Una vez realizada la propuesta general para la realización de un plebiscito sobre Nicolás Maduro a efectos de definir su permanencia en el poder en Venezuela, nos hemos enfrentado a una lluvia de inquietudes, muchas de ellas descalificantes, acerca de la pertinencia o no de un instrumento como ese versus al planteamiento electoral que en la actualidad negocia con el régimen la oposición oficial de la Asamblea Nacional. Y es razonable que la gente se pregunte por qué nace esa propuesta en contraposición a otras que ya habíamos realizado, favoreciendo la intervención humanitaria en Venezuela por la vía de la Responsabilidad de Proteger (R2P), e incluso la aprobación del artículo 187, numeral 11 constitucional. En realidad la propuesta plebiscitaria no excluye esos escenarios. Veamos porqué.
En Venezuela hemos llegado a un punto de no retorno de posiciones irreconciliables con el régimen y su oposición oficial. De hecho, no existen puntos de convergencia que hagan que nos convenzan de aceptar el régimen de Maduro de ninguna manera posible. Ha habido demasiada muerte, persecución y destrucción de nuestro país para que el venezolano promedio avale otra cosa que no sea la expulsión de quienes nos han hecho tanto daño.
Por otro lado, quienes debieron seguir por una ruta que suponía la expulsión de la tiranía primero, para proseguir con un gobierno de transición y unas elecciones libres después, decidieron (sin consultarnos) que negociarían con el régimen para “cesar la usurpación”. De allí que la maquinaria comunicacional de la oposición oficial se esté aprestando con sus anclas periodísticas conocidas para comenzar una campaña que intentará convencernos de que si vamos a elecciones con el régimen los “arrasaremos”. ¿Les parece conocido ese discurso?
El discurso electoral está fuertemente respaldado por importantes factores de toda la batería socialista europea y quienes en Latinoamérica aún creen que lo que sucede en Venezuela es solo un problema de orden político y no criminal. Si a esto le sumamos que los intentos fallidos del 23 de febrero y el 30 de abril le han restado una importante credibilidad internacional (léase Estados Unidos) al gobierno interino de Juan Guaidó, a este no le quedaría otra alternativa que plegarse a una negociación con un régimen que desea elecciones y una comunidad internacional que no ve otra manera de hacer que en Venezuela las aguas vuelvan a su cauce.
El único problema aquí es cómo se hace para convencer a un país entero (que aún espera el “cese de la usurpación” prometido) de que ahora se cocinan brebajes para transformarlo en un “cese de la usurpación por elecciones”.
Si el problema fundamental del país es un régimen de corte castrocomunista que ha pretendido en 20 años someter a su población utilizando los inmensos recursos de la nación, arruinando y destruyendo todo a su paso, y todavía no ha logrado someterla completamente a pesar del éxodo y la crisis humanitaria, ¿de qué manera cabría pensar que nos podemos deshacer de la tiranía por la vía de negociar “espacios de convivencia” a través de mecanismos electorales que solo funcionan cuando existe democracia? En otras palabras, la solución electoral es un completo contrasentido cuando se realiza con quienes no creen en esa vía salvo cuando son ellos quienes cuentan los votos utilizando un sistema construido para favorecerlos. Es por eso que algunos creemos que la salida definitiva pasa por una solución de fuerza, pero para cual no tenemos la aprobación de la comunidad internacional en su conjunto.
Nos encontramos entonces atascados en la creencia de que solo nos queda la vía electoral para resolver el problema. Y esa solución, lejos de resolverlo, lo agrava. Es como ponerle un parche a un gran tanque de gasolina que gotea porque está oxidado y si no se le pone remedio a la causa estructural del derrame, en algún momento y por alguna razón, saltará el chispazo que lo hará explotar más temprano que tarde. Es por eso que hay que ir a resolver la causa estructural del problema, ya que el régimen ha distorsionado y destruido absolutamente toda la institucionalidad del país. Esto es, recurrir a la fuente donde nacen las instituciones, que no es otra cosa que la soberanía popular.
La comunidad internacional reconoce sin duda alguna que en Venezuela hay que recurrir a la soberanía popular para resolver nuestras diferencias. De allí que su instrumento sea el electoral. Sin embargo, un plebiscito es también un mecanismo electoral pero que pone en manos del pueblo una decisión trascendental. Y ese es precisamente nuestro caso, en Venezuela, pero con una diferencia: con unas elecciones toleramos la existencia del régimen, con un plebiscito no. ¿Y por qué no? Porque de lo que se trata precisamente es de someter a la consideración de la soberanía popular la decisión acerca de la existencia misma de ese régimen, con todo lo que ello implica. ¿Se dan cuenta de la diferencia?
Pero, ¿cómo llevar al régimen a ese juicio de la soberanía del pueblo? No será fácil de ninguna manera. Es claro que no deseará contarse con los mecanismos abiertos de la comunidad internacional, a sabiendas que el pueblo no lo quiere. Es allí donde la presión de todos los países debe comenzar a funcionar. Los países que nos respaldan deben ser los primeros convencidos de esta solución. Podrían, por ejemplo, continuar con las mismas (o nuevas y peores) sanciones hasta que el régimen acepte un plebiscito.
La diferencia con el estado actual de las cosas es que habría entonces un lugar adonde llegar con esas presiones y sanciones: a que el régimen acepte contarse en un plebiscito. Este se haría con la colaboración de la sociedad civil y sin la intervención del CNE, por no ser este instrumento de su competencia constitucional (artículo 70), por lo que su realización resultaría más ágil e inmediata que una elección, y contando siempre con el apoyo y supervisión de organismos internacionales (OEA y UE). Dependiendo de la presión que se ejerza de afuera hacia adentro, y desde las mismas entrañas del país, el régimen comenzará a solicitar “negociar” los términos de su sometimiento a la voluntad del pueblo. Es esta la única negociación posible con ellos: la de los términos de su salida.
Pero, ¿cómo se haría para que el régimen cumpla con el resultado de ese plebiscito? Esa pregunta va de la mano con la aceptación del instrumento: de no cumplir el mandato popular emanado de las urnas, las puertas quedan abiertas para una intervención humanitaria que haga cumplir la decisión del soberano, no teniendo la comunidad internacional manera alguna de evitar la Responsabilidad de Proteger a Venezuela de acuerdo a los términos concebidos en la Asamblea General de la ONU del año 2005. Para lograrlo de la manera mas expedita y con la colaboración del único poder legítimo en Venezuela, la Asamblea Nacional no tendría más excusas para negarse a aprobar la presencia de fuerzas extranjeras dentro del país para apoyar lo decidido por el pueblo en las urnas, a través de su atribución establecida en la Constitución en el artículo 187, numeral 11.
Como verán, un plebiscito es una solución expedita versus las negociaciones encubiertas de la oposición con el régimen para asegurar su permanencia en las estructuras de poder por la vía electoral. Le daría continuidad a la promesa hecha a los venezolanos el 23 de enero de terminar inmediatamente con la usurpación y continuar en la vía de la conformación definitiva de un gobierno de transición que nos lleve a elecciones libres, sin el régimen o alguna de sus estructuras. Y demuestra que sí es posible un próximo gobierno sin cohabitar con Maduro, como nos ha pretendido vender como obligante la oposición oficial. Es una solución que le planteamos a Venezuela y al mundo para abandonar el limbo en que nos encontramos, que profundiza y alarga la muerte y la desesperanza del pueblo venezolano.