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Colombia: amnistía sobre terrenos baldíos en Acuerdo Santos-FARC genera rechazo

By: Felipe Fernández - May 15, 2017, 4:10 pm
El borrador en su artículo 37 dispone que acumular baldíos antes del año 1994 no constituye un acto ilegal. (Twitter)
El borrador en su artículo 37 dispone que acumular baldíos antes del año 1994 no constituye un acto ilegal. (Twitter)

El diario El Espectador, en uno de sus reportajes, advierte que el borrador de La Ley de Tierras producto del Acuerdo Santos-FARC sobre acumulaciones indebidas de tierras después de 1994 podría pasar inadvertida.

El borrador en su artículo 37 dispone que acumular baldíos antes del año 1994 no constituye un acto ilegal. Tampoco lo es si los adquiridos después de ese año no tenían en sus registros la prohibición expresa de ser acumulados.

El Ministerio de Agricultura decidió dividir el proyecto de reforma rural, por una parte, se tienen los instrumentos básicos para acceder a la tierra e incentivos según lo pactado entre el Gobierno Nacional y las FARC en La Habana y por otro lado, un proyecto de Ley que aborda lo relativo a los temas de fondo, asignación de sujetos del plan de distribución de tierras, seguridad jurídica y el complicado tema de tierras baldías y su acumulación.

Una de las mayores disputas en Colombia es la asignación de tierras. Según las FARC, el país padece una acumulación inequitativa, es por ello que propusieron su ideología en la Ley de Tierras.

Según la Ley 160 de 1994 por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, mediante la cual se introduce uno de los conceptos que rigen la propiedad privada en el país: la unidad agrícola familiar (UAF), esta figura permite considerar la extensión de tierra mínima en Colombia para que una familia campesina subsista y tenga una vida digna.

 

Esto significa que poseer más de una UAF en terrenos de origen baldío es una acumulación indebida.

Esta discusión que tuvo lugar en 2003 hecha por senadores de izquierda, denunciaron que el mayor acumulador de baldíos en el país es por empresas del sector privado.

Los congresistas denunciaron que compañías como Riopaila, Cargill, Manuelita, Brigard & Urrutia o la Poligrow habían violado la prohibición de acumular tierra que debía destinarse a campesinos pobres.

Ahora, la deliberación del borrador de la Ley de Tierras sigue siendo objeto de críticas por parte del grupo guerrillero, ya que la ley sigue con un propósito “de persistir en ese ciclo de victimización e inequidad extrema”, advierte un vocero de las FARC.

Inicialmente en el Acuerdo Santos-FARC se contemplaba una indemnización por acumulación indebida de predios UAF. Sin embargo, en el nuevo borrador del proyecto de ley eso desaparece y dificulta la distinción de acumulación indebidas después de 1994.

Al parecer notarios y registradores del país no cumplieron las exigencias adoptadas en la Ley 160 la cual estableció que los bienes de origen baldío contuvieran, en sus títulos de adjudicación, su naturaleza jurídica y, por tanto, la prohibición de acumulación.

“La negligencia de los funcionarios del Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, liquidado), en no expedir las certificaciones de no violación a la Ley 160. no puede ser el paraguas que cubra la amnistía de la acumulación de UAF con origen de baldíos”, asegura Yamile Salinas, consultora de Indepaz.

Según Jorge Enrique Vélez, exsuperintendente de Notariado y Registro, “tiene que ser el tema de formalización, titulación y productividad, y no se puede tocar la propiedad privada”. Y agrega: “Si queremos que los ocupantes de baldíos sean propietarios y no les damos confianza en el régimen de propiedad privada, generaremos otra guerra más grande”.

“El núcleo del debate es la distribución de la tenencia de la tierra rural con vocación agropecuaria. La evidencia en nuestro país muestra un alto índice de concentración inequitativa de la tierra”, opinó Andrés Ocampo, exdirector de procesos agrarios del Incoder. Una tesis soportada en datos como los que arrojó el Censo Nacional Agropecuario, según el cual el 69,9 % de las unidades productivas en el área rural son inferiores a cinco hectáreas y ocupan menos del 5 % del área total censada. En contraste, sólo el 0,4 % de las unidades tiene 500 hectáreas o más, pero son el 40,1 % del total censado.

Al contrario, Yamile Salinas propone rechazar cualquier tipo de legalización de acumulaciones:

“impide documentar fenómenos de violencia, corrupción, proyectos económicos y estrategias de despojo disfrazadas de negocios legales, que propiciaron la acumulación de UAF o la ocupación ilegal de baldíos, ampliamente denunciados por la Corte, la Contraloría y la Superintendencia de Notariado y Registro, entre otras entidades”.

