El mundo político-empresarial brasileño está inmerso en un proceso parecido al que sacudió a Italia en la década de 1990.
Como se recordará, la operación “Mani Pulite”, impulsada por el fiscal Antonio Di Pietro en febrero de 1992, reveló una extensa red de corrupción a nivel nacional. En ella estaban implicados todos los principales partidos políticos de aquel entonces y poderosos grupos empresariales, principalmente, los vinculados a la construcción.
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Esa extendida madeja de corrupción se había concebido como forma encubierta de financiamiento ilegal de los partidos políticos dominantes. La finalidad era perpetuarse en el poder. El resultado fue que por 20 años dominaron el escenario político del país y que la democracia italiana fuera sustituida por una partidocracia.
Los italianos intuían que sus gobernantes no eran santos, pero nunca llegaron a imaginar que la trama de corrupción abarcaba al Estado entero. La maquinaria funcionaba así: los políticos recibían grandes coimas (tangenti) a cambio de proporcionar contratos, obras y subvenciones con dinero público, que se asignaban de acuerdo con un riguroso orden preestablecido. Asimismo, el dinero se repartía según estrictos porcentajes entre los partidos oficialistas. Es decir, entre el Partido Socialista Italiano (PSI) liderado por Bettino Craxi y la Democracia Cristiana.
Esta mafia político-empresarial se consideraba intocable, porque al tener las riendas del poder aprobaba leyes que la mantenía fuera de la esfera de actuación del Poder Judicial. Gianfranco Viglietta –Presidente de la primera Comisión del Consejo Superior de la Magistratura italiana– afirmó que el poder político ataba de manos a los magistrados […] la acción penal era obligatoria sólo en situaciones periféricas, donde era posible eludir el condicionamiento a nivel central”. Ergo, los puntos neurálgicos de la política italiana se encontraban -cual monarquías absolutas- al margen de la jurisdicción de las Audiencias (Procuradurías) y Tribunales del país.
Además, muchos jueces estaban involucrados en ese esquema de corrupción. Su complicidad era determinante para asegurar la impunidad de políticos y funcionarios corruptos.
Lo que posibilitó que todo eso cambiara fueron dos circunstancias simultáneas: por una parte, un asunto trivial derivado de una demanda por pensión alimenticia, permitió descubrir que Mario Chiesa -un oscuro funcionario perteneciente al PSI- estaba involucrado en un caso de corrupción. Y por la otra, la persona del fiscal Di Pietro, que estaba decidido a investigar hasta las últimas consecuencias.
La naturaleza y complejidad del fenómeno descubierto acarreó inmediatas y relevantes consecuencias. Una de ellas fue el surgimiento del hoy mítico “pool de fiscales manos limpias”, a través del cual el Poder Judicial pudo dar una respuesta rápida, eficaz y orgánica al fenómeno de la corrupción. Coordinado por el hábil fiscal Di Pietro, el “pool” desentrañó el extenso y complejo tejido de corrupción presente en el país. Se descubrió que estaban involucrados ministros, un elevado porcentaje de parlamentarios, empresarios e incluso los ex presidentes del Consejo.
Los políticos no se quedaron quietos frente al peligro. Intentaron mil argucias legales para zafar del problema y que siguiera la impunidad. Uno de los más activos fue Craxi; por ejemplo, logró que la Cámara de Diputados lo absolviera. Además, aprobaron normas jurídicas que la ciudadanía tildó de “salvaladrones”, porque excluían de la pena de cárcel los delitos relacionados con la corrupción, fraude, abuso de poder y financiación ilegal.
Pero no tuvieron en cuenta la indignación de la ciudadanía frente a estos hechos, que mediante diversas manifestaciones los hicieron retroceder. Esos intentos parlamentarios resultaron un búmeran porque provocó que la potestad judicial fuera reforzada. Un instrumento muy eficaz fue la prisión sin fianza, origen de muchas confesiones e inculpaciones recíprocas: estando en libertad el procesado puede destruir pruebas y confabularse con los otros implicados en la corrupción.
El objetivo principal de Di Pietro y su equipo de fiscales fue impedir que los políticos, funcionarios públicos y empresarios corruptos quedaran impunes. El balance final de la operación “Mani Pulite” fue de 1.233 condenas y 429 absoluciones.
En Brasil, el Poder Judicial y la ciudadanía tienen muy en cuenta esos antecedentes. Para empezar Sérgio Moro -el juez impulsor del “Lava Jato”- es un admirador confeso de Di Pietro y ha estudiado en profundidad la operación “Mani Pulite”. Por su parte Roberto Veloso –presidente de la Asociación de Jueces Federales de Brasil- declaró que “cuanto más se aproximan las investigaciones a quienes están en el poder, más reacciones habrá. Si la impunidad pierde fuerza, aquellos que se imaginaban inmunes a la jurisdicción criminal buscarán crear mecanismos que impidan la continuidad de la investigación”.
Su afirmación se basa en que al igual que los parlamentarios italianos en la década de 1990, los brasileños buscan aprobar con premura un arsenal de proyectos de leyes para proteger a sus miembros del avance de las investigaciones judiciales sobre corrupción.
También el jefe de los fiscales, Rodrigo Janot, está alerta. En consecuencia, pide no olvidar las enseñanzas de la megainvestigación llevada a cabo en Italia, recordando las 13 normas que aprobó el Parlamento de ese país para erosionar la operación llevada adelante por el Di Pietro. Medidas que guardan gran parecido con las que pretenden aprobar ahora los parlamentarios brasileños.
No obstante, a nuestro entender, la enseñanza más grande que deja “Mani Pulite” para Brasil, es que si no se atacan las raíces que dan origen a la corrupción, cambiarán las personas y los partidos, pero ésta emergerá bajo un ropaje diferente y más sofisticado. Eso precisamente es lo que ocurrió en Italia: el fiscal Di Pietro logró desmontar ese sistema pero pocos años después, bajo el liderazgo de Silvio Berlusconi, se organizó otro.
La fuente del mal es un Estado sobredimensionado, con muchos organismos, empresas y bancos públicos. Cuanto mayor es la intromisión del Estado en la vida social, mayores oportunidades habrá para que la corrupción se esparza por doquier. Por tanto, es un problema del cual la ciudadanía debería tomar conciencia y solucionar.