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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio la orden al presidente Nicolás Maduro de implementar un Estado de Excepción ante la sesión del Consejo Permanente de la OEA en el cual se discutirá la crisis en Venezuela.
La sentencia publicada este martes 28 de marzo por el TSJ «ordena al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que ejerza las acciones que estime pertinentes para salvaguardar el orden constitucional, así como también tomar las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales, que considere necesarias para evitar un Estado de conmoción«.
Asimismo, exhortó al mandatario a que «en el marco del Estado de Excepción vigente; y ante el desacato y omisión de la Asamblea Nacional», revise «diversas leyes (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar , pues pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar), que permitan conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática y aseguren la gobernabilidad del país».
En una entrevista para PanAm Post, Juan Manuel Raffalli, abogado especialista en derecho constitucional, dio un análisis de la nueva sentencia del TSJ,
Para Raffalli, la sentencia «al igual que muchísimas otras, es impresentable», y lo lo que hace es «constituir como otra especie de piedra en esta montaña de adefesios jurídicos para tratar de manipular la constitución a favor del gobierno».
«Esta sentencia, nuevamente revela la rapidez a la que responde la sala constitucional a las peticiones del poder ejecutivo; decidieron en tres días una acción innominada, porque por cierto, no esta prevista en ninguna ley», afirmó.
Para el jurista venezolano, «la decisión anula la resolución de la Asamblea, apoyando la activación de la Carta Democrática interamericana, que por cierto, no es un delito».
«La Carta Democrática es vinculante para la República y la OEA actuando en conformidad con su ordenamiento interno», explicó.
«Mal puede ser un delito, el pretender que se pueda activar un proceso que esta en una ley que es vinculante para Venezuela como es la Carta Democrática», añadió.
Raffalli explicó que «lo que genera preocupación y llama la atención, es la falta de sentido de oportunidad de parte del gobierno».
«¿Cómo tú dictas una sentencia en un día como hoy en donde se reúne el Consejo Permanente en la OEA, que además representa un desconocimiento a la inmunidad parlamentaria de los diputados y que amenaza prácticamente con ponerlos presos?», se preguntó a sí mismo.
«Al final la sentencia no hace sino justificar aún más la posición del secretario general de la OEA», dijo.
En este sentido, Rafalli también mencionó que otro aspecto «grave» de la sentencia, es que «abre las puertas a que se revisen leyes de contenido penal, e incluso, de contenido penal militar, para que los diputados cuya inmunidad parlamentaria se desconoce en la sentencia, sean juzgados por traición a la patria».
El abogado especialista en derecho constitucional aclaró que si bien hay un Estado de Excepción en materia económica, «lo que se menciona es esta sentencia, es la posibilidad de un Estado de Excepción por conmoción interna».
Con esto, lo que pudiera ocurrir, es que Nicolás Maduro, «le haga caso al tribunal y no lo pase por la Asamblea por estar inhabilitada, y que de hecho, se lo mande al TSJ para que este lo apruebe».
Con esto, «el presidente adquiere facultades normativas ya no solo en materia económica sino en lo que crea pertinente, y allí, puede revisar todo el cúmulo de leyes que se menciona en la sentencia y tomar cualquier otra medida que considere necesaria», informó. «Obviamente eso no lo faculta para suspender elecciones porque está totalmente prohibido por la Ley de Estados de Excepción», aclaró.
Maduro podría aprovecharse de dicha situación e «iniciar procedimientos judiciales, acusar gente, pudiera tomar medidas en materia de medios, de libertad de expresión, filtrar noticias, entre otros».
Finalmente Rafilli resaltó que a su juicio, la medida «es una realidad pésima (para el gobierno)», ya que «solo los perjudica a ellos porque termina dándole la razón a todos los países del mundo que están espantados con lo que pasa aquí (en Venezuela)».
El jurista opinó que el gobierno tomó esta medida, debido a que «está nervioso y presionado por la comunidad internacional».
«Por la presión internacional cometen este tipo de estupideces», concluyó.
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