Debido a la baja confianza de los colombianos en las instituciones políticas, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez propuso hacerle una reforma a la justicia en la que las Altas Cortes que hay en Colombia se combinen y formen una sola, incluyendo el tribunal especial que se creará para juzgar a los integrantes de las FARC.
- Lea más: Líder disidente de FARC Alexander Mojoso se entregó a las autoridades en Colombia
- Lea más: Colombia: Uribe pide a su partido investigar al precandidato Óscar Iván Zuluaga por caso Odebrecht
Sumado a lo anterior, el expresidente considera que los magistrados que lleguen a estas cortes deberán tener una edad mínima, por lo que propuso que fueran de 50 o 55 años, para así estar seguros de que tendrán la madurez para enfrentarse a los retos que supone impartir justicia en el Estado colombiano a pesar de lo desacreditada que está esta rama del poder.
Según dice el exmandatario, lo que busca es que llegar a ser un magistrado de la Corte especial que propone crear sea una de las dignidades más altas que pueda lograr una persona en su carrera profesional, para que su posición como magistrado no se convierta en un trampolín político para una elección política en el futuro.
También propone que el cargo de magistrado de esa nueva corte se convierta en algo vitalicio, con el mismo fin mencionado anteriormente, emulando un poco al sistema nortemaericano en el que los jueces de la Corte Suprema están toda su vida en el cargo, a menos de que decidan renunciar o se les haga un impeachment y es la más alta dignidad dentro de la rama judicial.
Sin embargo, esto en Colombia no es muy común. Habría que remontarse hasta la Constitución Política de 1886, que estuvo vigente hasta el año 1991, para encontrar que los jueces tuvieran su cargo de por vida y además, este hecho sufrió muchos ataques por parte de la opinión pública y de muchos políticos en general.
Finalmente, Uribe acepta que dentro de esa corte sea incluida la Justicia Especial para la Paz (JEP) o justicia transicional que se pretende implementar en Colombia por los acuerdos entre el Gobierno y las FARC, siempre y cuando esta sea modificada para que no se lleve a cabo, lo que él considera, un abuso en contra de las Fuerzas Armadas.
Fuente: El Espectador