Colombia: FARC acusa al Gobierno de mentir sobre acuerdo de cultivos ilícitos

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El plan de erradicación de cultivos ilícitos es uno de los puntos más importantes del acuerdo entre el Gobierno y las FARC (Pixabay)
El plan de erradicación de cultivos ilícitos es uno de los puntos más importantes del acuerdo entre el Gobierno y las FARC (Pixabay)

El comando de los Puntos de Preagrupamiento Temporal de las Farc de los municipios de Uribe y Mesetas, puntos del departamento del Meta en el oriente de Colombia donde se están reuninedo las FARC para iniciar la entrega de armas, envió un comunicado en el que aseguran que funcionarios del Gobierno han ido a la zona a explicar una propuesta de erradicación de cultivos ilícitos que no corresponde a lo pactado en La Habana con el grupo subversivo.

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Según el comunicado la propuesta que se está socializando considera una ayuda de COP$ 750.000 (USD$ 237) por finca productora de coca cada dos meses y una ayuda para quienes tengan huertas caseras, hecho que no satisface las necesidades de las familias que se dedican a este negocio por su bajo monto según la guerrilla.

Según el acuerdo, lo que se debe buscar es impulsar planes alternativos de desarrollo para que los productores de coca no dependan de ese negocio y estos deben ser construidos conjuntamente las comunidades respetando la propiedad privada, las inversiones públicas y con ayudas como créditos y asistencia técnica que estaría a cargo del Programa nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

 

El comunicado invita a las comunidades a rechazar la oferta del Gobierno que califican como «embaucadora» y le dicen a las comunidades que exijan la implementación del Programa nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, para que sean tenidas en cuenta sus verdaderas necesidades y así construir una paz estable y duradera.

Finalmente, las FARC aseguran que están dispuestas a ofrecer pedagogía sobre la sustitución de cultivos para aclarar la metodología para lograr este fin según lo que se pactó en La Habana en el acuerdo de paz que fue rechazado por los colombianos y que ahora, con algunas modificaciones, busca ser refrendado e implementado a través del Congreso.

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