Políticas comunistas buscan poner fin a la presunción de inocencia en Chile

"Encargadas de género", concejalas y diputadas comunistas chilenas presentan proyecto de ley para invertir la carga de las pruebas a los acusados de violación, y que sean estos los que presenten pruebas de su inocencia.

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(Fotomontaje PanAm Post)

En medio de las campañas mediáticas como #MeToo en EE. UU. y el rechazo al veredicto contra “La Manada” en España, donde activistas han tomado desde las calles hasta las mayores premiaciones de cine internacional para visibilizar denuncias de abuso sexual, Chile se suma a la ola con diputadas del Partido Comunista (PC) exigiendo una reforma en el artículo 361 del Código Penal para que el delito de violación incluya una cláusula de consentimiento para que sea el acusado quien demuestre ser inocente y no la acusada de a quien se acusa es el culpable. Es decir, pretenden poner fin a la presunción de inocencia y del principio penal según el cual la parte acusadora corre con la carga de las pruebas.

De acuerdo con el sistema de justicia existente, para tener un juicio justo, que no prejuzga, un tribunal considera que se es inocente hasta demostrar lo contrario. Hasta que no se emita una sentencia indicando culpabilidad, el acusado es inocente.

Ahora, las diputadas comunistas Karol Cariola, Camila Vallejo y Carmen Hertz, en coalición con las encargadas de género del PC y de las Juventudes Comunistas, las concejalas Natalia Cuevas e Irací Hassler, proponen no solo cambiar un artículo del código penal, sino sacudir los cimientos de la base misma de la justicia, que es la presunción de inocencia.

Según reporta El Siglo de Chile, el proyecto de ley es “un llamado para que la legislación chilena pueda ponerse en el marco de los derechos de las mujeres y su capacidad de decidir y tener un marco que le permita establecer el consentimiento”.

Es decir, en lugar de apelar a la igualdad, como alega el feminismo, pretenden dar un trato desigual ante la ley y no considerar a la mujer como individuo, sino como acreedora de derechos colectivos.

“Con esta nueva definición, la carga de la prueba se cambia. En este caso el victimario tiene que probar que no cometió la violación. Actualmente es la víctima la que lo tiene que probar. El caso es que la mujer en esta actual definición arcaica en el Código Penal, es considerada un objeto sexual”, dijo la diputada Hertz, a quien se recuerda por haber acusado al diputado y candidato presidencial chileno José Antonio Kast de incitación a la violencia, cuando en realidad su pareja hizo un llamado a silenciar a Kast y reprimirlo a “a palos si es necesario”.

El mismo medio citó a la encargada de Mujeres y Género de las Juventudes, quien dijo que “este proyecto se hace cargo, especialmente (no específicamente, N. del. R.) en las mayores de 14 y menores de 18, en que sean ellas quienes tengan que consentir un acto sexual y por tanto, que la prueba quede en los victimarios que deben probar que esas mujeres consintieron el acto sexual”.

Asimismo, citó a la encargada de Mujeres y Género del PC, quien dijo que “nuestra legislación actualmente no está protegiendo del todo a la mujer como sujeta de derechos, ni como alguien que pueda vivir libre de violencia. Establecer el consentimiento es una garantía de derechos humanos que nuestro país debe respetar”.

Hasta ahora, el Código Penal, Artículo 361, establece que:

“La violación será castigada con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio. Comete violación el que accede carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una  persona mayor de catorce años, en alguno de los casos siguientes:

1º Cuando se usa de fuerza o intimidación.

2º Cuando la víctima se halla privada de sentido, o cuando se aprovecha su incapacidad para oponerse.

3º Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima”.

Ya en redes sociales han surgido, en parte como sátira de la medida propuesta y en parte como estrategia preventiva, formularios de consentimiento donde la mujer autoriza al varón proceder con el acto sexual para luego ser redimidos frente a acusaciones penales.

Los formularios satíricos oscilan desde ofertas con preservativos hasta consentimiento a cada parte del acto sexual. (Twitter)

En caso de que este formulario broma llegara a ser tomado en serio por quienes quieren eliminar la presunción de inocencia, ¿un violador no podría conseguirse una firma también a la fuerza?

El PC de Chile muestra cómo el feminismo ha sido (basta con estudiar cómo el movimiento promovió la prohibición del alcohol en la década de los años 20) y es un instrumento para que el Estado tenga una influencia cada vez más presente en la vida de cada individuo, y, si logran su cometido, hasta en la vida sexual de cada persona. Pues llevan su ataque a la propiedad privada hasta lo más íntimo.

A través de redes sociales, la diputada Vallejo indica que “debemos luchar por un sistema en el que nadie se quede afuera”. Sin embargo, promueve una medida contra una parte de la sociedad y a favor de otra, donde trata a la mujer no como una ciudadana responsable de sus actos, sino como un ser vulnerable que debe ser protegido por el Estado, mientras que a los hombres les niega la base misma de la justicia que es la presunción de inocencia.

Si, por el contrario, la medida se tratase de forjar una sociedad donde el consentimiento es clave, no reduciría a la mujer como víctima institucionalizada sino como parte igual en un intercambio. Se respetaría la primera propiedad privada, el cuerpo, se trataría a cada individuo con igualdad ante la ley, como persona. No como pretenden las diputadas, que están socializando el cuerpo para sus causas que llevan la división de la lucha de clases del comunismo a la guerra entre sexos, donde el uno es oprimido y el otro opresor, de modo que el varón es culpable hasta demostrar lo contrario y la mujer incuestionable.

A un crimen que atenta contra lo más privado pretenden enmendarlo con más injusticia. Pasando por alto que toda denuncia requiere pruebas. Por ello, para lograr una sociedad equitativa se requiere trato igualitario, no preferencial ni perjudicial. Así como proteger a las víctimas exige un sistema de justicia imparcial, no sesgado.

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