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Las irregularidades con las que avanza la implementación del Acuerdo de la Habana debería ser el principal tema de preocupación de los líderes políticos del país que participarán en las elecciones del año 2018. La reciente aparición de un retén ilegal instalado por disidentes de las FARC en el departamento del Caquetá, sumado a los reportes del incremento de reclutamiento por parte de esta guerrilla en el departamento de Guaviare y el abandono masivo de Zonas Verdedales por partes de guerrilleros que buscan unirse a las disidencias y a otras estructuras criminales, son señales de que algo va muy mal con el proceso de paz.
Si continúan tomando fuerza, pronto la palabra “disidencia” designará a los guerrilleros que se acogieron al acuerdo y no a las verdaderas FARC, que continúan activas y creciendo a la velocidad con que, en un descuido, crecieron también los cultivos de coca.
Por el bien del país las lecciones para las próximas negociaciones de paz, como la que se adelanta con el ELN, deben ser aprendidas: por muchos beneficios judiciales y privilegios políticos que se otorguen, existen fuerzas mayores que impulsan la violencia del país y que superan los alcances de un acuerdo.
En términos de disminución de violencia homicida, los resultados obtenidos por los acuerdos de La Habana no son alentadores, más aún si se tiene en cuenta que las FARC contaron siempre con una organización vertical y centralizada, a diferencia del ELN, cuyos frentes independientes son comparados usualmente con una estructura federada. Dicho de otra forma, el riesgo de comprometer nuevamente la institucionalidad del país para obtener un fenómeno de disidencias aún mayores, es latente y no debe ser pasado por alto.
Este fenómeno recuerda a la Hidra de Lerna, el monstruo mitológico que reaparecía con dos cabezas cada vez que le cortaban una. La aparición de las disidencias da la sensación de que aquel acuerdo que acaba con una estructura armada solo logra que aparezcan dos más.
Lo más importante para no repetir estos malos resultados es que este fenómeno complejo sea abordado desde diferentes enfoques. En primer lugar, una respuesta estratégica incluye dar prioridad a las causas económicas que posibilitan la existencia de los grupos armados, antes que fijarse en las causas políticas.
Al respecto, el sociólogo Franz Oppenheimer, en su libro El Estado, diferenció entre los medios políticos y los medios económicos cómo las dos formas en las que los seres humanos acceden a la riqueza. Los medios económicos hacen referencia al trabajo personal de cada individuo, mientras que los medios políticos hacen alusión a la apropiación forzosa del trabajo ajeno.
El Estado, por ejemplo, es una organización que utiliza los medios políticos para existir. Si bien la formación de un poder administrativo central es en realidad una organización de los medios políticos, es necesario que existan recursos económicos que le precedan. Dicho de otra forma, la sociedad debe producir un excedente económico lo suficientemente grande que permita mantener económicamente al monopolio de la violencia.
Este razonamiento explicaría el motivo por el cual no se encuentran Estados entre comunidades de cazadores, recolectores o de agricultura primitiva.
Una tesis similar es manejada por el profesor Paul Collier de la Universidad de Oxford en su texto Greed and Grievance in Civil War. Collier concluye que no es la pobreza o la inequidad la verdadera fuente de la aparición de los grupos armados que ejercen control territorial, sino que el motivo verdadero que explica este tipo de manifestaciones violentas es el acceso y la depredación de ciertos recursos naturales. Por este motivo, afirma Collier, la rentabilidad de los diamantes en Angola, la hoja de coca en Colombia y la madera en Camboya, explican las causas económicas de los conflictos.
Sin el excedente económico que generan estas actividades sería imposible mantener el músculo armado necesario para obtener y defender las fuentes de financiación, rutas de comercio y abastecimiento de los grupos violentos.
El caso colombiano ilustra bastante bien la teoría de Oppenheimer y Collier. En el caso de las FARC, solo es apartir de la Séptima Conferencia de este grupo guerrillero (1982) que deciden involucrarse con el muy lucrativo negocio del narcotráfico, que logra multiplicar el número de hombres en armas de unos 1.600 en 1982 a unos 20.000 en el año 2000. Antes de esta decisión, las FARC fueron un actor marginal y casi irrelevante en la violencia del país, que incluso llegó a considerarse próximo a desaparecer.
El caso del ELN es igualmente esclarecedor. En 1983, en el marco de la Reunión Nacional de Héroes y Mártires de Anorí, esta guerrilla decide incrementar las estructuras existentes y ampliar su presencia en las zonas de alta riqueza minera y de explotación petrolera.
Aunque la presencia de este grupo armado en ciertas regiones antecede el descubrimiento del potencial petrolero de la zona, lo cierto es que la mayor actividad armada del ELN se presenta justamente durante la década del 90 y principios del 2000 a través de los frentes nororiental, noroccidental y norte, que obtuvieron sus finanzas principalmente de la actividad petrolera y minera.
Asimismo, desde mediados de la década pasada se tiene conocimiento de la financiación del negocio de la cocaína que empezó a obtener esta guerrilla a partir de una serie de acuerdos a los que llegó con Wílber Varela, fundador del grupo de narcotraficantes conocido como ‘Los Rastrojos’.
De esta manera, en el mundo del posacuerdo se ve con mayor claridad la forma en que la violencia se incrementa cuando los grupos armados buscan el control territorial sobre los recursos económicos que permiten su mismísima existencia.
Así, al comparar la violencia homicida del primer semestre del 2016 y el primer semestre del 2017 en municipios como Tumaco (Nariño) y Tibú (Norte de Santander) —que agrupan cerca del 48 % del total nacional de hectáreas de coca— se observa un incremento de los homicidios en un 52 % y 58 % respectivamente.
En conclusión, una solución real al problema de las altas tasas de violencia homicida en Colombia incluye generar una política de asignación y defensa a los derechos de propiedad que elimine los incentivos a la depredación por parte de grupos armados ilegales. Igualmente, es necesario estructurar el sistema judicial colombiano para que ofrezca verdaderos desincentivos al delito.
Finalmente, si se quiere ir más allá de la estrategia de cortarle cabezas a la Hidra y esperar cómo se enfrenta a las nuevas dos, es necesario concentrarse en acabar con lo que alimenta a la bestia, la discusión nacional dirigida hacia la despenalización del consumo y producción de todas las drogas que desinfle su rentabilidad artificial debe iniciar cuanto antes.
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