El Frente Amplio gobierna desde 2005 en Uruguay. Coincidentemente, durante esos 19 años también ha venido in crescendo la percepción de corrupción en este país. No es que antes no hubiera pero ahora parecería ser más descarada.
Las leyes determinan cuáles acciones deben considerarse “corruptas”. El problema es que ellas son redactadas por aquellos cuya conducta se desea controlar. En consecuencia, suele haber distancia entre aquellas prácticas que son penadas por los jueces y el sentir popular al respecto. Ergo, hay actos que si bien no son punibles penalmente, sí son condenables desde el punto de vista ético.
Por eso, con independencia de lo que digan las leyes positiva, los ciudadanos juzgan las conductas de sus autoridades. Generalmente, el veredicto se manifiesta mediante el voto popular. Por tanto, democracia y prensa libre están intrínsecamente relacionadas porque para poder condenar, es necesario contar con buena información.
En ese contexto, escandalizan los casos con apariencia delictiva o por lo menos éticamente reprobables, que abundan dentro de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). La cadena es larga. Mencionaremos algunos de ellos.
En 2017, se supo de presuntas irregularidades en el servicio de ambulancias de hospitales del interior del país. Hubo varias denuncias de conflictos de intereses en los contratos de empresas de ambulancias pertenecientes a exdirectores o funcionarios de ASSE con hospitales públicos.
Por ejemplo, el Dr. Marcos García fue procesado sin prisión por ese motivo. Siendo el director del Hospital de Bella Unión, ese nosocomio contrató entre 2013 y 2016 a SIEMM SRL –una emergencia móvil– para que realizara el traslado de pacientes, siendo él uno de sus socios fundadores.
El resultado fue que se incrementó brutalmente el gasto en ese rubro. Un agravante es que, antes de 2013, era la propia ASSE quien brindaba ese servicio. Según datos del Sistema Integrado de Información Financiera, el desembolso por ambulancias en 2012 fue de 28 500 dólares, un año después, había saltado a 400 000 dólares. O sea que se multiplicó por 14 durante el primer año. Asimismo, continuó creciendo mientras que se contrató a SIEMM.
Además, los médicos de SIEMM –cuyos dueños eran simultáneamente jerarcas de centros públicos de salud–recetaban a sus pacientes medicamentos para ser retirados en el hospital de la zona. También ordenaban pases a especialistas y estudios médicos en el hospital. A sus clientes les decían que la emergencia móvil y el centro público eran “la misma cosa”.
Fue tal el escándalo que se armó, que el presidente Tabaré Vázquez destituyó a toda la cúpula política del directorio de ASSE. Nombró a Marcos Carámbula para que lo dirigiera con la orden explícita de ponerle coto a las prácticas corruptas o poco éticas.
Sin embargo, las malas prácticas dentro de ese organismo tienen raíces profundas. El programa radial Así nos va, informó que en los últimos meses en ASSE “se activó una bomba que, en silencio, se ha tratado de desactivar antes de que tomara estado público. En los principales hospitales públicos de Montevideo –Maciel, Pasteur, Pereira Rossell, Español y el Instituto Nacional del Cáncer (INCA)– se sobrefacturaron miles de horas de trabajo médicas que no se trabajaron, que representaron un gasto millonario para el Estado. El desfalco –que se realizó de forma continua en la última década– tuvo la connivencia de los pasados directorios de ASSE, las direcciones de los hospitales y los médicos”.
Vázquez declara que él no admite prácticas de ese tenor bajo su mandato. Sin embargo, vale la pena indagar las razones por las cuales de un tiempo a esta parte, algunos médicos y jerarcas que trabajan en salud pública parecen proclives a realizar acciones reñidas con la moral. Entonces, es inevitable que el foco se detenga sobre el accionar del propio Vázquez.
Parecería que el hecho inicial, ocurrió durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005). En aquel entonces, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió un duro informe sobre el estado de las clínicas en los que se trataba a enfermos de cáncer. Se señalaba que “la situación es francamente alarmante y requiere de corrección a la brevedad posible. Es necesario hacer presente que el problema no es solamente de equipos de irradiación sino que también de toda la infraestructura necesaria para poder realizar radioterapia”.
De las doce clínicas relevadas para hacer el informe, únicamente dos estaban en condiciones “técnicamente aceptables”: la de los hermanos Leborgne –prestigiosos y muy estimados– y la del hospital Pereira Rosell.
El informe de la OPS aseguraba que las otras diez –entre las que estaba el Consultorio de Oncología y Radioterapia (COR), uno de cuyos dueños era Tabaré Vázquez– “habían irradiado a pacientes durante años sin tener las condiciones apropiadas de tratamiento clínico”.
En consecuencia, COR estaba en la lista de clausura del Ministerio de Salud Pública. Solo el ministro y dos asesores sabían que eso iba a pasar. Pero entonces ocurrió algo “extraño”: poco antes de que el ministro firmara la clausura, llegó una resolución de otro ministerio señalando que la inclusión del COR en la lista de clínicas irregulares era un “error desde el punto de vista administrativo” debido a que ese centro ya había resuelto sus problemas. Ergo, a pesar del informe de la OPS que la incluía, COR siguió funcionando.
Esto sucedió cuando se avizoraba que Vázquez ganaría las elecciones de 2004, como efectivamente ocurrió. Y curiosamente, nombró en un alto cargo estatal a uno de aquellos dos asesores del ministro anterior de salud pública que sabía que le iban a clausurar la clínica, pero “misteriosamente” no pasó.
Por otra parte, le cedió sus acciones de COR a su hijo Álvaro, oncólogo como él. Actualmente, Álvaro es gerente general de esa clínica.
A poco de asumir, comenzó a acosar a su competencia empresarial, los hermanos Leborgne, y a sembrar dudas sobre su conducta ética. José Honorio Leborgne fue destituido de su cargo como Director del Instituto de Radiología y Lucha contra el Cáncer del Hospital Pereira Rosell. Su superior le explicó que había recibido “una orden de arriba”. En su lugar, Vázquez nombró a la doctora Blanca Tasende ex funcionaria COR.
Otros nombramientos llamativos fueron Pedro Kadorf –socio de Vázquez en COR, fue designado director del Servicio de Radioterapia del Instituto Nacional de Oncología del Ministerio de Salud Pública. Asimismo, coordinador de Radioterapia pública y director del Servicio de Radioterapia del Instituto Nacional del Cáncer (INCA). Junto a Miguel Torres (otro socio de COR) se le asignó la tarea de desarrollar las pautas de radioterapia en centros públicos– y Álvaro Luongo (también de COR), que fue nombrado director del INCA.
En los servicios públicos de oncología hay varios médicos y exfuncionarios de COR.
La clínica COR vende servicios a los centros de salud privados, Casmu y La Española, donde el presidente ha trabajado y también su hijo Álvaro.
Sergio Israel en su libro Tabaré Vázquez, compañero del poder (2018), señala que “la llegada del Frente al gobierno permitió al grupo vinculado a COR no solo pasar a controlar todos los cargos del Estado, sino a Álvaro Vázquez Delgado presionar para conseguir más contratos con privados”.
Afirma que eso fue muy mal visto, incluso por médicos vinculados con la izquierda. Una fuente expone que “no hay motivo académico, profesional, administrativo ni ético que justifique el pésimo trato a los Leborgne. Todo parece ser capricho o venganza”.
Entonces, ¿es de extrañar que otros médicos sientan que también ellos están autorizados para “hacer su agosto” utilizando en su beneficio al Estado?