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Los uruguayos estamos muy preocupados. ¡Y no es para menos! Es que desde la época de la dictadura, no se veía un ataque tan brutal y persistente a la independencia del Poder Judicial.
Este asunto comenzó a adquirir feo cariz durante la presidencia de José “Pepe” Mujica. Fue a partir de entonces que el gobierno desconoció y desacató sentencias judiciales. El caso más sonado –que se prolonga hasta nuestros días- refiere a una deuda que el Estado mantiene con el Poder Judicial por aumentos salariales impagos.
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El conflicto entre los judiciales y el Ejecutivo encabezado por Mujica, tuvo su origen en la Ley de Presupuesto de 2010. Mediante esa norma se aumentaron los sueldos de los ministros de Estado. Ese incremento determinó que en forma automática se elevaran también todos los salarios del Poder Judicial, debido a que están enganchados. Sin embargo, el Ejecutivo se negó a hacer esto último.
En consecuencia, esos funcionarios presentaron en 2011 demandas contra Estado. Varios fallos judiciales firmes les dieron la razón y condenaron al Ejecutivo a pagarles. Pero este no solo no acató la orden judicial sino que ladinamente –aprovechando que tenía mayorías en ambas cámaras- hizo aprobar leyes para “desenganchar” los aumentos a los judiciales. Primero lo hizo mediante una ley interpretativa del presupuesto, que fue declarada inconstitucional. Más tarde repitió el procedimiento en la ley de Rendición de Cuentas de 2012, con idéntico desenlace.
A raíz de esta inédita situación producida en democracia, en marzo de este año, casi mil de esos empleados acusaron al Poder Ejecutivo uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de desacatar al Poder Judicial. Si bien es cierto que el diferendo comenzó por un reclamo meramente salarial, ellos señalaron que el asunto va mucho más allá del dinero.
Desde esa perspectiva, el abogado patrocinante Pablo Donnángelo, expresa que no haber saldado la deuda es un «acto grave», porque implica que el «Estado es omiso ante una sentencia de la Justicia». O sea, el Ejecutivo está ignorando la separación de poderes, la independencia judicial y la limitación de su poder.
En la demanda presentada, Donnángelo señala que «un muy elevado porcentaje de funcionarios judiciales obtuvieron sentencias en las que se les reconoció su derecho a percibir su retribución y el Estado no solo ha incumplido las sentencias firmes que lo condenan (a pagar) sino que, peor aún, ha ignorado dichas decisiones judiciales, las ha despreciado sin siquiera ofrecer explicación alguna, aún luego de haber sido reiteradamente intimado a su cumplimiento».
En el escrito agrega, que estas personas “se ven inhibidos a fuerza del incumplimiento del Estado de sentencias judiciales firmes de su derecho a la protección jurisdiccional y defender su derecho de propiedad”.
Otro eslabón más de esta deriva autoritaria de los gobiernos del Frente Amplio, tiene como actor a la Impositiva. Esta vertiente tiene preocupados a Órganos de Contralor, expertos en derecho tributario y periodistas. Todos ellos coinciden en que la Dirección General Impositiva (DGI) “está agrediendo garantías individuales” y que “el Estado avasalla derechos elementales de una manera cada vez más bestial e impúdica”.
En una sentencia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) acusó a la DGI de haber actuado de manera “maliciosa”, “temeraria”, “ilegal” y con “irracionales desvíos” a las leyes, al decidir aplicar una millonaria multa a una empresa. También resalta, que la Impositiva no “entendió razones” cuando la firma acusada expuso sus descargos.
Inquieta que cada vez sean más numerosos los fallos donde el TCA amonesta a la DGI, incluso, cuestionando las intenciones que tuvo al accionar contra determinada persona o empresa.
Pero lo peor de este empuje autoritario, acaba de suceder en estos días. Daría la impresión que al gobierno ya ni siquiera le interesa disimular, su aparente poco apego hacia el Estado de derecho
La novedad se materializó en el artículo 15 del proyecto de Rendición de Cuentas, que el Ejecutivo acaba de enviar al Parlamento. Esa norma indica que “El Poder Ejecutivo podrá comprometer gastos de funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible, cuando se trate del cumplimiento de sentencias judiciales, laudos arbitrales, o situaciones derivadas de lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República, salvo que ello afecte la atención de los servicios a su cargo. En este último caso, el Poder Ejecutivo quedará eximido de los plazos de cumplimiento de las obligaciones establecidas en otras normas legales”.
La redacción de este artículo manifiesta otra preocupante actitud del Ejecutivo, que comienza haciendo una afirmación de carácter republicano (“podrá comprometer gastos […] cuando se trate del cumplimiento de sentencias judiciales”) para después anular esa proposición estableciendo lo contrario.
De hecho, si esta norma es aprobada, les será muy difícil cobrar a los funcionarios judiciales y a cualquier otro, que le gane una demanda al Estado.
Esta pretensión del gobierno hizo sonar las alarmas:
Leonardo Guzmán –ex ministro de Educación- subraya que con esa “joyita”, se está “colocando al Estado por encima del Derecho y al Poder Ejecutivo por encima del Poder Judicial”.
El constitucionalista Martín Risso afirma, que «el artículo es inconstitucional, pero especialmente es de una trascendencia institucional altísima, pues afecta fuertemente el Estado de Derecho en nuestro país. Lo que dice es que si el Poder Ejecutivo entiende que se afecta la atención de los servicios a su cargo pagará cuándo quiera y si quiere».
Recalcó que el artículo «es muy grave», por «aproximarse a la destrucción del principio de separación de poderes» y del concepto republicano clave, de que una sentencia judicial se debe cumplir. Además, señaló que «si se aprueba y se obliga a la gente a ir a la Suprema Corte para la declaración de inconstitucionalidad, por primera vez desde 1985 (momento en que retornó la democracia), deberíamos empezar a pensar hasta qué punto existe o no Estado de derecho en Uruguay».
Otro constitucionalista alarmado por el autoritarismo que el gobierno está exhibiendo, es Rubén Correa Freitas. Según este experto, con esta norma Uruguay volvería «a los siglos XIV o XV […] Es como de la época de Luis XIV, que decía: ‘El Estado soy yo’. Es de lo que se llama un Estado Policía. En un Estado de Derecho, el responsable no se puede eximir de responsabilidad por una ley y mucho menos de pagar las obligaciones contraídas».
Ante la situación imperante en nuestro país, no podemos menos que evocar las palabras de Agustín de Hipona:
“Si de los gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de ladrones a gran escala? Y estas bandas, ¿qué son sino reinos en pequeño? Son un grupo de hombres, se rigen por un jefe, se comprometen en pacto mutuo, reparten el botín según la ley por ellos aceptada. Supongamos que a esta cuadrilla se la van sumando nuevos grupos de bandidos y llega a crecer hasta ocupar posiciones, establecer cuarteles, tomar ciudades y someter pueblos: abiertamente se autodenomina reino, título que a todas luces le confiere no la ambición depuesta, sino la impunidad lograda.”
Sería conveniente que los gobernantes uruguayos tuvieran muy en cuenta esta admonición de San Agustín. De lo contrario, la gente sacará la lógica conclusión que deriva de su proceder…
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