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El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, al posesionar a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP) sostuvo que en esa jurisdicción no habrá impunidad con relación a los delitos más graves acontecidos en el conflicto armado.
Este lunes el presidente Santos en su alocución presidencial posesionó a 30 de lo 38 magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP), luego de que se radicara un régimen de inhabilidades los togados restantes están a la espera de que la Corte Constitucional se pronuncie al respecto.
El fantasma que rodea esta justicia especial es que si podría otorgar impunidad frente aquellos actores que cometieron delitos de lesa humanidad. Santos ha enfatizado que la JEP no será una corte de impunidad y mucho menos una corte al servicio de las FARC.
“Hay crímenes tan graves que ni la ley ni nuestra consciencia nos permiten amnistiar, los graves crímenes de guerra, el genocidio, y en general las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, todos estos delitos, serán juzgados y sancionados por la nueva jurisdicción”, explicó el mandatario.
Lo que si es cierto, es que a la fecha los líderes de la exguerrilla se encuentran en el juego democrático aún sin haber sido juzgados por esta jurisdicción, además, podrían cumplir la sanción impuesta y ejercer cargos de elección popular a menos que sea incompatible la sanción con la función ejercida.
De igual forma, el mandatario colombiano reiteró el blindaje jurídico otorgado por la Corte Constitucional al acuerdo con las FARC, mientras unos pretender modificarlo y hacerlo trizas este cuenta con protección por tres periodos presidenciales consecutivos.
“Los acuerdos ya no tienen vuelta atrás a pesar de que algunos políticos quieran lo contrario”, y agregó, “Las víctimas quieren más la verdad que ver a sus victimarios tras las rejas. A las víctimas les sirve más la reparación que la venganza”.
La posesión de los magistrados hasta el momento no es clara, porque no se cuenta con una decisión de fondo por parte de la Corte Constitucional. Algunos sectores políticos en el país han señalado que el Gobierno se apresuró a nombrar a los magistrados antes de la entrada en vigor de la Ley estatutaria de la JEP que despejaría el tema de las inhabilidades. No obstante, otra de las críticas, es que la Secretaría Ejecutiva de la JEP recibió el año pasado donaciones por USD $ 4,7 millones de dólares por parte de siete países y gastó en su funcionamiento USD $ 3,7 millones de dólares. Todo este dinero utilizado no ha sido garantía de poner en marcha a este componente judicial del sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición acordado en el texto con las FARC.
De otro lado, entre las diferentes tareas que deberá ocupar a los magistrados es darle prioridad a Ley de Amnistía, puesto que hasta ahora esta función ha estado en manos de jueces penales, pero que pasará al nuevo tribunal especializado.
Mientras tanto, el exprocurador y precandidato presidencial Alejandro Ordóñez manifestó que Santos sigue haciendo lo que le viene en gana. “Para otorgar impunidad a sus cómplices de las FARC pasa por encima de todo. Hoy posesiona a magistrados de la JEP inhabilitados por su militancia en la izquierda. ¡Justo como en Venezuela!”, dijo.
