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El Gobierno de Venezuela oficializó el jueves 13 de octubre un decreto que obliga a los productores a vender hasta el 50% de su mercancía a autoridades estatales para que estas las destinen a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), organizaciones populares del chavismo.
Se someterán a esta resolución los sectores agroalimentarios, de higiene personal y aseo del hogar, entre los que estarán «las unidades productivas, sociedades mercantiles, ingenios, factorías, agroindustrias, granjas, plantas productoras, procesadoras, beneficiadoras o mataderos industriales».
Los CLAP forman parte del Sistema Popular de Distribución de Alimentos, creados como estrategia del Gobierno para vender de manera directa (casa por casa) productos regulados y de primera necesidad.
El Gobierno introdujo estas bolsas con productos alimenticios para frenar la supuesta «guerra económica» que alega es la causa de la crisis, con la intención de que llegue a todo el pueblo y evitar las supuestas prácticas asociadas al boicot, la especulación y el acaparamiento.
Sin embargo, varios denuncias han señalado problemas con las bolsas del Gobierno.
Uno de estos problemas es la injusta distribución de los CLAP. Sectores del país de predominio opositor al chavismo ya han denunciado que están siendo excluidos del censo del CLAP.
Asimismo, otras personas denuncian que se le da prioridad a militantes del partido gobernante PSUV y a «sus amigos».
Incluso comunidades que se suponen son oficialistas han mencionado que no sólo hay ocasiones en los que los CLAP no llegan a su destino, si no que los miembros encargados de este método de distribución están aprovechándose de esta herramienta para beneficio propio.
«Hay gente que está traficando con la miseria humana y aprovechan para interés propio las bolsas de comida y dejan a otras familias sin alimentos, los cuales deben ser para toda la población», denunció José Acarigua Rodríguez, el coordinador regional del partido Patria Para Todos (PPT) en Bolívar.
Con este nuevo decreto, el Gobierno regulará aún más el proceso de producción, distribución, y venta de alimentos.
En su primer artículo, el decreto busca «establecer las normas para regular los mecanismos, términos y condiciones de venta a empresas u otros entes públicos, de un determinado porcentaje del total de producción de una empresa pública o privada, o de un sector productivo, a los fines de estabilizar el abastecimiento oportuno a los CLAP».
En el segundo artículo, revela que «las empresas públicas y privadas dedicadas a la producción de insumos o bienes de los sectores agroalimentario, de higiene personal y aseo del hogar, están obligadas a vender hasta 50% de su producción a los entes públicos que indique el responsable del Vértice Construcción y Consolidación de un Nuevo Sistema de Distribución y Comercialización de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano».
El Gobierno se encargará de determinar cuál es la cuota que una empresa está obligada a vender en función a la «necesidad nacional, así como de determinar a que establecimientos se les designará el porcentaje restante como «sujeto obligado a la venta priorizada al Pueblo venezolano»,según indica el texto oficial.
Tanto empresarios como la oposición han manifestado su desacuerdo con la implementación de este decreto y de los CLAP, por considerar que es una medida que solo agrava los problemas de escasez por el desvío de productos que deberían ir a las despensas de los comercios regulares.
Fuentes: El Nacional; El Universal; Crónica.uno; Correo del Orinoco; Efecto Cocuyo.
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