucional citó a Audiencia pública de control automático de constitucionalidad sobre el Decreto Ley 902 de 2017, por el cual se establecen las nuevas disposiciones que cambian el destino del agro en Colombia concretadas en el punto 1 denominado Reforma Rural Integral: “hacia un nuevo campo colombiano”, según el alto tribunal hay varios puntos de desencuentro tras la propuesta pactada entre Gobierno y FARC.
Este Decreto permite en sus artículos 6 y 36 legalizar la acumulación de unidades agrícolas familiares (UAF) y baldíos prohibida en Ley 160 de 1994. Algunos sectores que se oponen al acuerdo han señalado que esta reforma permite la expropiación de tierras de manera indiscriminada, así como el lavado de activos.
En ese sentido, el Decreto dispone que acumular baldíos antes del año 1994 no constituye un acto ilegal. Tampoco lo es si los adquiridos después de ese año no tenían en sus registros la prohibición expresa de ser acumulados.
El último boletín del Banco de la República sobre deuda Externa en el país de enero a junio de 2017 registra un saldo de USD $ 120.741 millones, este valor corresponde en un 86 % a créditos con vencimiento original mayor a un año y un 14 % a créditos con vencimiento igual o menor a un año. Conjuntamente esta cifra representa el 39,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) y con un aumento de USD $ 588 millones de dólares a la fecha. el saldo de la deuda externa corresponde principalmente a préstamos y a títulos de deuda. Asimismo, el aumento en el saldo se explica por el incremento del endeudamiento de corto plazo en USD $2.090 millones (14,3%) compensado parcialmente por la reducción del endeudamiento de largo plazo en USD $1.501 millones (1,4%). Por otra parte, el saldo de la deuda externa pública representa el 58% del total y la del sector privado el 42%.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) estima que los análisis elaborados para la etapa de posconflicto tendrán una duración de al menos diez años y que tendrá un costo aproximado a los USD $ 4.6971 billones ($ 90 billones de pesos) en el mismo periodo, esto significaría una inversiones anual de USD $ 469.7 millones ($ 9 billones de pesos) en promedio durante una década.
Fuente: Dinero
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