En Colombia la estratificación socioeconómica de nivel 4, 5 y 6 tendrá que pagar más por un aumento en las tarifas de energía. Según los expertos, esta medida es injusta y no le llega a los más necesitados, tal como se dice desde el gobierno.
La estratificación socioeconómica en el país se refiere a la clasificación de los inmuebles residenciales que deben recibir los diferentes servicios públicos. De acuerdo con el número (1, 2, 3, 4, 5 o 6) se cobra de manera diferencial (por estratos) permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones.
El aumento para los colombianos que vivan en los estratos más altos y los usuarios comerciales e industriales será de 4 pesos (0.0011 dólares) por cada kilovatio hora. Esta medida regirá para todo el país, de acuerdo con la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos, quien a través de una resolución adoptó la medida del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
La superintendente Natasha Avendaño García sancionó la resolución que reglamenta el artículo 313 del PND, y aseguró que los recursos serán destinados al Fondo Empresarial de la superintendencia para apoyar los procesos de intervención de empresas.
El Gobierno colombiano adoptó esta medida para salvar de la crisis financiera a electrificadoras del país que han sido intervenidas, como es el caso de Electricaribe. Si bien es una medida que afecta de manera directa el bolsillo de los colombianos, el argumento del Gobierno es que a través de la sobretasa se garantizará la presentación del servicio de energía eléctrica “a cargo de las empresas respecto de las cuales la Superservicios haya ordenado o llegue a ordenar la toma de posesión, por lo que se considera inherente al servicio”.
La sobretasa en la factura de energía aplicará hasta el 31 de diciembre de 2022 y será recaudada por las empresas prestadoras del servicio.
“Es necesario desmontar los subsidios de estratos”
PanAm Post habló con el economista Martín Jaramillo acerca de la sobretasa con la que el Gobierno busca financiar la crisis de algunas electrificadoras. A su juicio, esos subsidios no les llegan a quienes en verdad los necesitan:
En primer lugar, el sistema tiene un problema de cantidad. Me explico: mientras que el 17 % de la población en Colombia es pobre (DANE), el 81 % recibe subsidios de hasta el 60 % de la factura de energía (SUI). El subsidio lo reciben muchos que no lo necesitan.
Añadió que también hay un problema de calidad, teniendo en cuenta que el sistema de estratos a la hora de distribuir las cargas económicas es muy malo.
“El sistema de estratos es muy malo para identificar quién es pobre y quién no: a esto los economistas le llamamos un problema de focalización. El problema se evidencia cuando una persona que vive en una mansión estrato 6 y recibe el mismo subsidio (15 % por ser estrato 3) que una familia en un apartamento en malas condiciones en un barrio de clase media baja. Esto no es justo. Tampoco es justo que quienes viven en costosos conjuntos residenciales, entre ellos a las personas más adineradas de la ciudad, reciban lo mismo que los habitantes del centro de la ciudad (de estrato 4)”.
Por otro lado, el economista sostuvo que el problema se extiende a todo el país, asegurando que, por ejemplo, en Bogotá hay presencia de ejecutivos que ganan más de diez millones pesos (casi tres mil dólares) y viven en viviendas subsidiadas por el Estado, simplemente por la ubicación.
“En otras ciudades el criterio es completamente político y arbitrario. Como el alcalde tiene el poder para determinar los estratos, no son pocos los que lo usan para entregarle subsidios a amigos y quitárselo a opositores”, afirmó Jaramillo.
De ahí, apuntó, la necesidad de eliminar los subsidios por estrato, y la utilización de una mejor medida técnica que sí pueda focalizar bien las ayudas, teniendo en cuenta que puede ser una medida que tarde años en ser puesta en acción.
“Es una reforma que, aunque se debe hacer de manera gradual, tiene varios años en mora para empezarse. El Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales (Sisbén) como sistema de información es una herramienta mucho mejor que los estratos para entregar subsidios. Es una encuesta que mide, familia a familia, el verdadero estado económico de las personas, por lo que nos permitiría asignar recursos según el grado de pobreza/vulnerabilidad de la persona y no según la dirección donde vive”.
Jaramillo ratificó que si se quiere reducir la desigualdad, ayudar a los más pobres, reducir impuestos y mejorar la eficiencia del gasto público, “es necesario avanzar en este esfuerzo y desmontar los subsidios de estratos”.