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EnglishEn febrero las autoridades venezolanas arrestaron a un alcalde —otra vez. El servicio de inteligencia del país irrumpió en la oficina del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y lo puso tras las rejas, acusado de planificar un golpe contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
El año pasado varios exalcaldes fueron detenidos por supuestamente incitar a la violencia contra el Gobierno, incluyendo el destacado líder opositor Leopoldo López. Sin embargo, su verdadero delito era expresar su disconformidad con las políticas del Gobierno. De acuerdo con la Asociación de Alcaldes de Venezuela, un 43% de los alcaldes del país enfrentan procesos judiciales, mientras la cuenta de presos políticos ya alcanza las 98 personas.
El complicado status legal de esto presos políticos retrata con claridad la situación del quebrado sistema judicial de Venezuela. La protección de los derechos humanos depende de la capacidad del Poder Judicial de mantener el Estado de derecho y penalizar a los criminales. Sin embargo, ya por más de un década, el Gobierno venezolano ha utilizado su control total sobre los tres poderes del Estado, no solo para violar derechos humanos sin ningún tipo de consecuencias, sino que además ha legalizado gradualmente la represión violenta contra sus propios ciudadanos.
El Estado de derecho ha cesado de existir. Sin un Poder Judicial que lo resguarde, solo quedan los lacayos del presidente que legalizan la violencia
El fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013) le dio la estocada final a las instituciones democráticas del país cuando, en 2005, designó jueces afines en el Tribunal Supremo de Justicia, la máxima autoridad judicial. El entonces presidente añadió 12 nuevos jueces, silenciando así las pocas voces disidentes que permanecían en el obsoleto tribunal.
La centralización del poder quedó totalmente en evidencia cuando, en 2009, Ledezma recurrió a una huelga de hambre —poniendo en peligro su vida— para contrarrestar la creación de un alcaldía paralela que asumió el poder real sobre la ciudad. Durante ese mismo año, Chávez exigió una condena de 30 años de prisión para la jueza María Lourdes Afiuini por otorgarle libertad condicional a un opositor que había permanecido por un largo tiempo en prisión sin condena.
Más recientemente los jueces del tribunal han adherido públicamente a los objetivos de los programas planificación estatal socialista. En la apertura de sesiones del año pasado, la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, exclamó que la misión del organismo es ajustarse al segundo plan socialista, el Programa Nacional Simón Bolívar.
El Estado de derecho ha cesado de existir. Sin un poder judicial que lo resguarde, solo quedan los lacayos del presidente que legalizan la violencia en vez de condenar el abuso de poder. Y como si esto fuera poco, la salida del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014 anuló los escasos recursos que aún disponían los venezolanos para obtener justicia. Cuatro años antes, Chávez había expulsado del país a la delegación de Human Rights Watch.
Venezuela todavía forma parte de Naciones Unidas y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aunque el Gobierno ha violado muchas de sus disposiciones, incluyendo el derecho a la libertad (y que ningún individuo deba ser sometido a malos tratos o detenciones arbitrarias), el derecho a un juicio justo y público, y la libertad de expresión. Estos tratados también están incorporados a la Constitución venezolana, pero ninguno de ellos es aplicado.
La ausencia de un sistema de justicia independiente ha creado un sentimiento de impotencia entre los ciudadanos que ha derivado en las constantes protestas que alcanzaron su clímax en febrero de 2014. Como consecuencia de la brutal represión, el Gobierno de Venezuela se ha cargado sobre sus espaldas la muerte de decenas de sus ciudadanos y cientos de arrestos que pretendían suprimir el disenso público.
Para legitimar sus acciones, el Ministerio de Defensa autorizó en enero el uso de armas letales contra manifestantes. El Gobierno encarceló y torturó a miles de estudiantes que encabezaron muchas de las protestas, sin un juicio previo e incluso algunos permanece aislados en una prisión ubicada cinco pisos bajo tierra, sin luz ni esperanza por lograr justicia.
La ausencia de un sistema de justicia independiente ha creado un sentimiento de impotencia entre los ciudadanos
Tan poca esperanza que Rodolfo González, acusado de asociación para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico de armas de fuego, fue encontrado muerto el 13 de marzo en su celda, tras un supuesto suicidio luego de diez meses de estar detenido sin juicio.
Las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y otros jefes de Estado han reclamado al presidente Maduro que termine con las violaciones a los derechos humanos. Estos pedidos puede que sean ignorados por el Gobierno mientras continúa implementando su plan para una república socialista bolivariana, pero probablemente alimentará la indignación en las calles.
A pesar de los intentos del Gobierno chavista de secuestrar el legado de Simón Bolívar, las palabras del Libertador están del lado de los ciudadanos venezolana que demandan libertad: «Id veloces a vengar al muerto, a dar vida al moribundo, soltura a el oprimido y libertad a todos».
