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El pasado domingo 6 de mayo, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega, juramentó a los miembros de la nueva «Comisión de la Verdad» supuestamente encargada de investigar las muertes registradas en el marco de la ola de protestas antigubernamentales; pero la oposición pide deslegitimarla hasta que no cuente con la participación internacional.
La comisión integrada por cinco miembros del Parlamento tendrá un plazo de tres meses para dar respuestas sobre la muerte de unas 45 personas ( según cifras oficiales); sin embargo, el cuerpo de investigación ya es cuestionado tanto por la oposición como por organismos de derechos humanos.
A pesar de que el oficialista presidente del Parlamento, Gustavo Porras, asevera que la comisión está conformada por «nicaragüenses de diferentes sectores»; tanto la iglesia católica, como defensores de derechos humanos e incluso empresarios resaltan que la conformación de la misma fue creada exclusivamente por diputados oficialistas y señalan que todos los miembros son allegados al Gobierno.
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Los movimientos estudiantiles, junto a otros sectores de la sociedad civil explicaron que solo piden una investigación imparcial y que mientras la delegación no garantice una justa observación contra los verdaderos responsables de los 400 heridos y más de 40 fallecidos durante las protestas, la misma no debe ser legitimada.
«No aceptamos que los asesinos se investiguen a sí mismos», manifestó la coalición de estudiantes que se denomina Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ)
Ante esto, la coalición dio al Gobierno un plazo de cuatro días para que invite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y a los relatores de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a formar parte de la «Comisión de la Verdad», petición que es apoyada por la misma CIDH.
La Comisión de la Verdad que se establezca en Nicaragua debe contar con la credibilidad de todos los sectores y debe ser independiente y autónoma https://t.co/9IeoT4NhHn
— CIDH – IACHR (@CIDH) May 4, 2018
El problema está en que el gobierno autoritario de Daniel Ortega, rechaza la visita de la CIDH alegando que primero se debe esperar «los procesos internos» que ha creado el Parlamento.
Sin embargo, la CIDH sigue tratando de ingresar al país «a fin de verificar los hechos acontecidos en la represión de protestas y las medidas adoptadas posteriormente».
Cabe recordar que las protestas iniciaron el pasado 18 de abril, y aunque en principio eran solo manifestaciones estudiantiles en contra de reformas del Seguro Social, que incrementaba la cuota patronal y laboral y creaba, además, una nueva cotización para jubilados; se convirtieron en protestas masivas que se han extendido todo el país por la violencia que ha implementado las fuerzas del régimen .
De acuerdo con The New York Times la cifra de fallecidos en el marco de las protestas ha convertido al conflicto en el «más mortífero desde 1990, cuando concluyeron casi tres décadas de guerra»; y esto, basandose en la cifra oficial de fallecidos, ya que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), junto a otras organizaciones humanitarias han contabilizado más de 60.
«Comisión de la Verdad», otra táctica copiada del régimen dictatorial venezolano
El régimen de Daniel Ortega ya ha demostrado seguir la misma línea gubernamental de Nicolás Maduro, no solo por sus discursos populistas, sino también por sus acciones autoritarias y las descaradas violacios a los derechos humanos.
La llamada Comisión de la Verdad no es más que otra de las tácticas copiadas del régimen venezolano para tratar de desprenderse de los crímenes cometidos por sus gobiernos.
El pasado año (2017) cuando Venezuela se encontraba bajo una situación similar de protestas gubernamentales y constantes represiones por parte de las fuerzas del Estado, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), conformada solo por el oficialismo venezolano, creó una «Comisión de la Verdad» para encontrar a los supuestos responsables de los hechos de violencia ocurridos durante las manifestaciones.
Como era de esperarse, la Comisión nunca responsabilizó al Gobierno por la excesiva represión por parte de los cuerpos de seguridad controlados por el Estado, sino que convenientemente se responsabilizó a líderes opositores, aumentando la persecución política y dejando de lado la justicia para los caídos.
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