Fuente: El Espectador

Felipe Fernández Felipe Fernández

Felipe Fernández reporta desde Colombia para el PanAm Post. Estudia Derecho en la Universidad La Gran Colombia sede Armenia. Síguelo en Twitter: @Ffernandezp

Partido Socialista de Chile ratifica el libre mercado

By: Andrea Kohen - @AndreaKohen - May 15, 2017, 3:41 pm
(PSD)

5 meses demoró la investigación que hace pocos días dio a conocer el canal chileno Mega. En el reportaje se expone meticulosamente el enriquecimiento de los partidos políticos de Chile, pero en particular se centra en los negocios e inversiones del partido socialista. Sí, socialista, ese que en su declaración de principios establece la instalación del Estado como supremo gerente de la vida de todos cada uno de los aspectos que importan. Lea más: Chile: expresidente Sebastián Piñera negó esconder fortuna tras declarar patrimonio de USD $600 millones Lea más: Eliminar los préstamos para universitarios en Chile sería un duro golpe a la clase media Ya no es secreto que los dineros que se manejan en política son estratosféricos y que esto resultó ser un muy buen negocio, pero de todo esto surgen preguntas muy válidas que vale la pena darse el tiempo de pensar y responderlas. En primer lugar, ¿es legítimo el enriquecimiento del partido socialista así como de cualquier otro? También es posible preguntarse ¿necesita la política chilena financiamiento público? Y por último ¿por qué como mensaje es tan importante lo que ha revelado la investigación con respecto al dinero del partido socialista? La primera pregunta requiere cierta plataforma histórica para ser respondida. El partido socialista, así como otros, durante el periodo del gobierno militar, dejó de operar abiertamente. La dictadura impuso una veda total al ejercicio de la política a través de grupos intermedios. Solo existía el poder y el ciudadano. Cuando se reinstaura el sistema democrático oficialmente en el año 1990, los partidos que ya estaban volviendo a existir desde hace un par de años atrás (1988 ya contaba con partidos que patrocinaron la creación de la concertación de los mismos con el objeto de sacar del poder a la dictadura y restablecer la democracia) recibieron una indemnización por los años de clausura. El partido socialista recibió la no despreciable suma de CHI$7 mil millones de pesos equivalentes a aproximadamente USD$14 millones. Otros partidos también recibieron indemnización, pero el caso del PS es especial porque dichos dineros no solo compensan el cierre de operaciones, sino a aquellos desaparecidos y muertos que durante el régimen militar se generaron. Es una indemnización por vidas además de las operaciones mismas. En este contexto, la respuesta a la pregunta es sí. Categóricamente, sí, pues es no solo legítimo que el partido haga multiplicar los recursos de manera que la pérdida de aquellas personas que según ellos lo dieron todo por rescatar la democracia, tenga algún sentido, ya que con la multiplicación de los dineros se puede seguir operando y encontrando espacios para llegar al ideal político que representan. No se trata de lograr o no la prosperidad pues el socialismo en su misma declaración de principios dice creer en la prosperidad. El problema entonces es el cómo, ya que para un socialista de verdad no todos los medios habrían de ser legítimos. El partido ha hecho inversiones millonarias en distintas empresas, pero llama la atención el gran porcentaje invertido en SOQUIMICH(Sociedad Química y Minera de Chile), empresa que durante el periodo militar fue dada por el mismo Augusto Pinochet a su yerno Julio Ponce Lerou (ahora ex yerno) y que ha enriquecido a este último de gran manera. Ahí está el dilema para los socialistas que con vehemencia llenan sus discursos de odio a la dictadura y sus resultados en la sociedad, pues al asociarse con el mismo sello de los movimientos dictatoriales de Augusto Pinochet, no solo validan lo que este último legó, sino que trivializan aquel sacrificio de vidas del que tanto hablan haciendo de estas inversiones una nueva versión de “diamantes de sangre”. El “cómo” importa para un partido como el socialista, no todo vale. Además de varias inversiones en otros negocios que explicarían el lapidario silencio del partido frente a casos de corrupción y fraude como el caso cascadas (estafas piramidales en esencia) donde ellos mismos tenían inversiones, o las presiones de gobierno al poder judicial y al servicio de impuestos internos para que deje de querellarse por boletas ideológicamente falsas justo cuando le toca al partido socialista dar cuentas. Es que obviamente no se muerde la mano que te da de comer, por lo tanto no se molestará al socio Julio Ponce Lerou. Más grave aún es que la presidenta Michelle Bachelet, que milita en el partido socialista, a través de sus ministros haga presión para evitar la exposición de su partido y el dilema moral que este tiene, pues es evidente que los mismos financiamientos que operan para el partido, sirvieron para su precampaña. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1459522593195-0'); });   La segunda pregunta tiene respuesta mixta. Es sí y no. Los partidos políticos más antiguos que recibieron indemnización y que evidentemente han multiplicado sus haberes, no necesitan que una buena partida de los impuestos se desvíe a financiarlos, pero luego se levanta el dilema con los partidos nuevos.  El punto es que ninguno debería ser financiado por recursos públicos, pues con sus militantes que creen en sus propuestas, deberían financiar todos sus movimientos, pero en especial partidos como el socialista, que han incrementado su patrimonio tan gigantescamente, no necesitan más apoyo estatal. Por último, el mensaje final que deja el partido socialista en esta grave crisis de imagen que le afecta hoy, es que el modelo sí funciona. El dilema es para ellos que en el punto 5 de su declaración de principios cuestionan el capitalismo y su legado y proponen reemplazarlo, ya que es el modelo de libre mercado el que les ha permitido enriquecerse y seguir operando en la comodidad de la abundancia. En el fondo ratifican que el modelo sirve para enriquecer y sacar de la pobreza. Han invertido en él y han demostrado empíricamente que pese a todos sus delirantes discursos que bordean en lo apocalíptico, el modelo que tanto dicen detestar, funciona y ellos son la evidencia. Nada más contundente para rescatar al país de los aires populistas que lo llenan por estos días. Ni el frente amplio ni el socialismo o comunismo han podido en la práctica sacudirse el modelo que odian, porque en el fondo y en la realidad, es el único que funciona.

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