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La canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, anunció que su despacho prepara una respuesta «contundente» a la denuncia presentada ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por el expresidente Rafael Correa.
De acuerdo a la diplomática la respuesta»demostrará que la decisión de convocar a consulta popular estuvo apegada a la Constitución y a las normas creadas para el efecto».
Asimismo, Espinosa resaltó que la denuncia por supuesta ruptura del orden constitucional está basada en una «argumentación realmente pobre» y que «carece de consistencia jurídica y legal».
«Es lamentable que durante 10 años se haya denostado a la OEA, se haya cuestionado el rol del sistema interamericano de derechos humanos y ahora se acuda en una actitud de doble rasero a la OEA pidiéndole una opinión sobre una situación interna del Ecuador», añadió la ministra de relaciones exteriores en concordancia con las declaraciones del presidente Lenín Moreno en que criticó a Correa por acudir al mismo organismo internacional que calificó de «inservible, sesgada, ineficiente, de poco confiable, insalvable, colonialista e inconsistente».
“¿Dónde está la coherencia?, la coherencia con la patria. ¿En dónde la seriedad? ¿En dónde la integridad moral?”, se preguntó el mandatario tildando además de «insólita» la denuncia.
El expresidente Rafael Correa que se ha manifestado siempre en contra de la consulta popular convocada por Moreno, afirma junto a su excanciller Ricardo Patiño, que hubo una «alteración del orden constitucional» al convocar al referéndum y a la consulta popular.
En el informe de 14 páginas Correa solicita que se active la aplicación de la Carta Democrática Interamericana debido a los supuestos atropellos del mandatario ecuatoriano.
“Los actos de poder público debieron mantener conformidad con las normas constitucionales, y debieron por ese motivo, esperar el pronunciamiento de calificación de la Corte Constitucional, caso contrario carecerían de eficacia jurídica, como ha ocurrido finalmente”, señala la denuncia.
Asimismo el texto argumenta que al supuestamente saltarse los debidos procesos, el gobierno evitó “que la Corte Constitucional se pronuncie respecto de la constitucionalidad y coloca a la ciudadanía en situación de indefensión”.
Sin embargo, el mandatario ha opinado que Correa solo busca «lesionar su institucionalidad democrática» del país.
La consulta popular de Moreno, que consta de siete preguntas, afecta directamente el legado del exmandatario, ya que mediante la participación popular el mandatario no solo podría revertir iniciativas de Rafael Correa; sino que además podría evitar que el exmandatario se postule nuevamente a la presidencia para un cuarto mandato.
Asimismo, con las preguntas de la consulta, Moreno también podría lograr inhabilitar en la política del país a todos los funcionarios condenados por corrupción, lo que afectaría directamente al vicepresidente Jorge Glas, una figura fiel del correísmo sentenciada a seis años de prisión por presunta atribución ilícita de permisos ligada a la mega-red de corrupción de Odebrecht.
La consulta ha sido calificada por Correa como la mayor traición a su «revolución ciudadana», por lo que no es de sorprender que en un acto de desesperación, Correa acuda al organismo que tanto criticó durante sus años en el poder, para para evitar que se lleven a cabo las preguntas de Moreno.
Por ahora, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ya anunció que se procedería a realizar un informe técnico-jurídico sobre la situación y tan solo queda esperar como se desarrollarán los eventos.
ExPdte @MashiRafael y @RicardoPatinoEC presentaron denuncias sobre alteración del orden constitucional en #Ecuador y solicitud aplicación CDI @OEA_oficial. Ante ello, Secretaría Gral realizará informe técnico jurídico sobre situación institucionalhttps://t.co/ioygvDKcCD pic.twitter.com/XD6RSghVYv
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) December 15, 2017
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