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El sistema republicano bajo asedio en Uruguay

Por: Hana Fischer - @hana_fischer - Nov 25, 2014, 1:21 pm
Corte Suprema de Justicia de Uruguay
La Corte Suprema de Justicia ha sido un obstáculo para las pretensiones autoritarias del Gobierno de José Mujica. (Wikimedia)

EnglishLos observadores internacionales suelen incluir a Uruguay entre los países latinoamericanos donde gobierna una izquierda moderada. Destacan las diferencias que existen entre los gobernantes de esa nación y los de la Alianza Bolivariana (ALBA), organización regional liderada por Venezuela y Cuba. Asimismo, la mayoría mira con beneplácito a José Mujica y su evolución, que de ser guerrillero en los años 60 y 70 se adaptó a las reglas de juego democrático.

Esa visión de la realidad es en cierta medida correcta. Sin embargo, muchas veces lo “visible” oculta los procesos que se dan bajo la superficie. Es por eso que hay que hilar muy fino para saber cómo son en realidad las cosas y en qué sentido se mueven.

La fuerza política que gobierna Uruguay desde hace 10 años es el Frente Amplio (FA). Es una coalición de partidos progresistas cuyo “pegamento” en un principio fue alcanzar el poder, y ahora el mantenerlo en forma ininterrumpida. En pos de ese objetivo no escatiman esfuerzos, y además en épocas electorales ocultan las profundas discrepancias que existen en su interior.

En el FA convive una izquierda moderna con una radical que añora volver a la “épica” sesentista. La primera es liderada por Danilo Astori, quien hasta ahora fue el encargado de la conducción económica. Es por esa razón que —a diferencia de lo que ocurre en Argentina o Venezuela por ejemplo— la economía nacional ha sido manejada con racionalidad. La segunda corriente la integran el Movimiento de Participación Popular (MPP), liderado por Mujica, el Partido Comunista y otras agrupaciones menores.

Los choques entre estas dos corrientes son frecuentes. El MPP en documentos internos sostiene que se tiene que ir hacia la “revolución” y el “socialismo”, mientras que los moderados protestan y reclaman que “no es legítimo imponer” esa lectura al FA.

Esa realidad compleja, es la que dificulta comprender a cabalidad desde afuera lo que está ocurriendo en nuestro país. Parafraseando a Frédéric Bastiat, los extranjeros se quedan en “lo que se ve” y no perciben “lo que no se ve”.

Instituciones versus Frente Amplio

Si hasta ahora Mujica y su sector no han mostrado su verdadero rostro —aquel que lo asemeja al chavismo— es porque las instituciones republicanas en Uruguay son fuertes. En más de una ocasión la Suprema Corte de Justicia ha puesto coto a la violación de derechos al declarar la inconstitucionalidad de algunas leyes impulsadas desde el Gobierno, y aprobadas con los votos oficialistas. Entre ellas cabe mencionar el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR).

Mujica no ha disimulado su malestar por esas limitaciones a su poder. En consecuencia, ha declarado que desea reformar la Constitución, porque “parece hecha para proteger a los estancieros”. Al poner el énfasis en los “estancieros”, es obvio que busca enrarecer el ambiente apelando a las emociones y lograr así apoyo popular para sus intenciones reformistas. No obstante, la verdad es que la Corte declaró inconstitucional esa ley porque era un caso de superposición impositiva, y además afectaba la autonomía financiera de las intendencias.

Es decir, no se trata de proteger a los “latifundistas” sino a la descentralización administrativa. La Constitución uruguaya está concebida para fragmentar el poder estatal para que nadie lo acumule en sus manos. Y eso es lo que pareciera molestarle a Mujica y acólitos.

Lucía Topolanski —su esposa y primera senadora de la República— expresó sin tapujos: “Nosotros queremos cambiar la Constitución, entre otras cosas, porque muchas veces por arriba del bien público y común, aparece la propiedad privada […] Hay que buscar énfasis en la Constitución de modo que el objetivo de un bien público esté por arriba de lo privado”.

Frente a estos reveses, el Gobierno de Mujica no se dio por vencido y fueron aprobadas otras leyes —contando únicamente con los votos oficialistas— para sustituir al ICIR. Todas fueron declaradas inconstitucionales por la Corte. Y siempre la reacción del presidente fue destemplada.

Poder judicial en pie de guerra

A raíz de este y otros temas, hay un enfrentamiento creciente entre el Ejecutivo y el Judicial. El más reciente, es a causa de una ley de 2010 que originó una abultada deuda con los jueces y que el Gobierno ha buscado evadir utilizando diferentes tretas, como por ejemplo mediante la aprobación de leyes que desconocían el pasivo contraído. Todas ellas fueron declaradas inconstitucionales y además se intimaba al Ejecutivo a pagar lo que debía al personal del Poder Judicial.

En un comunicado reciente, la Asociación de Magistrados del Uruguay expresa que los jueces se declaran “en estado de asamblea extraordinaria permanente y en grave conflicto con el Poder Ejecutivo en virtud de su contumaz e ilegítima negativa a cumplir con la ley y dos sentencias judiciales” de inconstitucionalidad.

Por su parte, el ministro de la Suprema Corte Jorge Larrieux ha señalado que “el derecho a una justa remuneración de los magistrados como titulares de un poder del Estado, forma parte de una garantía básica del Estado de derecho”.

Alexander Hamilton afirma en El Federalista que una República es aquella que cuenta con un Gobierno limitado y donde existe una real separación entre los poderes del Estado. En ese contexto, la independencia de los jueces es un factor esencial para salvaguardar tanto los principios constitucionales como los derechos individuales.

Hamilton afirmaba que no hay nada que contribuya más a la independencia de los jueces, que contar con puestos de trabajo permanentes. Asimismo, afirma que deben tener asegurado un sueldo acorde con la dignidad de su función —que no dependa de la arbitraria voluntad de los gobernantes— porque “quien controla los medios de subsistencia de una persona, simultáneamente controla su voluntad”.

En consecuencia, es factible observar que la República está bajo asedio en Uruguay. Fundamentalmente, a causa de los embates continuos provenientes de la izquierda radical, cuyo objetivo indisimulable es desgastarla.

Lo más preocupante es que luego de las elecciones nacionales de octubre el MPP es la bancada legislativa más numerosa dentro del FA; un sector que junto a otras corrientes frentistas, constituyen un bloque de poder que busca profundizar los cambios, para hacer del Uruguay un país más socialista.

¿Podrán las instituciones republicanas resistir las nuevas embestidas? O ¿pasaremos a ser un peón más en el tablero del ALBA?

Hana Fischer Hana Fischer

Hana Fischer es uruguaya. Es escritora, investigadora y columnista de temas internacionales en distintos medios de prensa. Especializada en filosofía, política y economía, es autora de varios libros y ha recibido menciones honoríficas. Síguela en @hana_fischer.