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“Laboratorios de democracia” es la expresión acuñada por el juez de la Corte Suprema de EE.UU. Louis Brandeis, que ejerció entre 1916 y 1939. El juez explicaba el federalismo como el reparto del poder entre el gobierno federal y los gobiernos de cada Estado de una forma que “un Estado puede, si sus ciudadanos lo deciden, servir como laboratorio; y acometer experimentos sociales y económicos innovadores sin arriesgar al resto del país”.
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El federalismo en Estados Unidos, como lo diseñaron los Padres Fundadores, es un sistema jerárquico de Gobierno bajo el cual dos niveles de gobierno ejercen un rango específico de control sobre la misma área geográfica. La Décima Enmienda de la Constitución de EE.UU. estipula que “todos los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los Estados, se reservan respectivamente a los Estados o al pueblo”.
Se entiende que el federalismo es un modelo de gobierno caracterizado por una división de poderes. Sin embargo, no es bien entendido que el federalismo organiza sus dos mayores divisiones de gobierno -el central y el de los Estados- utilizando diferentes teorías del poder.
El estado central, como se enfatiza en la Carta de Derechos, se organiza en relación a los valores de la teoría liberal de que los ciudadanos tienen derechos inalienables que ningún gobierno puede quitarles. Por su parte, los Estados derivan su poder de una teoría política diferente enfatizando el bienestar del pueblo (salus populi). Este principio expresa que la sociedad sea meticulosamente regulada por el gobierno bajo la teoría de que el bienestar del pueblo impera sobre los derechos individuales. Esta es la paradoja gubernamental americana de libertad dentro de la coacción.
Como americanos, aprendemos a vivir en este complejo rompecabezas de libertades individuales dentro de la coacción. En ningún otro país el gobierno central ha necesitado luchar más fieramente por su legitimidad que en Estados Unidos. Esta lucha resalta cómo nuestras actitudes personales hacia la libertad y la coacción cohabitan en nuestra mente como controvertida paradoja. Somos una República que busca limitar el poder central, pero aprueba el poder estadual.
La hostilidad antigubernamental de los Padres Fundadores se dirigió casi exclusivamente hacia el gobierno central, que veían como una institución externa y alejada del pueblo. Por otra parte, los gobiernos estaduales eran equivalentes a la población. Eran el pueblo. Así, en la visión de los Padres Fundadores, los gobiernos estaduales deberían tener la mayor influencia en nuestras vidas diarias.
Constitucionalmente, el gobierno federal fue autorizado a asumir solamente aquellas responsabilidades expresamente asignadas; todas las otras eran dejadas a los Estados. Pero la historia de los gobiernos americanos muestra un constante deseo de expandir el poder del gobierno federal mucho más allá de los límites constitucionalmente impuestos.
El Leviatán que es hoy el gobierno federal surgió del poder adquirido por el gobierno central durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de esa guerra, los Estados contaban con el 60 % del total de los ingresos gubernamentales en EE.UU. El sistema de impuestos masivos establecido por el gobierno federal durante la guerra invirtió la ecuación del poder monetario. Al final de la guerra, la parte de los ingresos gubernamentales controlada por el gobierno federal se había incrementado al 70 % de los mismos.
Actualmente, el gobierno federal utiliza ese poder financiero para imponer uniformidad en asuntos locales convencionales como velocidad máxima para conducir o edad mínima para beber. Lo hace sin considerar que, por ejemplo, Alaska y Florida son Estados muy diferentes con diferentes necesidades, poblaciones y valores. Una ley federal que tenga sentido para Florida podría ser absurda para Alaska.
Peor aun, la intrusión federal en el campo del poder estadual se consuma adoptando la teoría del poder reservada para los Estados. Es decir, el gobierno federal asume la teoría política de los Estados que el bienestar del pueblo reclama que la sociedad sea meticulosamente regulada por el gobierno.
En este proceso perdemos nuestros laboratorios de democracia y nuestra teoría liberal fundacional del poder, donde los ciudadanos tienen derechos inalienables que ningún gobierno puede quitarles. Resolvemos la paradoja: perdemos libertad, y quedamos solamente con la coacción.
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