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Mayoría de colombianos piensa que empleados públicos son corruptos

By: Julián Villabona Galarza - @julianvillabona - Mar 20, 2017, 4:13 pm
Colombia es el país en América Latina con mayor desconfianza en los funcionarios
En su mayoría, los colombianos consideran que los funcionarios públicos son corruptos (Wikipedia)

Un estudio basado en encuestas realizado por la Universidad de Los Andes, una de las más prestigiosas de Colombia, reveló que este país es el que más desconfía de sus políticos en todo América Latina. Incluso Colombia le gana a otros países que, según Transparencia Internacional, tienen índices de corrupción más altos que Colombia como Venezuela, México y El Salvador entre otros.

Según dice el estudio de Los Andes, el 59,7 % de los colombianos encuestados ven la corrupción como un problema generalizado en los funcionarios, cifra que está por encima de Venezuela donde es el 52 %, México donde es 46,2 % o El Salvador donde esta cifra a penas llega al 41 %, siendo el país gobernado por Juan Manuel Santos el que menos confía en los empleados estatales.

El estudio también encontró una relación directa entre la percepción de la corrupción y la desconfianza en la democracia, ya que esa desconfianza hacia los funcionarios públicos lleva a que los colombianos crean menos en sus sistema político y participen menos de los mecanismos democráticos que hay en el país. Dentro de quienes creen que los funcionarios son corruptos, únicamente el 46,3% apoya un sistema democrático. En lo que tiene que ver con la confianza en las instituciones, solo el 32 % de quienes afirman que la mayoría de funcionarios son corruptos creen en las organizaciones estatales.

 

Según asegura el politólogo Miguel García, director del Barómetro de las Américas de la Universidad de los Andes, en declaraciones publicadas por Semana, la preocupación por la corrupción se ha aumentado en el último año, hecho que según dicen otros académicos se podría explicar por el escándalo de corrupción del exalcalde Samuel Moreno en Bogotá.

El 76 % de quienes dicen saber mucho de política y estar informados considera que la corrupción está muy generalizada, mientras que quienes dicen no tener conocimientos en este aspecto, solo el 62 % asegura que los funcionarios públicos son corruptos, lo que demuestra la relación entre los escándalos que salen en medios y la percepción de la gente. Sin embargo, esto no se ve necesariamente reflejado en las urnas de votación.

Dado ese desinterés que se genera por la desconfianza en las instituciones, los colombianos se interesan menos en la política, lo que le permite a los políticos corruptos tener menos control a la hora de realizar sus fechorías y además, no reciben un voto castigo, porque gracias a esa corrupción se hacen reelegir nuevamente.

*Se realizaron 1.563 encuestas en 47 municipios del país con un margen de error del 2,5 %.

Fuente: Revista Semana

Julián Villabona Galarza Julián Villabona Galarza

Julián es Profesional en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Award en U.S Politics and International Relations de Georgetown University, Washington D.C. Síguelo en @julianvillabona

Venezuela: dictadura entrega a “delincuentes” panaderías arrebatadas a inmigrantes con décadas de trabajo

By: Sabrina Martín - @SabrinaMartinR - Mar 20, 2017, 4:12 pm
panaderias - venezuela

English Más de 20 panaderías cerradas, 2 ocupadas por el gobierno y 4 detenidos es el saldo que ha dejado la fiscalización implementada por el régimen de Nicolás Maduro a las panificadoras en Caracas. Más de 700 panaderías hay en la capital venezolana; la mayoría de ellas ha sido fruto de trabajo y sacrificio de migrantes que desde hace más de treinta años laboran en Venezuela y han prosperado gracias a la producción del pan. Lea Más: Dictadura venezolana amenaza con “ocupar” panaderías y deja el pan en peligro de extinción Lea Más: Régimen venezolano detiene a panaderos por hacer brownies Sin embargo, el régimen emprendió una fiscalización que no solo ha creado incertidumbre en el sector comercial del país; sino que además ha ocupado al menos dos panaderías y las dejó en manos de chavistas sin experiencia y militares. Emilio Dos Santos, dueño de la panadería Mansion’s Bakery, la cual fue intervenida por el Gobierno, aseguró que el local fue tomado por delincuentes. https://twitter.com/monicacorrales/status/843168530765889536 "Llegaron para cerrar la panadería por 90 días porque supuestamente no había pan, pero sí estábamos vendiendo en ese momento. La seguridad del Estado mandó a cerrar, me sacaron a patadas del local y ahora tienen a unos malandros atendiendo la panadería", indicó. El comerciante, de origen portugués, aseguró que el superintendente nacional de Precios Justos, William Contreras, entró arbitrariamente al comercio y lo amenazó con cerrarlo. Señaló que Contreras no le permitió defenderse ni justificarse durante la intervención: "Me quedé sin trabajo", sentenció. Dos Santos dijo que tenía 25 años trabajando en la panadería: “La gente de los edificios cercanos está conmigo. Lo único que le pedimos al Estado es que le devuelvan todas las panaderías a sus dueños”. “La seguridad del Estado perjudicó a una familia inmigrante que tenía décadas trabajando por el país y también afectó a la comunidad que durante 25 años compraron el pan en este lugar. Esta gente, que no sabemos quién es, está dañando la tradición”, agregó. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1459522593195-0'); });   Y es que a través de las redes sociales se conoció que uno de los nuevos encargados de la panadería es el militante del partido oficialista José Solórzano; quien en 2004 fue capturado en fotografías por tumbar una estatua de Cristobal Colón. https://twitter.com/EnkiVzla/status/843856012515991552 Ser comerciante en Venezuela: un riesgo Las panaderías en el país suramericano no solo deben enfrentar el control de precios, de cambio y el monopolio gubernamental de la importación de materia prima; sino que además están obligadas “les guste o no” a cumplir con tres requisitos: producción continua, regulación de materia prima y verificación de la legalidad de los insumos. En una entrevista para PanAm Post, Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas explicó que gracias a esta amenaza de expropiación y al recrudecimiento de los controles están en riesgo al menos 7.000 empleos en Caracas. Con esta nueva medida el gobierno logrará la extinción del pan en el país caribeño. Maldonado comentó que, al igual que el resto de las empresas que dependen de materia prima importada; lo que ha ocurrido es que el Gobierno ha dejado de importar harina de trigo que en Venezuela no se produce. Se necesitarían más o menos un millón de toneladas al año de harina de trigo para satisfacer las expectativas de pan y otros productos como pasta y galletas. “El gobierno monopolizó la importación de todos los insumos alimenticios y todo lo que monopoliza el gobierno termina siendo una trampa de ineficiencia y corrupción que la paga el consumidor y colapsa las empresas”, señaló. El representante gremial explicó que el problema es que el pan de consumo cotidiano (canilla) está regulado a un precio que no puede compensar los costos de producción; costos que se ven impactados por a veces tener que adquirir la harina a un dolar, que no es el preferencial o en su defecto a revendedores informales. Dijo que en este momento están en cuestionamiento al menos 7.000 empleos vinculados a las 700 panaderías en Caracas porque el gobierno va a obligar a vaciar los inventarios para regalar el pan a un precio que no tiene que ver con la situación económica del país.

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