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La pelea al interior del chavismo se agudiza. Tal y como se esperaba, en el marco de una supuesta “cruzada” contra la corrupción, el régimen de Nicolás Maduro detuvo a Diego Salazar Carreño, primo directo del expresidente de la estatal venezolana PDVSA, Rafael Ramírez.
La detención se llevó a cabo tras el allanamiento de las oficinas de Salazar, ubicadas en la avenida Francisco de Miranda de Caracas.
El ilegítimo fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que el exfuncionario venezolano está involucrado en el caso de la unidad financiera de Andorra, tras haber cometido lavado de dinero.
Aunque era de conocimiento público el desfalco que ha sufrido PDVSA en manos del chavismo, es hasta ahora que, aparentemente, se empiezan a tomar acciones.
Causa suspicacia que la detención de Salazar se efectúe, pues su caso se hizo público en el año 2015 luego de que se conociera que PDVSA es investigada por autoridades en Estados Unidos, tras la acusación de convertirse en un instrumento de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico.
Además, también quedan dudas de por qué Salazar no se ocultó de la “justicia” venezolana luego de haberse enterado de todas las detenciones que lo rodeaban.
Asimismo, es importante destacar que la aprehensión surge a pocas horas de conocerse la presunta destitución de Rafael Ramírez, quien se desempeñaba como representante de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas (ONU); esto, tras una disputa interna en el chavismo.
Salazar Carreño es investigado en Estados Unidos por presuntamente exigir pagos de cientos de millones de dólares a empresas extranjeras para que estas lograran concretar contratos con PDVSA.
Según el portal web Poderopedia, Salazar obtuvo un multimillonario contrato de la póliza de seguros y reaseguros de Petróleos de Venezuela y también se le vincula con la compra de la empresa de medios Cadena Capriles en octubre de 2013. Además, el empresario tenía cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), filial del Banco Madrid, calificada como una institución financiera bajo sospechas por lavado de dinero.
Salazar trató, presuntamente, de sobornar, a finales de 2012, a autoridades andorranas para que desbloquearan el dinero de sus cuentas que contenían unos USD $200 millones.
Un informe elaborado por la unidad de delitos financieros de Estados Unidos (FinCEN) informa que la Banca Privada D’Andorra facilitó transferencias por valor de USD $4.200 millones relacionadas con blanqueo de capital venezolano, bajo varios métodos para mover fondos, incluidos contratos falsos, préstamos caracterizados erróneamente, sobre y subfacturación y otros esquemas.
Periodistas y analistas especulan a través de las redes sociales que las recientes detenciones forman parte de una “guerra” entre los funcionarios que fueron protegidos por Hugo Chávez y los que ahora son respaldados por Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.
¿La purga en Pdvsa significa el fin del chavismo y el inicio formal del Madurismo?
— Eugenio G. Martínez (@puzkas) November 30, 2017
Se habla también de que las últimas aprehensiones vinculadas con PDVSA surgieron por órdenes del Alto Mando militar para hacer una “limpieza” en la estatal venezolana y apropiarse de ella. Lo anterior luego de que Maduro nombrara el pasado 26 de noviembre al general de la Guardia Nacional Bolivariana, Manuel Quevedo, como presidente de la compañía.
Todo parece indicar que el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, quien fue el “protegido de Hugo Chávez” y que llevó a PDVSA a la ruina, será uno de los próximos en “caer”.
Sin embargo, surge la pregunta de si volverá a Venezuela en medio de la “guerra contra la corrupción en PDVSA” o se quedará en Estados Unidos corriendo el riesgo de ser detenido tras los innumerables casos de lavado de dinero en los que está sumida PDVSA.
Pero además de Salazar, está Fidel Ramírez Carreño, quien es hermano de Rafael Ramírez y es investigado en Estados Unidos por figurar entre los beneficiarios del envío de millones de dólares a suelo norteamericano con soporte en facturas falsas vinculadas a PDVSA y “empresas fantasma”.
Antecedentes
La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, a través de la Comisión de Contraloría, descubrió una malversación de fondos de USD $11 mil millones entre 2004 y 2014, justamente el período en que se mantuvo Ramírez a la cabeza de la empresa.
El informe de la AN revela que en la empresa se realizaron desde sobornos y sobreprecios, hasta una serie de actuaciones que generaron pérdidas para el patrimonio nacional; entre ellas, la poca transparencia sobre el uso de fondos y la colocación de recursos públicos en paraísos fiscales.
Pero esta misma investigación fue bloqueada en 2016 por el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, cuando con una sentencia admitió la solicitud de nulidad por parte de Rafael Ramírez. Ramírez solicitó al TSJ un amparo contra la investigación y el poder Judicial lo aprobó; el caso fue engabetado por el régimen.
Hay que preguntarse ¿por qué ahora? se “desempolva” y se llevan a cabo las detenciones que debieron realizarse hace años.
