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Cuando estas palabras sean publicadas, seguramente ya habrán pasado las manifestaciones que exigen más recursos para las universidades públicas, pero se mantendrá el debate.
Rectores, profesores y estudiantes de universidades públicas y privadas anunciaron manifestaciones en las principales ciudades colombianas y posteriores paros con el fin de presionar al gobierno nacional supuestamente para formular una política de educación superior, pero en realidad con el fin de exigir más recursos. Todo se reduce a desear más recursos.
Se habla mucho de la desfinanciación de las universidades públicas y de su importancia para el país. Ambas dimensiones de la discusión pueden ser ciertas: aunque se hayan incrementado los recursos de inversión, éstos se han disminuido si se mira el gasto por estudiante. De igual manera, algunas de esas universidades públicas son reconocidas por su calidad y por la oportunidad que les brindan a personas de bajos recursos de acceder a educación.
No obstante, si se trata de discutir en serio la cuestión, muchos otros elementos no se deben dejar de lado.
El primero, evidente, es el tema de la priorización. Podemos considerar que las universidades públicas generan muchos beneficios y que la educación es un objetivo socialmente deseable, pero los recursos son escasos. Si decidimos que queremos que el esfuerzo de gasto sea mayor en este rubro, otros se verán afectados.
En general, los entusiastas manifestantes en favor de la educación creen que la competencia solo se da con el rubro “seguridad”, pero no es así. También se presenta con el rubro “salud”, por ejemplo; o “lucha en contra de la pobreza”.
Incluso, si la competencia solo fuera con el asunto de seguridad, ¿estamos seguros que es deseable, estaríamos dispuestos a asumir como sociedad, un descuido presupuestal en este rubro (o en el de justicia) por destinar esos recursos a la educación superior? No sé si la respuesta pueda ser categórica.
Otra opción es incrementar los recursos con los que cuenta el Estado. Pero esto implicaría, o más impuestos o más deuda. Ambas opciones son indeseables desde el punto de vista social, pero además son muy criticadas por esos mismos que asisten a manifestaciones en favor de la educación pública.
La última es acabar con el gasto mal destinado. Sería, por ejemplo, acabar con la corrupción. Sería acabar con los subsidios que se van a las personas con más recursos, por ejemplo, vía altas pensiones. Esta sería la alternativa ideal, pero no fácilmente realizable. Acabar con la corrupción no es resultado ni del deseo ni de la intención, ni de la determinación, sino de procesos mucho más complejos, fuera de la decisión deliberada y bienintencionada de decisores en momentos dados.
Acabar con privilegios, es algo más fácil. Claro que habría resistencias. Claro que se generarían otros problemas con otros sectores. Pero es algo que puede decidir el gobierno. sin embargo, y éste es el segundo punto, los marchantes en favor de la educación superior pública, no estarían eliminando una sociedad de privilegios, sino cambiando a quiénes se dirigen esos privilegios.
Aunque el tema suene bien, sea deseable y políticamente correcto, esto no convierte en falso el hecho de que acabar los privilegios de unos para darle esos recursos a otros sería mantener las mismas lógicas institucionales de la sociedad que tanto criticamos en Colombia, incluidos los marchantes…deseosos de tener su cuarto de hora en disfrutar de los recursos que todos ven como un botín.
Y es que al marchar para exigir recursos es comportarse como un gremio. En este sentido, lo que pelean es un juego de suma cero: quieren más para su sector, pero esto implica necesariamente menos disponible para los demás.
Está bien presentar el asunto, en este caso, como una cuestión de justicia: ¿acaso no queremos que todos los jóvenes del país tuvieran la oportunidad de educarse en una universidad? La respuesta obvia sería sí. Pero el mismo ejercicio podría irse un poco más atrás: ¿no queremos que todos los jóvenes terminen su educación secundaria? ¿No queremos que todos los adolescentes tengan la oportunidad de una educación básica? ¿No queremos que todos los niños colombianos reciban una educación pre-escolar?
Parece ser que, si de justicia se trata, tendríamos que comenzar por garantizar la educación desde los más niños. Más recursos para la educación universitaria es igual a dedicarle más recursos a algunos jóvenes: los que tuvieron la oportunidad de cursar todo el colegio, sin haber desertado. Esto no sucede con todos los colombianos. Si queremos justicia, las marchas deberían ser para financiar la educación de los más pequeños.
Pero no. Los bebés no salen a marchar, ni sus profesoras lo harán. Por ello, son los jóvenes universitarios los que se toman la discusión y, aunque no se den, cuenta, se comportan como un gremio.
Por ello, exigen más recursos: como si no hubiera costo de oportunidad alguno, como si no hubiera más opciones de financiación, fuera de la proveniente del presupuesto estatal, como si alcanzar esos beneficios que tanto señalan, solo fueran posibles por medio de las universidades estatales.
Precisamente por actuar como gremio, dan la discusión desde lo particular, casi anecdótico, sin tener en cuenta el contexto más complejo. Nos hablan de los múltiples supuestos beneficios de las universidades públicas, pero estos solo se asocian con unos pocos casos. Es más, la mayoría de referencias se refieren a un solo caso (el de la Universidad Nacional). No obstante, se dejan de lado los demás casos de corrupción, despilfarro y baja calidad.
Así, en lugar de algo novedoso, las manifestaciones de esta semana en Colombia en favor de la educación pública son más de lo mismo: otra muestra más de esa sociedad en la que grupos de interés luchan por obtener más recursos del Estado en un eterno juego de suma cero de todos contra todos.
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