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Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado de Colombia, corte encargada de los proceso administrativos, habló sobre los reparos que tiene frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que es el modelo de justicia transicional que se implementará gracias a los acuerdos entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, que incluye penas alternativas y rebaja de estas para delitos cometidos en el marco del conflicto armado.
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El magistrado aseguró que no hay una claridad frente a los delitos que deberán ser juzgados por la JEP y los que deberán seguir siendo procesados bajo la justicia ordinaria que hay en Colombia. Además, afirmó estar preocupado especialmente con la competencia frente a los delitos de violaciones de Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario.
Según Rojas, hay que precisar a qué se hace referencia cuando se habla de delitos con “ocasión al conflicto o por el conflicto” que, según él, ya se puede prever que generarán debates, lo que haría que fuera más difícil determinar cuáles son estos crímenes.
El presidente del Consejo de Estado también aseguró que es necesario aprender de los errores y aciertos del pasado, por lo que se debe tener en cuenta la experiencia de la justicia alternativa que hubo en el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con la aprobación de la ley de Justicia y Paz.
Sobre el Consejo de Estado, Rojas aseguró que en la actualidad dicha corte está estudiando casos con hechos relacionados al conflicto, y señaló que dicho organismo hace reparaciones integrales a las víctimas y no simplemente indemnizaciones.
Finalmente, advirtió que la JEP no puede ser un organismo que no esté ligado al sistema de justicia colombiano, ya que con esto, según el magistrado, podría mantener su independencia. Finalmente, dijo que este tipo de justicia tendrá que priorizar la reparación a las víctimas y el castigo a los delincuentes.
Fuente: El Espectador
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