Dictadura venezolana inhabilita a Primero Justicia, el partido de Borges y Capriles

307
(Twitter)
“Esta decisión imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles”. (Twitter)

El régimen dictatorial venezolano continúa atentando contra la posibilidad de unas elecciones libres en Venezuela al impedir que el partido opositor Primero Justicia (PJ) culmine su proceso de legalización, cancelándolo como organización política.

De acuerdo con los medios locales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) impidió que la formación fuese revalidada al denegar la posibilidad de que realizara los reparos para conseguir las firmas necesarias; esto pese a que el mismo organismo electoral ya había previsto este fin de semana (3 y 4 de febrero) para que los partidos políticos reunieran las firmas y así validar sus personerías jurídicas como fuerzas políticas nacionales.

PJ, en el que milita el expresidente del Parlamento Julio Borges y el exgobernador del Estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, denunció que con esta decisión se está violando la Constitución y el propio reglamento del CNE.

“¿Cómo es que la rectora (del CNE) Tania D’amelio se contradice con esta decisión inconstitucional a lo que pensaba en el 2017 y que claramente establece el reglamento para la validación de los partidos políticos?”, se preguntó el partido, añadiendo tuits pasados, donde la rectora hablaba de la reparación empleando argumentos legales.

En menos de dos meses ya se han cancelado cuatro importantes partidos políticos opositores: Primero Justicia, Voluntad Popular, Puente y la Mesa de la Unidad Democrática, este último el más votado de la historia electoral en Venezuela, según el periodista especializado en temas electorales Eugenio Martínez.

Hasta ahora solo Acción Democrática (AD) logró recopilar las rúbricas requeridas y su líder, Henry Ramos Allup, ya manifestó sus intenciones de postularse para las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo durante este primer cuatrimestre del año.

Un importante sector de la oposición ya ha rechazado este proceso electoral y ha pedido no participar en él por considerarlo turbio e injusto. Además, será un proceso electoral adelantado liderado con el mismo CNE parcializado que ya ha sido acusado,  en varias ocasiones, de cometer fraude electoral.

“Esta decisión imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, conforme a estándares internacionales, y contradice los principios democráticos y de buena fe para el diálogo entre el gobierno y la oposición”, manifestó el Grupo de Lima, integrado por 14 gobiernos de América Latina y el Caribe.

El propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, dejó claro que, a su juicio, ir a elecciones no debe ser una opción para la oposición venezolana.

“Está muy claro que cualquier fuerza política que acepta ir a una elección sin garantías se transforma en instrumento esencial del eventual fraude, y demuestra que no tiene reflejos democráticos como para proteger los derechos de la gente. En este caso, el voto […] Solamente podemos esperar resultados como estos —fraude y violación a los Derechos Humanos— si la estrategia y acción política se alejan de los principios democráticos y se conforman con acuerdos fáciles y circunstanciales”.

Por su parte, y como era de esperarse, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ya proclamó a Nicolás Maduro como el candidato a las elecciones y dejó claro que el país celebrará elecciones “con o sin” oposición local, dejando una vez más en evidencia la poca o nula voluntad de realizar elecciones libres y transparentes. De hecho, Maduro ha dejado claro que estos comicios serán una especie de castigo para la oposición.

“A más sanciones, más elecciones para Venezuela”, comentó Maduro en un mensaje en su perfil de Facebook, lo que parece ser  una amenaza y generando suspicacia de sus verdaderas intenciones.

Un artículo de El Nacional explica que este proceso es precisamente lo que le conviene al Gobierno, ya que el régimen se aprovecha del “desánimo que cunde entre las filas de la oposición” y de su división.

“Las perspectivas económicas son muy malas. El país entró en un proceso de deterioro muy agresivo de todos los indicadores que, además, van a empeorar. Mientras más tarde se hagan las elecciones más difícil lo va a tener el gobierno”, dijo Carmen Beatriz Fernández, directora de la Fundación Justicia y Democracia.

Comentarios