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El próximo martes 8 de noviembre, en Panamá se someterá en consideración una ley que establece sanciones para los medios de comunicación que publiquen imágenes que afecten la integridad de las mujeres.
La Ley 82 de 2013 indica que en caso de comprobar que un medio de comunicación incurre en publicaciones que terminen discriminado o ejerciendo algún tipo de violencia en contra de las mujeres, este podría ser sancionado por el Ministerio de Gobierno con una multa que va desde los 1.000.00 a 3.000.00 Balboas (USD $1.000 a $3.000), dependiendo de la gravedad del delito.
A pesar de que el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información y el Consejo Nacional de Periodismo han manifestado su rechazo sobre la intención del Gobierno Nacional de habilitar esta ley en contra del gremio, esta se someterá ante el Consejo de Gabinete el martes, ya que según el presidente, Juan Carlos Varela, esta norma no tiene la intención de afectar la libertad de prensa.
El Colegio Nacional de Periodistas (Conape) también emitió un comunicado el pasado sábado 5 de noviembre, en el que anunció que se encuentra evaluando la propuesta y que la decisión será anunciada la próxima semana.
Blanca Gómez, presidenta del gremio, recalcó que serán «meticulosos» en la revisión, para evitar que se atente contra los principios que rigen el ejercicio del periodismo en el país.
Por otra parte, el abogado Ernesto Cedeño expresó su inconformidad con esta decisión y dijo que para él «el artículo 70 de la Ley 82 de 2013, que tipifica el feminicidio, al establecer sanciones para los medios de comunicación que publiquen información que pudiera catalogarse de discriminatoria contra las mujeres, tiene visos de inconstitucionalidad».
«Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o cualquier otro medio, sin sugestión a censura previa», afirmó Cedeño.
«¿Qué supremo derecho tiene el comunicador?, el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el difundirlas, por cualquier medio de expresión», manifestó el jurista en alusión al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y al agregar que los gobernantes no deben restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos.
Fuente: La Estrella de Panamá.
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